El Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó este jueves la recompensa por información que conduzca al arresto o condena de Nicolás Maduro hasta los 50 millones de dólares, tras acusarlo formalmente de liderar el Cártel de los Soles y vincularlo con actividades de narcotráfico y terrorismo, en un endurecimiento de la política exterior que también envía una señal directa a los aliados del régimen venezolano, incluida La Habana.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en una declaración oficial que Maduro ha sido, durante más de una década, responsable del tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. El anuncio se enmarca en el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) y se apoya en la negativa de Washington de reconocer los resultados de los comicios del 28 de julio de 2024, en los que el régimen venezolano afirmó haber ganado sin presentar evidencia alguna. \»Estados Unidos se ha negado a reconocerlo como presidente de Venezuela\», señala el comunicado del Departamento de Estado.
El Cártel de los Soles fue designado el pasado 25 de julio como \»terrorista global especialmente designado\» (SDGT) por el Departamento del Tesoro, una calificación que permite emplear medidas legales y financieras más agresivas contra sus integrantes y aliados. Esta designación amplía significativamente las herramientas disponibles para el gobierno estadounidense, incluyendo el uso de inteligencia, fuerzas del Departamento de Defensa y otras agencias federales para combatir a estas redes criminales transnacionales.
Régimen de Maduro calificado como \»empresa criminal\»
Pocas horas antes del anuncio oficial, Rubio abordó el tema en una entrevista con el canal católico EWTN, donde explicó que la Administración Trump ha comenzado a tratar a ciertos cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas y ubicó al régimen venezolano en el centro de esa red criminal. \»El régimen de Maduro en Venezuela no es un gobierno legítimo; es una empresa criminal\», afirmó el secretario de Estado, quien además señaló que estas organizaciones se extienden desde Venezuela hasta México, Ecuador, Guatemala y las pandillas conocidas como TDA.
Según Rubio, desde febrero el Departamento de Estado ha designado a seis cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, lo que ha expandido las capacidades legales del gobierno estadounidense para actuar contra ellos. El funcionario advirtió que estos grupos no solo trafican drogas, sino que también están involucrados en tráfico de personas y otras formas de crimen transnacional, con cooperación incipiente entre ellos y organizaciones terroristas internacionales. \»No podemos seguir tratando a esta gente como pandillas locales\», subrayó. \»Tienen armamento que en algunos casos se asemeja al de los ejércitos. Controlan territorio. Es un asunto de seguridad nacional\».
Implicaciones para el régimen cubano
La ofensiva de Washington contra Maduro tiene lecturas directas para el régimen cubano, histórico aliado y sostén político, militar e inteligencia del chavismo en la región. La Habana ha dependido durante décadas del flujo de petróleo venezolano a cambio de servicios médicos y de seguridad, un vínculo que ha mantenido a flote la economía de la isla pese al colapso productivo interno. Cualquier desmantelamiento o debilitamiento del aparato de poder en Caracas representaría un golpe estratégico para las autoridades cubanas, que ya enfrentan una crisis económica sin precedentes, inflación galopante, desabastecimiento crítico y un éxodo migratorio masivo.
El Departamento de Estado recordó que cualquier persona con información sobre Maduro puede comunicarse con la DEA por teléfono, WhatsApp, Signal, Telegram o correo electrónico, así como acudir a embajadas o consulados estadounidenses en el extranjero. \»Todas las identidades se mantienen estrictamente confidenciales\», aseguró el comunicado. La medida, una de las recompensas más altas ofrecidas en el marco del programa, forma parte de las prioridades de la política \»América Primero\» del presidente Donald Trump y refuerza el mensaje de que las redes criminales transnacionales que operan bajo el amparo de regímenes autoritarios serán tratadas como amenazas a la seguridad nacional, no como simples organizaciones de narcotráfico.
