La proliferación de fraudes electrónicos, usurpaciones de identidad y timos en el mercado informal en toda Cuba refleja un país al borde del abismo, donde la desesperación económica de la población choca con la total indefensión legal y la ineficacia de las instituciones estatales para proteger a los ciudadanos. Ante la imposibilidad de acceder a bienes y servicios por vías formales, los cubanos se ven obligados a operar en la clandestinidad, convirtiéndose en presa fácil para redes de estafadores que actúan con total impunidad.
Desde hace varios meses, las redes sociales cubanas se han inundado de anuncios que prometen una salida milagrosa a la crisis: supuestas ofertas laborales que garantizan ingresos en moneda fuerte desde la isla, sin necesidad de inversiones previas, mediante la gestoría de cambio de monedas a domicilio. El enganche es directo y apunta a los sectores más vulnerables, como los jóvenes sin oportunidades laborales reales. Es el caso de Kevin, un ayudante de albañil de Santa Clara con nivel de duodécimo grado, quien fue contactado por un supuesto representante de una empresa identificado como «Daniel». La oferta prometía un salario equivalente al 10 por ciento de las ganancias, es decir, 100 MLC por cada 1.000 canjeados.
El modus operandi de estos delincuentes explota las vulnerabilidades de la bancarización impuesta por el gobierno cubano. Para «formalizar» el ingreso a la ficticia empresa, los estafadores solicitan datos sensibles: números de cuenta, carné de identidad y una fotografía de la tarjeta matriz por ambas caras. Con esta información, los timadores acceden a plataformas de pago estatal como Transfermóvil, utilizando los cuatro dígitos del código de seguridad para vaciar las cuentas de las víctimas. Kevin descubrió el fraude cuando su escaso saldo desapareció. Al intentar contactar a los estafadores, el número de teléfono ya estaba apagado, una práctica común entre estas redes que utilizan líneas desechables.
La impunidad bancaria y el lavado de manos del Estado
La respuesta de las instituciones financieras ante estos delitos ha sido de una frialdad institucional que deja desprotegidos a los usuarios. Al acudir a sucursales del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) o el Banco Popular de Ahorro (BPA), los afectados se topan con un muro burocrático. Las entidades se escudan en que «no están autorizadas a brindar información de terceros» y argumentan que, ante un estado de cuenta que muestra una transferencia realizada, es imposible determinar si el cliente fue coaccionado o estafado, o si la operación fue voluntaria. Esta postura exime de responsabilidad a la banca estatal, única existente en la isla, a pesar de las fallas de seguridad en sus propias plataformas.
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El régimen de La Habana ha reconocido de forma tangencial la existencia de estos problemas. En marzo pasado, el BPA de Villa Clara emitió una alerta sobre un estafador que suplantaba a técnicos de Transfermóvil y EnZona. Sin embargo, las autoridades de la isla admitieron su incapacidad para capturarlo, ya que el delincuente eliminaba su usuario cada vez que era denunciado, evidenciando la falta de capacidad tecnológica y operativa del Estado para perseguir el ciberdelito. Los medios oficiales han repetido hasta el cansancio que, si una persona transfiere voluntariamente su dinero, el banco no es responsable, trasladando toda la carga de la inseguridad al ciudadano.
Usurpación de identidad y el mercado negro de divisas
Otro de los fraudes que ha cobrado auge es la usurpación de perfiles en redes sociales, principalmente Facebook. Los delincuentes estudian minuciosamente las cuentas de sus víctimas y sus contactos, clonan el perfil de un familiar o amigo cercano y alegan haber llegado «de sorpresa» a Cuba. La urgencia es la clave: solicitan una suma de divisas para alquilar un automóvil en el aeropuerto, dinero que debe ser transferido a la tarjeta de un supuesto chofer cómplice. La confianza familiar y la premura del supuesto reencuentro facilitan que la víctima envíe el dinero sin verificar a fondo.
Las estafas en el cambio de moneda son quizás las más extendidas y las que más revelan la hipocresía del sistema legal cubano. Liliana, residente en el reparto Camacho de Santa Clara, intentó vender 100 dólares exigiendo trato presencial. Los compradores se presentaron con apariencia formal y entregaron la mitad en efectivo, mientras que el resto prometieron pasarlo por transferencia. Mediante distracción y el envío de un mensaje de texto falso imitando la confirmación de «Pago X Móvil» de Cubacel, lograron marcharse con los billetes sin haber realizado la transacción electrónica.
