El régimen de La Habana anunció que espera la llegada de un equipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para colaborar en el esclarecimiento del operativo del 25 de febrero, cuando tropas guardafronteras cubanas abatieron una embarcación procedente de Florida en aguas al norte de Villa Clara, dejando un saldo de cinco fallecidos y varios heridos bajo custodia.
Durante una comparecencia pública, el gobernante Miguel Díaz-Canel confirmó que existe comunicación con autoridades estadounidenses en torno al caso y que Washington ha expresado, por vía diplomática y consular, su interés en participar directamente en la investigación. \»Estamos a la espera de una posible visita del FBI para participar en el esclarecimiento de los hechos y seguir avanzando en esta investigación\», afirmó.
El incidente ocurrió el 25 de febrero en aguas frente a Corralillo, provincia de Villa Clara, cuando una lancha rápida con matrícula de Florida fue interceptada por tropas guardafronteras cubanas. A bordo viajaban diez personas. Según el relato oficial del Ministerio del Interior (MININT), durante el operativo se produjo un enfrentamiento armado que dejó cuatro tripulantes muertos en el acto y seis heridos detenidos. Uno de los heridos falleció días después, elevando la cifra de víctimas a cinco.
El gobierno cubano ha calificado el hecho como \»una infiltración armada con fines terroristas, financiada y organizada desde territorio de Estados Unidos\». La Habana informó que dos de las personas a bordo poseen doble nacionalidad, cubana y estadounidense, mientras que el resto tendría residencia legal en EE.UU. Según la versión oficial, entre los objetos incautados se encontraban fusiles de asalto, fusiles de francotirador, pistolas, cócteles molotov, equipos de visión nocturna, chalecos antibalas y municiones de diverso calibre, así como presunta propaganda de organizaciones opositoras.
Washington desconfía de la narrativa oficial
Hasta el momento, el FBI no ha respondido públicamente al anuncio de La Habana. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró tras el incidente que Washington buscaría verificar por cuenta propia lo ocurrido y se negó a aceptar como concluyente la versión del régimen. \»No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que [las autoridades cubanas] nos han dicho\», aseguró el funcionario cubanoamericano.
Los cinco fallecidos fueron identificados por el MININT como Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara, Héctor Duani Cruz Correa y Roberto Álvarez Ávila. Los procesados sobrevivientes son Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez y Amijail Sánchez González, quienes permanecen bajo custodia de las autoridades cubanas sin que se conozcan detalles sobre su estado de salud o su situación jurídica.
El anuncio se produce en un escenario de tensiones bilaterales marcadas, pero también de contactos diplomáticos recientes. El propio Díaz-Canel confirmó este viernes que La Habana mantiene conversaciones con Washington para reducir las tensiones y buscar soluciones a los desacuerdos entre ambos países. Para la dictadura cubana, la eventual visita del FBI representa una oportunidad inusual de cooperación bilateral, aunque la falta de transparencia del régimen sobre operativos militares y la ausencia de verificación independiente plantean serias dudas sobre el acceso real que recibirán los investigadores estadounidenses.
El caso adquiere especial relevancia en el contexto de la crisis migratoria y de seguridad que atraviesa la isla. La salida de cubanos hacia Estados Unidos por vía marítima se ha incrementado de forma sostenida ante el colapso económico, la inflación galopante y la represión social. Que una embarcación procedente de Florida haya sido abatida con fuego letal por guardafronteras cubanos evidencia los riesgos crecientes en el estrecho de la Florida, donde la respuesta del Estado cubano ha priorizado el uso de la fuerza sobre protocolos de intercepción proporcionales. Las implicaciones de esta investigación podrían condicionar no solo la relación bilateral, sino también las garantías de debido proceso para los detenidos y la credibilidad internacional de una narrativa oficial que, hasta ahora, no ha podido ser corroborada por fuente independiente alguna.
