Un análisis publicado en el medio estadounidense The Hill evidencia el acelerado deterioro de la infraestructura y la economía en Cuba, marcado por apagones generalizados, una inflación descontrolada y la pérdida del respaldo petrolero venezolano. El texto expone cómo la gestión del régimen de La Habana ha conducido a la isla a una crisis sistémica, con hospitales sin medicinas, escuelas vacías y un éxodo migratorio que ha arrancado a casi el 20% de su población en los últimos cuatro años.
El columnista Daniel Allott señala que el pasado 10 de septiembre la red eléctrica nacional experimentó su cuarto colapso total en menos de un año, dejando a cerca de 10 millones de personas a oscuras. Este desastre energético responde a años de desatención estatal y al uso de crudos de alto azufre que han dañado las termoeléctricas. La situación se agrava por la inestabilidad de los envíos de combustible desde Venezuela, que cayeron drásticamente de 56.000 barriles diarios en 2023 a apenas 8.000 a mediados de este año. Aunque Rusia y México han enviado cargamentos, el régimen de La Habana no logra asegurar la estabilidad del sistema, empujando a la ciudadanía a cocinar con velas o dormir en azoteas para mitigar el calor.
En el plano económico, el desplome del poder adquisitivo es evidente. El dólar se cotiza en el mercado informal a 400 pesos cubanos, un récord histórico, mientras que el salario estatal promedio no alcanza los 20 dólares mensuales. Esta realidad ha consolidado una economía de dos velocidades donde el acceso a divisas, y no el mérito profesional, determina la calidad de vida. Paralelamente, el sector azucarero —antiguo pilar de la economía nacional— ha tocado fondo, con una zafra proyectada por debajo de las 200.000 toneladas, la más baja desde el siglo XIX. El ejecutivo cubano, que en los años 80 superaba los 8 millones de toneladas, hoy se ve en la paradoja de importar azúcar cruda para intentar abastecer el mercado interno.
Represión y desangre demográfico
El deterioro de los servicios sociales es la consecuencia más visible de la crisis institucional. Como resume el análisis, en la isla solo quedan escuelas sin maestros, hospitales sin medicinas y clínicas sin electricidad. Ante este escenario, la dictadura cubana ha optado por endurecer la represión, sustituyendo cualquier intento de persuasión por la fuerza. Periodistas independientes son encarcelados y los críticos enfrentan constante hostigamiento. El disidente Óscar Elías Biscet, citado en el texto, califica a La Habana y Caracas como \»dictaduras gemelas\» que se sostienen mediante la corrupción y el crimen transnacional, evidenciando el agotamiento de un modelo político que solo subsiste a través de la coerción.
El colapso estructural ha desatado un éxodo migratorio sin precedentes. En los últimos cuatro años, aproximadamente dos millones de cubanos han abandonado el país, representando casi el 20% de la población total. Esta fuga masiva de capital humano ha diezmado las universidades, los hospitales y el ya reducido tejido emprendedor, dejando a las familias fragmentadas y a la innovación estancada. Las autoridades de la isla han demostrado incapacidad para frenar este desangre, limitándose a aplicar medidas paliativas que no abordan las causas raíz de la desesperación ciudadana.
La interdependencia de las crisis cubana y venezolana augura un panorama cada vez más sombrío para la región. Mientras ambas revoluciones se aferran a una ideología desvanecida y a un apoyo mutuo menguante, la ciudadanía enfrenta las consecuencias directas del fracaso estatal. La comunidad internacional observa cómo la falta de libertades y la ineficiencia económica derivan en un colapso humanitario que, sin un cambio político profundo y el restablecimiento del estado de derecho, difícilmente podrá revertirse en el corto plazo.
