El rapero cubano Eliécer Márquez Duany, conocido artísticamente como El Funky, ha conseguido la residencia legal permanente en Estados Unidos tras un prolongado proceso de apelación. Su defensa logró demostrar que los antecedentes penales que obstaculizaban su ajuste de estatus fueron fabricados por el régimen de La Habana, cerrando así meses de incertidumbre migratoria para el artista y activista.
El músico y su abogado, Miguel Inda-Romero, confirmaron la resolución a través de medios locales, destacando que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) había rechazado inicialmente la solicitud bajo la Ley de Ajuste Cubano debido a supuestos delitos en su expediente. El equipo legal presentó una moción para reabrir el caso y logró probar que estos antecedentes eran completamente falsos, obteniendo finalmente un perdón y la aprobación de la residencia tras demostrar que se trataba de una estrategia de criminalización.
La congresista María Elvira Salazar celebró el desenlace y señaló que su oficina intervino activamente para evitar una deportación que habría tenido consecuencias funestas. Salazar advirtió que, de haber sido devuelto a la isla, El Funky habría corrido la misma suerte que sus compañeros Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, ambos encarcelados por la dictadura cubana por coautorar la canción \»Patria y Vida\». Este tema musical, galardonado con dos premios Grammy Latinos, se convirtió en el himno de las protestas del 11 de julio de 2021 y desató la furia represiva del aparato estatal.
El uso de la justicia como arma de persecución
El caso de El Funky no es un suceso aislado, sino que ilustra una táctica recurrente de las autoridades de la isla para inhabilitar a sus críticos, tanto dentro como fuera de sus fronteras. La fabricación de cargos penales es una herramienta sistemática utilizada para desacreditar a opositores y dificultar su asilo o residencia en terceros países. Esta situación se enmarca en la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba, marcada por un éxodo migratorio sin precedentes, el colapso económico y el endurecimiento de la represión contra cualquier manifestación de disidencia.
Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch ya habían alertado sobre el grave riesgo que enfrentaban 13 opositores cubanos, incluido el rapero, si eran forzados a regresar al país. La resolución favorable de este expediente sienta un precedente crucial para la comunidad exiliada y subraya la necesidad de que las instituciones internacionales sigan evaluando con cautela los documentos emitidos por el sistema judicial cubano, el cual actúa reiteradamente como un instrumento de persecución política rather than imparcial justice.
