El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) ha negado este lunes que la isla enfrente una epidemia de hepatitis A, a pesar de reconocer la existencia de focos de contagio en varias provincias y admitir carencias críticas de medicamentos e insumos en el deprimido sistema sanitario nacional.
El viceministro de Salud Pública, Julio Guerra, aseguró a la prensa internacional que la situación epidemiológica permanece \»bajo control\» y que el comportamiento de la enfermedad no ha variado respecto a otros periodos. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con los reportes oficiales emitidos en abril por autoridades de Matanzas, quienes confirmaron brotes localizados en comunidades como Pálpite, Cidra y Cárdenas. En el reparto Versalles, por ejemplo, se contabilizaron 18 pacientes positivos en zonas cercanas al río Yumurí, evidenciando un riesgo sanitario latente que las autoridades intentan minimizar frente a la opinión pública.
La hepatitis A se transmite principalmente por el consumo de agua o alimentos contaminados y por deficiencias higiénicas severas. Este escenario encaja perfectamente con la profunda crisis estructural que atraviesa la isla: la nula recogida de basura en grandes urbes, las roturas constantes en las redes hidráulicas y los vertimientos de aguas residuales sin tratamiento. A esto se suma el colapso en el abastecimiento de agua potable, una emergencia cotidiana que obliga a la población a almacenar el recurso durante días, multiplicando exponencialmente el riesgo de propagación de enfermedades de transmisión fecal-oral.
Crisis hospitalaria y desabastecimiento farmacológico
Durante su intervención, el funcionario gubernamental reconoció un alarmante atraso quirúrgico que afecta a más de 96.000 personas en el país, incluidos unos 11.000 menores de edad. Aunque el régimen de La Habana afirma priorizar las emergencias y los tratamientos oncológicos, la realidad hospitalaria muestra una infraestructura en ruinas. Guerra admitió la escasez persistente de insumos médicos, atribuyéndola a la reducción de vuelos y cargas marítimas hacia la isla. Del cuadro básico de 651 medicamentos, 250 dependen exclusivamente de importaciones que el gobierno cubano no logra garantizar, dejando a la ciudadanía desprovista de tratamientos esenciales y a merced del mercado negro.
La precariedad sanitaria no solo azota a la población civil, sino que se agrava en los centros penitenciarios. Activistas y familiares de presos políticos han denunciado recientemente la proliferación de casos de hepatitis y tuberculosis en las cárceles. La dictadura cubana mantiene a los reclusos en condiciones alimentarias y sanitarias deplorables, lo que constituye una violación sistemática de los derechos humanos y una forma de tortura añadida para quienes se enfrentan al poder o cumplen condenas arbitrarias.
El intento de las autoridades de la isla por proyectar una imagen de control epidemiológico se da en vísperas del verano, temporada crítica tras la epidemia de dengue y chikunguña que azotó al país recientemente y dejó decenas de fallecidos y más de 81.000 contagios, según la Organización Panamericana de la Salud. La incapacidad del ejecutivo cubano para garantizar servicios básicos, agua potable y medicinas augura un empeoramiento de la salud pública en los próximos meses. Mientras la retórica oficial insista en negar la magnitud de las crisis, la ciudadanía continuará sufriendo las consecuencias directas de un sistema que ha colapsado bajo su propia ineficiencia y falta de libertades.
