La plataforma Supermarket23, vinculada al grupo empresarial dirigido por el comandante Guillermo García Frías y su hija Loreta García, oferta cilindros de gas licuado en divisas a la población cubana. La venta, condicionada y costosa, ocurre en un contexto de aguda crisis energética y desabastecimiento que afecta a la inmensa mayoría de los hogares de la isla.
El sitio web comercializa el cilindro de 10 kilogramos, conocido popularmente como \»balita\», a un precio de 29 dólares, incluyendo el envío. Sin embargo, la entrega está sujeta a estrictas condiciones impuestas por la empresa: el destinatario debe disponer de un envase vacío en perfecto estado. La plataforma estipula que el cilindro a entregar no debe tener perforaciones, oxidación avanzada y debe conservar su base estable y la anilla en buen estado, advirtiendo que cualquier incumplimiento será motivo de rechazo inmediato.
El costo fijado por el régimen de La Habana a través de estas estructuras empresariales equivale a más de 15.000 pesos cubanos según la tasa de cambio informal actual. Esta cifra resulta inalcanzable para la población que percibe sus ingresos en moneda nacional, cuyos salarios se mantienen estancados frente a una inflación galopante. Mientras tanto, en el mercado negro, el precio de un cilindro de gas fluctúa entre 10.000 y 50.000 pesos dependiendo del territorio, evidenciando la profunda desigualdad generada por el modelo económico impuesto por el gobierno cubano.
El monopolio de las \»ventas en frontera\»
Investigaciones periodísticas han demostrado que Supermarket23, aunque registrada en el extranjero para simular independencia del Estado, es en realidad una iniciativa promovida por la empresa estatal Alcona. Esta entidad pertenece al grupo Flora y Fauna, históricamente dirigido por Guillermo García Frías, uno de los últimos comandantes vivos de la cúpula histórica, y actualmente gestionado por su hija. Esta plataforma es solo una pieza de una red de tiendas dedicadas a la llamada \»venta en fronteras\», un mecanismo mediante el cual el ejecutivo cubano captura divisas ofreciendo productos de primera necesidad que escasean en el mercado nacional.
La crisis del gas licuado es un síntoma más del colapso sistémico que atraviesa Cuba. La falta de combustible obliga a miles de familias a depender de la energía eléctrica para cocinar, un servicio diezmado por apagones prolongados que superan las horas diarias en diversas provincias. Este deterioro de las condiciones básicas de vida, sumado a la falta de alimentos y medicinas, actúa como el principal motor del éxodo migratorio sin precedentes que vive la nación caribeña.
La comercialización exclusiva en divisas de recursos vitales por parte de la élite militar y política profundiza la fractura social y deslegitima aún más la gestión estatal. Ante la incapacidad de garantizar el bienestar básico, la dictadura cubana consolida un esquema de apartheid económico que castiga a quienes no reciben remesas del exterior. La persistencia de este modelo, que privilegia la captación de divisas sobre el derecho a la subsistencia, augura un escenario de mayor inestabilidad social y exige mayor escrutinio internacional sobre el manejo opaco de los recursos nacionales por parte de las autoridades de la isla.
