El Consejo de Defensa Nacional ha aprobado planes y medidas para el paso a un \»Estado de Guerra\», una decisión reservada para momentos de máxima tensión que ha generado incertidumbre entre la población de la isla. La medida, justificada por las autoridades bajo la doctrina de la \»Guerra de Todo el Pueblo\», se produce en medio de un severo colapso energético, escasez extrema y un creciente aislamiento internacional del régimen de La Habana.
Según información oficial, la reunión del órgano de defensa tuvo como objetivo \»incrementar y perfeccionar\» la preparación de los órganos de dirección. Sin embargo, aunque el ejecutivo cubano celebra periódicamente los \»días de la defensa\», la activación de protocolos asociados a un Estado de Guerra no es una práctica habitual en estos ejercicios rutinarios. La adopción de esta medida, implementada originalmente en los años 80, sugiere un elemento de novedad y urgencia por parte de la dirigencia, que se encuentra bajo una presión sin precedentes tanto en el plano interno como en el exterior.
En el ámbito interno, la dictadura cubana enfrenta el riesgo inminente de un estallido social debido a las prolongadas interrupciones del servicio eléctrico, que en algunas zonas alcanzan hasta 20 horas diarias. A esto se suman los precios inalcanzables de los productos de primera necesidad, la inexistencia de la canasta básica y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. El temor a nuevas protestas masivas ha llevado al endurecimiento de la maquinaria represiva, evidenciado recientemente con la visita del ministro del Interior de Rusia, cuya presencia parece estar más ligada al asesoramiento en tácticas de control y represión popular que a la cooperación bilateral tradicional.
Aislamiento internacional y crisis financiera
A la presión interna se suma el profundo desgaste diplomático del gobierno cubano. Las muestras de solidaridad internacional hacia La Habana disminuyen de manera acelerada, mientras que en América Latina ganan terreno los gobiernos comprometidos con la democracia y los derechos humanos. Organismos de integración como la CELAC o el ALBA atraviesan una severa incertidumbre, agravada por la inestabilidad política en Venezuela. Paralelamente, voces en el Parlamento Europeo han exigido la suspensión de ayudas a la isla. En el frente económico, la falta de credibilidad es evidente: el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga ha tenido que rogar a los acreedores internacionales el perdón de la deuda, reconociendo la incapacidad del Estado para honrar sus compromisos financieros una vez más.
La aprobación de estos planes militares no hace más que confirmar la desconexión absoluta entre el poder y la realidad ciudadana. Mientras las autoridades de la isla ensayan estrategias bélicas, la población enfrenta una guerra cotidiana contra la inflación, el desabastecimiento y la falta de libertades. La eventual implementación de un Estado de Guerra, ya sea como ejercicio preventivo o como una transición real, anticipa un endurecimiento del control estatal y augura un escenario de mayor represión ante cualquier intento de manifestación social, lo que profundizará aún más el sufrimiento de los cubanos y el distanciamiento de la comunidad democrática internacional.
