agones, escasez de agua y basura regresan a Santiago de las Vegas tras la partida de Marrero y Valdés Mesa
Las autoridades de la isla implementaron un despliegue temporal de recursos en el populoso habanero de Santiago de las Vegas con motivo de la celebración de un Consejo de Defensa, al que asistieron el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa. Sin embargo, una vez concluido el evento y retirados los altos funcionarios, la localidad volvió a sumirse en la profunda crisis de servicios que padece el país, evidenciando la incapacidad del gobierno cubano para gestionar la emergencia estructural.
La reunión, centrada supuestamente en cuestiones de defensa y movilización, también abordó las graves deficiencias en los servicios públicos que aquejan a los residentes del reparto La Catalina, en las afueras de Santiago de las Vegas. Durante la jornada de la visita, los habitantes de esta zona experimentaron una mejora inusitada y fugaz en sus condiciones de vida, lo que generó un contraste dramático con la cotidianidad que enfrentan a diario.
Por arte de magia, esa noche los vecinos pudieron dormir con corriente eléctrica, un servicio del que llevaban privados durante las noches y madrugadas por casi cuatro meses. Asimismo, las cisternas de las viviendas volvieron a llenarse de agua, poniendo fin, de manera temporal, a una sequía impuesta por la ineficiencia institucional que había obligado a los pobladores a pagar hasta 15.000 pesos por el alquiler de una pipa de agua, en muchas ocasiones de dudosa potabilidad.
El maquillaje oficialista alcanzó también al Sistema de Atención a la Familia (SAF), un programa estatal destinado a la alimentación de ancianos y personas vulnerables. Los comensales se sorprendieron al encontrar en el menú arroz con pollo, un lujo inalcanzable en los últimos meses, periodo en el que su dieta se había reducido a arroz con calabaza y caldosos sin ningún tipo de proteína ni vianda.
El desmoronamiento de la fachada institucional
El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, ha insistido en reiteradas ocasiones a los territorios sobre la necesidad de reforzar la alimentación de los SAF, reconociendo de forma implícita que es la única vía de supervivencia para los más desprotegidos ante la galopante inflación y el desabastecimiento generalizado. No obstante, la directriz dictada desde los altos niveles de dirección choca frontalmente con la realidad de la base, donde la falta de recursos impide cualquier mejora sostenible.
El contraste se hizo evidente tan pronto como Marrero Cruz y Valdés Mesa abandonaron el territorio. La normalidad del colapso regresó de inmediato: el SAF volvió a estar desabastecido, el suministro de agua se tornó esporádico y la corriente eléctrica volvió a brillar por su ausencia. Los vecinos que cuentan con conexiones irregulares, conocidas popularmente como \»ladrones de agua\», acapararon el poco líquido disponible, mientras que el resto de la población quedó a la merced de las pipas particulares, cuyos precios depredan los ya mermados bolsillos de los cubanos.
Además de la falta de electricidad y agua, los altos funcionarios evitaron presenciar el grave problema sanitario que aqueja al poblado. Las autoridades locales se han dado por vencidas en la batalla contra la acumulación de basura en las calles. Ni el primer ministro ni el vicepresidente salieron de las oficinas donde sesionó el Consejo de Defensa, evitando así tener que explicar o presenciar los enormes vertederos a cielo abierto que dominan el paisaje urbano.
Contexto de una crisis sistémica
La situación en Santiago de las Vegas no es un caso aislado, sino un reflejo exacto de la crisis estructural que atraviesa toda la isla. El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) sufre un colapso crónico debido a la falta de mantenimiento de las termoeléctricas, la escasez de combustible y la obsolescencia de la infraestructura. Los apagones prolongados, que en algunas regiones superan las 10 horas diarias, paralizan la economía y deterioran la calidad de vida, afectando la conservación de alimentos y el descanso de la ciudadanía.
De igual manera, el abastecimiento de agua potable se ha visto severamente comprometido. La red de acueductos, con décadas de antigüedad y sin una inversión estatal significativa para su reparación, sufre fugas constantes y carece de la presión necesaria. A esto se suma la falta de energía eléctrica para el bombeo, lo que deja a vastos sectores de la población sin acceso al vital líquido durante semanas, obligándolos a recurrir a un mercado negro de transporte de agua a precios exorbitantes, como los 15.000 pesos documentados en esta localidad.
El pago de sumas astronómicas por servicios básicos ilustra la dramática situación económica del país. La inflación descontrolada, estimada por entidades independientes en cifras de tres dígitos, ha destruido el poder adquisitivo del salario medio cubano. La incapacidad de acceder a una canasta básica de alimentos y servicios es uno de los motores principales del mayor éxodo migratorio en la historia de la isla, con cientos de miles de ciudadanos abandonando el país en busca de supervivencia y oportunidades.
Antecedentes de control y represión
La estrategia de maquillar realidades durante visitas oficiales es una práctica recurrente del régimen de La Habana. Históricamente, las autoridades han implementado operativos de saneamiento temporal, distribución de alimentos y hasta pintura de fachadas en rutas previamente trazadas para visitas de dignatarios extranjeros o altos cargos nacionales. Esta teatralización institucional busca proyectar una imagen de estabilidad que no existe, alejando a los funcionarios del verdadero sufrimiento ciudadano.
Esta desconexión entre la cúpula del poder y la realidad social ha tenido consecuencias graves en el pasado reciente. Durante las protestas del 11 de julio de 2021, los ciudadanos tomaron las calles para exigir luz, alimentos y libertad. La respuesta de la dictadura cubana no fue abordar las causas estructurales de la indignación popular, sino desplegar un aparato represivo sin precedentes, con detenciones arbitrarias, juicios sumarios y condenas desproporcionadas para cientos de manifestantes. La criminalización de la protesta social sigue siendo la herramienta principal del Estado para mantener el control ante el fracaso de su modelo económico.
Implicaciones y perspectivas futuras
El efímero alivio experimentado por los residentes de La Catalina solo ha servido para profundizar la frustración y el descontento social. La ciudadanía es consciente de que los recursos existen, pero son destinados a mantener las apariencias del poder o a sostener el aparato burocrático y militar, en lugar de garantizar el bienestar de la población. Esta dinámica genera un caldo de cultivo peligroso para la estabilidad social a mediano y largo plazo.
La incapacidad del ejecutivo cubano para ofrecer soluciones reales y sostenibles al colapso de los servicios públicos, la inflación y la escasez de alimentos proyecta un horizonte sombrío. Mientras la dictadura mantenga su negativa a implementar reformas estructurales que permitan la libre empresa, la propiedad privada plena y la democratización política, la isla continuará su espiral de empobrecimiento. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben mantener la vigilancia sobre la situación cubana, exigiendo el respeto a las garantías fundamentales y presionando para la apertura de espacios democráticos que permitan revertir la catástrofe humanitaria y económica que sufre el país.
