Las autoridades de la isla han informado sobre el desmantelamiento de una red de compensación financiera que operaba fuera del sistema bancario en Villa Clara, Sancti Spíritus y Las Tunas, con financistas en el extranjero. El Ministerio del Interior (MININT) confirmó que se desarrollan alrededor de un centenar de procesos investigativos vinculados a este sector, en medio de una profunda crisis económica que empuja a la ciudadanía y al sector privado a circuitos financieros no oficiales para poder operar.
Según detalló la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el supuesto cabecilla en Villa Clara gestionaba flujos semanales de entre 20 y 30 millones de pesos cubanos desde el año 2023. El esquema descrito por los medios oficiales responde a una clásica compensación financiera: financistas radicados en Estados Unidos y España captaban remesas para pagar importaciones de actores económicos no estatales dentro de la isla. Estos importadores liquidaban posteriormente en moneda nacional y dólares al organizador, quien se encargaba de distribuir el efectivo a los destinatarios finales de las remesas.
El teniente coronel Yisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Delitos Económicos del MININT, calificó la operatoria como un \»esquema delictivo de compensación financiera internacional\» con márgenes de ganancia que rondan entre el 6 y el 8 por ciento. Hasta el momento, hay cinco personas imputadas y cuatro formas de gestión no estatal vinculadas a la causa. Esta ofensiva no se presenta como un caso aislado; el gobierno cubano mantiene pesquisas similares en Pinar del Río y La Habana, donde individuos dedicados al canje de grandes volúmenes de efectivo satisfacían las demandas de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para financiar sus importaciones.
El colapso económico y la represión financiera
El endurecimiento contra estos circuitos financieros ocurre en un contexto de hiperinflación, desabastecimiento crónico y un sistema bancario ineficiente que ha obligado a la población a depender del mercado informal para sobrevivir. La incapacidad del régimen de La Habana para estabilizar la economía nacional, unificar la moneda y ofrecer garantías cambiarias ha generado un ecosistema paralelo que ahora es severamente criminalizado. Esta ofensiva policial se enmarca en la habitual estrategia del ejecutivo cubano de responsabilizar a actores no estatales y a circuitos de supervivencia de la profunda crisis estructural que su propio modelo centralizado ha provocado.
La represión contra el mercado informal de divisas amenaza con asfixiar aún más las ya limitadas opciones económicas de los cubanos. Mientras la dictadura cubana endurece el cerco contra estos operadores financieros, la falta de alternativas formales y la continua devaluación del peso auguran un escenario de mayor precariedad y dependencia. La criminalización de la necesidad evidencia que, ante el fracaso de las recientes reformas económicas, el Estado opta nuevamente por la vía punitiva, lo que inevitablemente impactará el flujo de remesas y la ya mermada capacidad de importación del sector privado en la isla.
