Un nuevo derrumbe parcial en una vivienda habanera volvió a evidenciar el estado crítico del fondo habitacional de la isla, donde el 39% de las viviendas se encuentran en mal o regular estado. Un testimonio de primera mano revela cómo la inacción del gobierno cubano ha convertido el acto de habitar en una lotería de la supervivencia cotidiana, mientras las autoridades miran hacia otro lado y la infraestructura urbana continúa su deterioro acelerado.
Un residente de La Habana relató recientemente cómo parte del techo de su vivienda se desplomó de manera súbita, sin previo aviso, durante una jornada de lluvias persistentes. El testimonio, difundido a través de redes sociales y medios independientes, describe un episodio que bien podría haber terminado en tragedia si no hubiera mediado un movimiento casual que alejó al inquilino del punto exacto del impacto. Los vecinos del afectado no dudan en calificar el desenlace como un milagro, una intervención divina que evitó una nueva víctima mortal en el larguísimo y silencioso registro de muertes por derrumbes en la capital cubana.
Sin embargo, más allá de la devoción o el azar, lo ocurrido responde a una lógica estructural perfectamente identificable: el abandono sistemático del parque inmobiliario por parte de las autoridades de la isla. Las viviendas cubanas, especialmente aquellas ubicadas en municipios densamente poblados como Centro Habana, La Habana Vieja y Cerro, presentan niveles de deterioro que en cualquier otro contexto serían considerados una emergencia nacional. En Cuba, sin embargo, la respuesta institucional se limita a estadísticas que nadie consulta y a planes de rehabilitación que rara vez trascienden el papel.
Las víctimas que el régimen prefiere olvidar
El testimonio del residente que sobrevivió el derrumbe evoca inevitablemente uno de los episodios más dolorosos de los últimos años en la capital: el desprendimiento de un balcón en un edificio de Centro Habana que cobró la vida de tres adolescentes. El suceso, que conmocionó a la ciudadanía en su momento, fue tratado por el ejecutivo cubano con la habitual opacidad que caracteriza a la dictadura cuando la tragedia expone su propia incompetencia. Las familias de las víctimas nunca recibieron respuestas claras sobre las responsabilidades institucionales, ni se implementaron inspecciones masivas que pudieran prevenir nuevos colapsos.
Aquel incidente no fue un caso aislado, sino la confirmación de una tendencia que se ha agravado con el paso del tiempo. Derrumbes parciales, desplomes totales, caídas de fragmentos de fachadas sobre viandantes y evacuaciones forzosas de edificios en riesgo inminente se han convertido en rutina informativa en la prensa independiente cubana, mientras los medios oficiales mantienen un silencio cómplice o minimizan la magnitud del problema. La dictadura cubana ha demostrado una y otra vez que la vida de los ciudadanos que habitan en solares, cuarterías y edificios centenarios no constituye una prioridad en su agenda.
Los llamados «solares», antiguas mansiones coloniales y republicanas subdivididas en múltiples habitaciones para alojar a familias enteras, concentran algunas de las condiciones de habitabilidad más precarias del continente. En estos inmuebles, donde conviven decenas de personas compartiendo servicios sanitarios en pésimo estado y estructuras que hace décadas dejaron de recibir mantenimiento, el riesgo de colapso es una amenaza constante. El gobierno cubano, que controla de manera monopolizadora la asignación de recursos materiales para la construcción y reparación, no ha diseñado ningún programa sostenido que aborde esta emergencia habitacional con la urgencia que merece.
Un fondo habitacional en ruinas
Según datos del propio régimen de La Habana, el déficit habitacional en Cuba supera las 800.000 viviendas, una cifra que crece año tras año mientras la construcción nueva se mantiene estancada y las reparaciones se postergan indefinidamente. El porcentaje de viviendas en mal estado ronda el 39%, aunque especialistas y arquitectos independientes advierten que el número real podría ser considerablemente mayor si se aplicaran criterios de evaluación más rigurosos. A esto se suma la escasez crónica de materiales de construcción en el mercado, que hace prácticamente imposible que los particulares acometan por su cuenta las reparaciones necesarias, incluso cuando disponen de los recursos económicos para ello.
La burocracia estatal complica aún más cualquier intento de solución. Los permisos para adquirir materiales, las autorizaciones para realizar obras y los trámites para acceder a subsidios o planes de rehabilitación están sujetos a un laberinto administrativo que disuade a la mayoría. Mientras tanto, los edificios continúan deteriorándose a un ritmo que se ha acelerado en los últimos años, especialmente tras el paso de huracanes como Ian en 2022, que destruyó miles de viviendas en la occidental provincia de Pinar del Río y cuyas secuelas aún no han sido completamente atendidas.
