La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) prevé que el 54% del país se quede sin servicio eléctrico durante el horario pico, ante una profunda crisis de generación que enfrenta una demanda de 3.500 megavatios (MW) con apenas 1.690 MW disponibles. El déficit estructural, marcado por averías en termoeléctricas obsoletas y falta de combustible, mantiene a la población sumida en cortes que superan las 18 horas diarias en varias provincias.
La situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ha alcanzado niveles críticos este martes, con una disponibilidad matutina de 1.560 MW frente a una demanda estimada en 3.000 MW. El régimen de La Habana ha reconocido que las afectaciones se extendieron durante las 24 horas del lunes, alcanzando un déficit máximo de 1.941 MW en la noche, un panorama que superó los pronósticos oficiales tras la salida de servicio de la Unidad 5 de la termoeléctrica Renté. La incapacidad de las autoridades de la isla para mantener la infraestructura energética se evidencia en el reporte de siete unidades termoeléctricas fuera de servicio por averías o mantenimiento, sumadas a 33 grupos de generación distribuida paralizados por la escasez de combustible y lubricantes.
Este colapso no es un evento aislado, sino la consecuencia de décadas de infrafinanciación y falta de inversión en un sector bajo estricto control estatal. Expertos independientes señalan que se requieren entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para rehabilitar la red eléctrica, un monto inalcanzable para el ejecutivo cubano, cuya gestión ha llevado a una contracción económica del 1,1% en lo que va de año, acumulando una caída del 11% en el PIB en los últimos cinco años. Aunque el gobierno cubano atribuye la crisis a las sanciones de Estados Unidos y habla de una \»asfixia energética\», la realidad apunta a una ineficiencia sistémica y a la falta de planificación estratégica que ha dejado a la nación en la ruina.
Impacto social y económico de la crisis energética
Los apagones prolongados, que en ciudades como Santiago de Cuba, Matanzas y Holguín superan las 20 horas diarias, han lastrado cualquier intento de reactivación económica y profundizado el sufrimiento de la ciudadanía. La falta de electricidad interrumpe el suministro de agua, afecta la conservación de alimentos y agrava la ya precaria situación de los servicios públicos en medio de una inflación galopante. Este escenario de desabastecimiento y colapso infraestructural ha sido el caldo de cultivo para el descontento social, sirviendo como detonante de las protestas masivas que han desafiado a la dictadura cubana en los últimos años, como las ocurridas en julio de 2021.
De mantenerse esta tendencia de deterioro energético, la isla se encamina hacia una profundización de la crisis humanitaria y un nuevo repunte del éxodo migratorio. La incapacidad del régimen para garantizar un servicio básico esencial no solo evidencia el fracaso de su modelo de gestión, sino que augura un escenario de creciente tensión social. La comunidad internacional observa cómo la falta de libertades y la ineficiencia gubernamental se traducen en un sufrimiento cotidiano para los cubanos, mientras la dirigencia política evade su responsabilidad y persiste en la represión ante cualquier manifestación de inconformidad popular.
