La profunda crisis económica y social que atraviesa Cuba ha comenzado a erosionar el respaldo de uno de los sectores demográficos más leales al oficialismo: los adultos mayores. Testimonios recientes en las calles de La Habana evidencian cómo la población de la tercera edad, sumida en la indigencia y el desabastecimiento, rompe el silencio para señalar la responsabilidad del gobierno cubano y desmontar la narrativa oficial que atribuye el desastre nacional al embargo de Estados Unidos.
En las inmediaciones de La Habana Vieja, una escena cotidiana se ha convertido en un síntoma elocuente del agotamiento ciudadano. Una mujer de la tercera edad, empleada como veladora en un museo y cuidadora de su madre nonagenaria, enfrentó una cámara tras horas de espera infructuosa frente a un cajero automático vacío. Con una franqueza inusual en el espacio público cubano, la anciana desmintió la existencia del «bloqueo» como causa de la miseria y atribuyó el colapso directamente a las políticas emanadas de las altas esferas del poder, alejando cualquier culpa sobre figuras como el expresidente estadounidense Donald Trump.
Las declaraciones de esta mujer no solo reflejan la desesperación de no poder acceder a sus propios ahorros debido a la destruida infraestructura bancaria y los constantes apagones, sino que también exponen el andamiaje de terror que mantiene la dictadura cubana. Al regresar a su hogar, la anciana se topó con lo que ella misma describió como un «bloqueo real»: el reproche de su propio hijo, quien, presa del miedo a la represión estatal, le prohibió tajantemente volver a criticar al gobierno frente a cualquier cámara o extraño. El miedo a ser señalada, hostigada o detenida por la Seguridad del Estado sigue siendo la principal válvula de contención del descontento social en la isla.
El fracaso de la Tarea Ordenamiento y el colapso de la banca
La imposibilidad de extraer efectivo es una de las múltiples aristas de la crisis económica que ha empujado al 90% de la población cubana por debajo del umbral de la pobreza, según estimaciones de organismos independientes. Esta situación es el resultado directo de la llamada Tarea Ordenamiento, un paquete de medidas implementado por el régimen de La Habana que, tras años de supuestos análisis por parte de comisiones gubernamentales, desencadenó una hiperinflación sin precedentes, destruyó el poder adquisitivo del salario y fracasó en su intento de imponer una bancarización forzada en un país sin conectividad estable.
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El posterior «reordenamiento» y la «corrección de distorsiones» anunciadas por el ejecutivo cubano no han hecho más que superponer capas de incompetencia y corrupción. La dolarización asimétrica de la economía ha creado una brecha insalvable entre quienes reciben remesas del extranjero y aquellos que dependen de los salarios estatales o las pensiones en moneda nacional. En este escenario, las autoridades de la isla han ignorado sistemáticamente el impacto devastador de sus decisiones sobre el sector más frágil, obligando a miles de jubilados a reinsertarse en el mercado laboral informal o a mendigar para poder alimentarse.
Una fractura generacional y demográfica sin retorno
El descontento de los adultos mayores —que representan aproximadamente un cuarto de la población total de la isla— contrasta con la resignación y el éxodo de las nuevas generaciones. Durante los peores momentos de la pandemia de COVID-19, en medio de interminables colas para adquirir alimentos básicos, ya era palpable la fractura entre ambas generaciones. Jóvenes cubanos comenzaron a reprochar abiertamente a sus mayores la complicidad histórica que permitió la consolidación del sistema totalitario, acusándolos de haber apoyado incondicionalmente las políticas que hoy ahogan al país, mientras ellos se ven obligados a emigrar masivamente por rutas como la de Nicaragua para sobrevivir.
Aquellos ciudadanos que apoyaron sin reservas el proceso revolucionario desde sus inicios integran hoy el segmento poblacional que el gobierno cubano clasifica burocráticamente como «vulnerable». Sin embargo, la vulnerabilidad impuesta no ha logrado acallar la vergüenza y la frustración acumulada durante décadas. Cada vez son más los ancianos que, recordando con claridad los niveles de vida de la década de 1950, lamentan su ceguera política de antaño y exigen responsabilidades a un gobierno que les prometió un paraíso igualitario y les otorgó una vejez en la indigencia.
Contexto: El agotamiento de la narrativa del embargo y la represión del 11J
El despertar de este sector de la población es profundamente significativo en el contexto de la crisis estructural que sufre la nación. La narrativa del «bloqueo» estadounidense ha sido durante más de seis décadas el escudo perfecto para justificar la ineficiencia productiva, la falta de libertades y el desabastecimiento crónico. No obstante, la magnitud del colapso actual —caracterizado por apagones de hasta 20 horas diarias, un sistema de salud en ruinas y una inflación galopante— ha hecho que esta justificación pierda credibilidad incluso entre los más recalcitrantes defensores del oficialismo. La ciudadanía constata a diario que el verdadero cerco asfixiante proviene de la mala gestión interna y la concentración de la riqueza en manos de la cúpula militar.
Además, este clima de efervescencia social debe enmarcarse en el ciclo de represión que se intensificó tras las protestas masivas del 11 de julio de 2021 (11J). La respuesta de la dictadura fue el encarcelamiento de cientos de manifestantes, muchos de ellos condenados a penas desproporcionadas bajo delitos prefabricados. Las cárceles cubanas se llenaron de presos políticos y de conciencia, enviando un mensaje intimidatorio a toda la sociedad. A pesar de este clima de terror, la presión social no cesa, y el hecho de que los adultos mayores comiencen a alzar la voz demuestra que el miedo, aunque presente, está siendo superado por la urgencia de la supervivencia.
Implicaciones y panorama futuro
La pérdida de legitimidad entre la base social histórica del sistema representa un desafío político inédito para las autoridades de la isla. Durante años, el oficialismo utilizó a las generaciones longevas como testimonio vivo de su supuesta legitimidad histórica. Hoy, esas mismas voces desmontan el relato en las colas de los bancos y en los mercados agropecuarios. La realidad aplasta la propaganda: no fue necesaria una catástrofe natural ni la presión de un enemigo externo para reducir a escombros la infraestructura nacional; bastó con décadas de decisiones arbitrarias, intolerancia y control absoluto.
De cara al futuro, la radicalización del discurso entre los adultos mayores augura un escenario de mayor inestabilidad social. Si la dictadura cubana continúa sin ofrecer soluciones tangibles a la crisis y mantiene su política de represión y censura, es probable que las protestas espontáneas, similares a las de San Antonio de los Baños en 2021, se multipliquen, esta vez con la participación activa de una tercera edad desesperada. La comunidad internacional y los organismos defensores de los derechos humanos deberán prestar atención a este fenómeno, pues el envejecimiento de la población cubana, lejos de ser un factor de pasividad política, se está convirtiendo en un catalizador del cambio y un termómetro inequívoco del agotamiento definitivo del modelo impuesto en la isla.