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El aspecto más perverso de este tipo de fraude es que las víctimas no pueden acudir a la Policía. Al estar prohibido y penalizado el tráfico ilegal de divisas en Cuba, denunciar la estafa equivale a una autoincriminación. Como señalaron medios locales como Escambray, se trata de una «compraventa de divisa de naturaleza ilícita» que no genera responsabilidad civil ni es resarcible en la vía judicial. El damnificado termina perdiendo su dinero y, si intenta buscar justicia, se arriesga a recibir una multa por parte del Estado. Esta trampa legal fomenta la impunidad absoluta de los estafadores, quienes conocen perfectamente los límites del sistema.
Timos tradicionales y productos adulterados en el mercado informal
El desabastecimiento crónico también ha provocado el resurgimiento de estafas tradicionales en las calles, como el robo de joyas y oro. En Guantánamo, dos mujeres fueron embaucadas con la clásica «estafa de la sortija», entregando sus cadenas a cambio de piezas de metal falso. En Villa Clara, Erideli Herrera denunció que dos individuos que se hacían pasar por compradores y reparadores de alhajas usaron un truco químico para devaluar sus prendas. Al tocar la cadena con mercurio, el oro se puso blanco, y los estafadores lo utilizaron como pretexto para afirmar que estaba «podrida» o «contaminada», comprándola a precio de ganga.
Asimismo, la imposibilidad de adquirir artículos de primera necesidad en tiendas estatales empuja a la población a un mercado informal plagado de productos adulterados. Un residente reportó haber comprado una batería de litio rellena de cemento, un fraude que denunció a la Policía en 2023 sin que hasta la fecha se haya tomado acción alguna. Ana María Domínguez, del reparto Condado en Santa Clara, sufrió una pérdida similar al comprar un colchón de «fábrica» como regalo del Día de las Madres. Tras ser entregado de madrugada para evitar su revisión, la familia descubrió que el interior estaba relleno de paja de arroz y hojas de plátano, cubierto apenas por una fina capa de esponja. Otros usuarios en Facebook han reportado pérdidas de hasta 30.000 pesos por ventas itinerantes de muebles falsificados.
Contexto sistemico: La crisis estructural como caldo de cultivo
El estallido de estas modalidades de fraude no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La inflación galopante, la depreciación del salario real y la casi nula oferta de empleo digno empujan a millones de cubanos a buscar alternativas de supervivencia en la informalidad. Cuando un joven como Kevin, dispuesto a trabajar como albañil, ve la posibilidad de ganar el equivalente a varios meses de salario en una sola transacción de cambio de moneda, la necesidad nubla la cautela. El gobierno cubano ha fracasado en su promesa de reactivar la economía, dejando a su población en un estado de precariedad que los delincuentes explotan hábilmente.
Además, la forzada bancarización promovida por el ejecutivo cubano se ha demostrado como un fracaso técnico y de seguridad. Plataformas como Transfermóvil y EnZona fueron diseñadas para controlar las finanzas ciudadanas y recaudar divisas, pero carecen de los protocolos de ciberseguridad mínimos exigibles. La policía cubana, enfocada prioritariamente en la represión política y el control social, demuestra una ineficacia absoluta en la persecución de la delincuencia económica común. Las víctimas se encuentran atrapadas entre la criminalidad de los estafadores y la indolencia burocrática de las instituciones estatales.
Historicamente, el mercado negro en Cuba ha sido un mal necesario desde la época del Periodo Especial. Sin embargo, la actual crisis, agravada por el errático manejo de la economía, el exodo migratorio masivo que ha vaciado al país de su fuerza laboral y la dependencia de las remesas, ha llevado a una sofisticación del delito sin precedentes. La dolarización forzada de la economía familiar, combinada con la penalización del libre mercado de divisas, crea un ecosistema perfecto para la usura y el engaño.
Conclusion: Impunidad estatal e indefension ciudadana
La proliferación de estas estafas es un espejo de la impunidad que rige en la isla. Si la dictadura cubana opera sin rendición de cuentas, violando derechos fundamentales y despojando a la población de sus ahorros mediante medidas económicas arbitrarias, es lógico que la delincuencia común replique ese modelo en el escalón más bajo. La falta de un estado de derecho funcional, donde la policía proteja al ciudadano y la justicia resarza al agraviado, deja a millones de cubanos completamente desamparados.
El futuro inmediato no presagia mejoras. Mientras el régimen de La Habana mantenga su política de criminalizar la supervivencia y se niegue a abrir espacios de libertad económica y legalidad real, los cubanos seguirán cayendo en las redes de la estafa. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben observar cómo la privación de libertades en Cuba no solo se traduce en represión política, sino también en la negación del derecho más básico a la seguridad y al patrimonio personal. La tragedia cotidiana de los estafados en Cuba es, en el fondo, la tragedia de una sociedad secuestrada por un sistema que la ha abandonado a su suerte.
