El Departamento de Estado de Estados Unidos ha restado valor al paquete de 176 transformaciones económicas presentado por el régimen de La Habana, calificando las medidas como intentos tardíos e insuficientes que buscan proyectar una falsa apertura sin ceder el control político absoluto.
Un portavoz de la diplomacia estadounidense indicó a la prensa que estas modificaciones graduales constituyen \»señales de humo superficiales\» que no abordan los problemas de fondo que mantienen a la isla sumida en la crisis. Para Washington, el anuncio responde a una práctica habitual de la dictadura cubana: crear la ilusión de un compromiso con el cambio para apaciguar las presiones internacionales y la insatisfacción interna, para luego revertir las políticas en cuanto se percibe una amenaza al monopolio del poder.
Las declaraciones de la administración estadounidense llegaron tras la exposición del primer ministro, Manuel Marrero Cruz, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde detalló un programa que, en teoría, abriría espacio a mecanismos de mercado. El ejecutivo cubano propuso permitir la venta de activos estatales, la compra de acciones de empresas públicas por parte de ciudadanos y la transformación de entidades estatales en sociedades mercantiles. Además, se contempla ampliar las facultades de las mipymes, eliminar el límite de 100 trabajadores para el sector privado y autorizar la apertura de cuentas bancarias en el exterior, así como la participación de inversionistas extranjeros y cubanos residentes fuera del país.
El colapso sistémico y la falta de libertades como barreras reales
Aunque estas propuestas podrían sugerir un giro hacia la liberalización económica, la realidad de la isla exige transformaciones mucho más profundas que la simple flexibilización burocrática. La economía nacional atraviesa un colapso estructural marcado por una hiperinflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicamentos, y un éxodo migratorio sin precedentes. A esta debacle económica se suma la constante represión social y la censura ejercida por la dictadura cubana contra cualquier intento de organización civil, factores que ahuyentan la confianza de los inversionistas y ahogan las oportunidades de desarrollo para la población.
Las autoridades de la isla han defendido el paquete asegurando que no implica una renuncia al socialismo, sino una mera actualización del modelo. Sin embargo, la comunidad internacional y el gobierno estadounidense coinciden en que, sin reformas políticas que garanticen libertades democráticas, derechos de propiedad reales y un estado de derecho, los anuncios económicos quedarán en el papel. La verdadera prueba para el régimen será si está dispuesto a permitir un sector privado próspero y autónomo, o si estas medidas son simplemente un parche temporal para aliviar la presión social sin desmantelar el aparato de control que sostiene al sistema.