El contexto de crisis que agrava el colapso urbano
La emergencia habitacional no puede entenderse al margen de la crisis estructural que atraviesa Cuba en múltiples dimensiones. La economía del país se encuentra en una espiral recesiva que se ha profundizado desde la llamada «Tarea Ordenamiento» implementada en 2021, una reforma monetaria que disparó la inflación, depreció los salarios y empobreció aún más a la población. En este contexto, el acceso a materiales de construcción —cuando existen— requiere pagos en moneda libremente convertible, algo que está fuera del alcance de la mayoría de los cubanos cuyos salarios en pesos no cubren ni las necesidades alimentarias básicas.
El éxodo migratorio masivo de los últimos años, que ha visto partir a más de un millón de cubanos hacia Estados Unidos y otros destinos desde 2022, ha dejado además miles de viviendas abandonadas o en situación de desamparo, muchas de las cuales se suman al inventario de inmuebles en deterioro. Las casas que no se desocupan sufren el impacto de un sistema eléctrico intermitente, filtraciones de agua constantes y la ausencia de un mantenimiento preventivo que en cualquier país funcional correspondería al Estado o a entidades reguladoras con capacidad de intervención.
A esto se suma la incapacidad del gobierno cubano para garantizar servicios básicos que inciden directamente en el estado de las edificaciones. El suministro de agua, frecuentemente interrumpido, genera humedades y filtraciones que socavan las estructuras. El sistema de alcantarillado, colapsado en numerosas zonas de la capital, provoca inundaciones que debilitan cimientos. La ausencia de un plan integral de drenaje urbano convierte cada temporada de lluvias en una ruleta donde los habitantes de viviendas vulnerables juegan su vida.
Las secuelas invisibles del miedo a que el techo caiga
El testimonio del residente que escapó por milagro del derrumbe revela también una dimensión psicológica que rara vez se documenta en los reportes sobre la crisis habitacional. El miedo persistente, la incapacidad de conciliar el sueño, la necesidad de revisar una y otra vez las grietas y los signos de deterioro en paredes y techos, configuran un cuadro de estrés crónico que afecta a miles de familias en toda la isla. Vivir bajo un techo que puede colapsar en cualquier momento es una forma de violencia estructural que la dictadura cubana ejerce de manera silenciosa pero implacable sobre su población.
El afectado confiesa que ya no logra dormir tranquilo, que se levanta repetidamente durante la noche para revisar su entorno, que enciende y apaga las luces para no ver las grietas que se multiplican. Este relato personal representa la experiencia colectiva de innumerables cubanos que habitan en edificaciones centenarias, construidas en la época colonial o republicana, que han superado con creces su vida útil sin recibir la intervención técnica que su estado exige. La angustia de no saber si el próximo invierno, la próxima tormenta o simplemente el paso del tiempo será el detonante de una tragedia personal es una carga que la ciudadanía cubana soporta sin recibir el menor respaldo institucional.
La responsabilidad indiscutible del poder
La responsabilidad sobre esta situación recae de manera directa y exclusiva sobre el régimen de La Habana. Un Estado que durante más de seis décadas ha monopolizado la propiedad, la planificación urbana, la asignación de recursos y la regulación de la construcción no puede eludir su responsabilidad en el deterioro del fondo habitacional. La falta de mantenimiento preventivo, la ausencia de inspecciones técnicas rigurosas, la inexistencia de protocolos de evacuación y reubicación para familias en riesgo, y la negación sistemática del problema constituyen formas de negligencia que han costado vidas y seguirán costándolas mientras no haya un cambio sustancial en la forma en que se gestiona el país.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han señalado en reiteradas ocasiones la precariedad del derecho a la vivienda adecuada en Cuba, pero la respuesta del gobierno cubano ha consistido en ignorar las observaciones, descalificar a los informantes y continuar presentando una fachada de logros sociales que la realidad cotidiana desmiente con cada derrumbe, cada evacuación y cada vida perdida bajo los escombros. Mientras tanto, los cubanos continúan habitando en espacios que amenazan su integridad física, esperando que el azar, o los dioses en los que mencionan los vecinos, sigan siendo generosos con su supervivencia.
El derrumbe que casi cuesta la vida a un habanero no es una anécdota ni un accidente aislado. Es la consecuencia previsible de décadas de políticas fallidas, de un modelo que priorizó la permanencia en el poder sobre el bienestar de la población, y de una dictadura que ha convertido el acto más elemental de la existencia humana —tener un techo seguro bajo el que cobijarse— en un privilegio al alcance de muy pocos. La pregunta que queda flotando, como el polvo después de un desplome, es cuántas tragedias más serán necesarias para que la urgencia habitacional deje de ser una nota al pie en la larga narrativa del fracaso del modelo cubano.
