Un medio oficialista en La Habana reveló involuntariamente la profunda desconexión entre la gestión estatal y la realidad social al señalar que el desplome del turismo ha generado \»excedentes\» de alimentos agrícolas, una afirmación que contrasta dramáticamente con la severa inseguridad alimentaria que azota a la isla. La publicación, que posteriormente censuró el fragmento, expone cómo la caída en la llegada de viajeros extranjeros ha dejado sin mercado interno a producciones destinadas al sector hotelero, mientras los cubanos enfrentan precios prohibitivos y desabastecimiento.
El portal estatal Cubadebate publicó un análisis sobre la debacle del sector turístico, detallando que entre enero y junio de 2025 la isla recibió 1.360.650 viajeros, apenas el 81% del flujo registrado en el mismo período del año anterior. Al intentar justificar el impacto de esta caída en la economía nacional, las autoridades de la isla reconocieron que el sector agrícola enfrenta \»excedentes que no encuentran mercado interno alternativo\», al estar su producción vinculada históricamente al abastecimiento hotelero. La polémica generada por esta admisión obligó al medio a eliminar el párrafo de su versión digital, aunque la información ya había sido captada por analistas y lectores.
La noción de \»excedentes\» agrícolas resulta una afrenta para una población que sobrevive bajo un estricto racionamiento y donde el acceso a viandas, vegetales o proteínas es un privilegio reservado para quienes reciben remesas del exterior. Estudios independientes, como el del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), exponen que la crisis alimentaria es el principal problema social del país, afectando al 72% de los encuestados. El informe reveló que siete de cada diez cubanos dejaron de realizar al menos una de sus tres comidas diarias debido a la falta de recursos o a la escasez en los mercados, limitando a apenas un 15% el porcentaje de ciudadanos que logran alimentarse tres veces al día sin interrupciones.
Un sector agrícola colapsado y dependiente
El gobierno cubano ha reconocido en reiteradas ocasiones la incapacidad de su modelo económico para garantizar la soberanía alimentaria, admitiendo que más del 70% de los alimentos consumidos en el país son importados. Esta dependencia se agrava en un contexto de contracción económica: en los últimos cinco años, la economía nacional se ha reducido un 11%, mientras que áreas estratégicas como la agricultura, la ganadería y la minería han sufrido un declive del 53%. Los balances oficiales documentan un decrecimiento sostenido en la producción de carne y leche desde 2019, evidenciando el fracaso de las políticas implementadas por el régimen de La Habana para estimular el campo.
La censura aplicada al artículo oficialista refleja la incomodidad de la dictadura cubana ante la exposición de sus propias contradicciones: un sistema que prioriza la infraestructura turística frente a la alimentación de sus ciudadanos y que, ante el colapso de esa industria, se encuentra incapaz de redistribuir los recursos hacia un mercado interno empobrecido. Esta dinámica augura un empeoramiento de la crisis social, con un éxodo migratorio que continuará en ascenso mientras el poder central persista en mantener un modelo económico obsoleto, ineficiente y desconectado de las necesidades básicas de la población.