El Ministerio del Interior de Cuba anunció el desmantelamiento de una supuesta red de tráfico de divisas que operaba desde Estados Unidos, en un operativo que evidencia la profunda preocupación de las autoridades de la isla por la pérdida de control sobre el mercado informal y la drástica caída de las remesas. La operación, denominada «expediente de fase preparatoria 121/2025», revela cómo los ciudadanos cubanos recurren a mecanismos alternativos para subsistir ante el fracaso de la dolarización parcial impulsada por el gobierno cubano.
Yisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Delitos Económicos del Órgano de Instrucción del MININT, fue el encargado de presentar el caso ante la prensa oficial. Según su relato, la estructura era dirigida desde territorio norteamericano por el ciudadano cubano Humberto Julio Mora Caballero. La narrativa oficial señala que Mora Caballero obtenía fondos en divisas y, a través de una compleja red de testaferros, abrió más de 30 cuentas bancarias para movilizar el dinero y efectuar pagos a proveedores, burlando el estricto control estatal sobre las transacciones internacionales.
Las autoridades de la isla detallaron que la red contaba con una base operativa en la provincia de Camagüey. Desde este punto, un grupo de subordinados se encargaba de recolectar semanalmente grandes sumas de moneda nacional en efectivo, provenientes principalmente de actores de la economía no estatal. Este dinero era posteriormente distribuido entre las familias cubanas como equivalente a las remesas enviadas desde el exterior, mientras que la moneda dura permanecía fuera de las fronteras de la isla, lejos del alcance de las arcas del Estado.
Las cifras expuestas por el MININT ilustran la magnitud de la economía sumergida que ha florecido en el país. Entre febrero y septiembre de 2025, esta red movilizó más de 1.000 millones de pesos cubanos y aproximadamente un cuarto de millón de dólares estadounidenses. Actualmente, más de una decena de implicados se encuentra bajo medidas cautelares, y el régimen de La Habana ha informado que investiga a cuatro actores no estatales vinculados financieramente con Mora Caballero, a quien la propaganda estatal ha bautizado con el término de «financistas», presentándolos como los nuevos némesis de la economía nacional.
Como es habitual en la comunicación institucional de la dictadura cubana, los partes oficiales divulgados adolecen de una profunda opacidad informativa. Los reportes omiten datos esenciales sobre el paradero de los demás implicados, la identidad de las presuntas víctimas y, lo que es más preocupante, cualquier mención a la responsabilidad institucional en la creación de las condiciones que permiten la proliferación de estos esquemas. La censura y el control de la información impiden conocer si estos operativos responden a una verdadera justicia económica o si son simplemente una herramienta de amedrentamiento contra el sector privado emergente.
El fracaso de la dolarización parcial y el estrangulamiento financiero
Este operativo policial no es un hecho aislado, sino el síntoma de una crisis económica estructural que asfixia al país. El ejecutivo cubano implementó hace unos años una estrategia de «dolarización parcial de la economía» con el objetivo de captar divisas frescas a través de tiendas en moneda libremente convertible (MLC) y el sistema bancario. Sin embargo, la falta de abastecimiento en estos establecimientos, sumada a la inflación galopante y la devaluación del peso cubano, ha provocado que la población pierda la confianza en los mecanismos estatales y busque alternativas en el mercado negro.
Durante su intervención, Rivero Crespo admitió una realidad que el gobierno cubano suele intentar maquillar: el país recibe menos del 10% de las remesas que ingresaban anteriormente. El funcionario atribuyó este desplome al embargo estadounidense y a las «nuevas modalidades delictivas», ignorando la responsabilidad directa de las políticas económicas internas. La dictadura cubana ha expresado su frustración porque los dólares no terminan en sus bancos, a pesar de que las personas en la isla sí reciben el equivalente en moneda nacional, lo que demuestra que el flujo de dinero existe, pero se niega a pasar por el filtro extractivo del Estado.
La retención de la moneda dura en el exterior para pagar importaciones privadas o alimentar esquemas informales es una consecuencia lógica de la falta de garantías jurídicas y económicas en Cuba. El sector privado, limitado por prohibiciones para importar de primera mano y acosado por un marco regulatorio restrictivo, se ve obligado a operar en la marginalidad para poder abastecer sus negocios y mantener a flote una economía que el Estado es incapaz de sostener por sí mismo.
El éxodo migratorio y la dependencia del exterior
Para comprender la magnitud de este fenómeno, es indispensable vincularlo con la crisis migratoria sin precedentes que vive la isla y que ha modificado las dinámas de supervivencia nacional. El éxodo masivo de cubanos hacia Estados Unidos y otros países ha transformado el flujo de las remesas. Las familias que se quedan en Cuba dependen casi exclusivamente del envío de dinero desde el exterior para poder alimentarse y acceder a medicinas y productos de primera necesidad. Al tornarse ineficientes o prohibitivas las vías formales, las redes paralelas se convierten en el único salvavidas para millones de hogares cubanos.
Antecedentes recientes muestran que el régimen de La Habana ha intentado en múltiples ocasiones controlar el mercado cambiario informal, devaluando oficialmente el peso frente al dólar en intentos de acercar la tasa de cambio estatal a la del mercado negro. Ninguna de estas medidas ha funcionado porque no van acompañadas de un aumento real de la producción nacional ni de una apertura económica genuina. La criminalización de los intermediarios financieros son respuestas paliativas que no resuelven la escasez crónica de liquidez ni la falta de productividad.
Implicaciones y respuesta represiva
Ante este panorama, el MININT ha advertido sobre la ejecución de nuevos operativos y la implementación de medidas más estrictas de regulación financiera y supervisión tributaria. La respuesta de la dictadura ante su incapacidad para captar divisas no es la reforma, la flexibilización o el estímulo a la inversión, sino el endurecimiento del control punitivo sobre la ciudadanía y el incipiente sector privado. Esta política de persecución amenaza con asfixiar aún más a los pequeños empresarios, que son hoy los principales generadores de empleo y dinamizadores de la economía local.
En conclusión, el desmantelamiento de esta red de divisas deja al descubierto la vulnerabilidad del modelo económico cubano y su dependencia absoluta de las remesas. Mientras el gobierno cubano persista en culpar a actores externos y a supuestas redes delictivas de su propia ineficiencia sistémica, la crisis continuará profundizándose. La comunidad internacional y los observadores de derechos económicos deberán prestar atención a cómo estas nuevas regulaciones tributarias y operativos policiales afectarán el ya precario nivel de vida de los cubanos, en un escenario donde la represión se impone como la única herramienta del Estado para intentar recuperar un mercado que se le ha escapado de las manos.
