Las autoridades de la isla anunciaron la habilitación de un nuevo servicio para el traslado de cargas acompañadas en los trenes nacionales de pasajeros, con capacidad para hasta seis toneladas. La medida, implementada en medio de la profunda crisis económica que sufre el país, busca ofrecer una alternativa de movilización de mercancías para personas naturales y jurídicas, aunque opera sobre una infraestructura ferroviaria severamente deteriorada.
El Ministerio de Transporte (MITRANS) informó que la nueva modalidad estará disponible en las cuatro rutas nacionales, desde el punto de origen hasta el destino final. El servicio permite el traslado de paquetería, bultos, carga general en pequeños volúmenes y equipos electrónicos. La tarifa establecida por el ejecutivo cubano asciende a 14,98 pesos cubanos (CUP) por kilómetro recorrido, con un recargo adicional del cinco por ciento si el cliente solicita exclusividad. Por medidas de seguridad, se prohíbe estrictamente el embarque de bicicletas, motorinas o motocicletas que contengan baterías instaladas o combustible en sus depósitos.
Según la nota oficial, las agencias de Rutas Nacionales en las provincias orientales de Holguín, Bayamo, Santiago de Cuba y Guantánamo ya están operativas para gestionar las solicitudes de los usuarios. Sin embargo, la iniciativa se desarrolla en un sector que arrastra décadas de abandono y desinversión. El ferrocarril cubano, otrora una vía vital para la economía nacional, es hoy un reflejo del fracaso de las políticas implementadas por el gobierno cubano en materia de infraestructura y logística.
Una red ferroviaria al borde del colapso
El anuncio de este servicio de carga oculta una realidad mucho más compleja que fue admitida recientemente por la propia dirigencia del sector. Durante una intervención televisiva, Lisvany Fernández Rivero, director general en funciones de la Administración de Transporte Ferroviario, reconoció que el 67% de las vías y el 40% de las obras de infraestructura de la isla requieren mantenimiento urgente. La falta de recursos ha llevado a que el régimen de La Habana solo logre financiar una mínima parte de las reparaciones necesarias, evidenciando la incapacidad del Estado para sostener servicios públicos básicos.
Para garantizar la sostenibilidad mínima de la infraestructura, el directivo señaló que se requieren 900 millones de pesos anuales, de los cuales 25 millones de dólares deben destinarse a la adquisición de materiales, insumos y piezas en divisas. Además, el mantenimiento adecuado demanda entre 60.000 y 80.000 traviesas de hormigón al año, pero en 2023 apenas se consiguió financiar 15.000. Ante este panorama de desabastecimiento y deterioro estructural, las nuevas medidas de carga en trenes de pasajeros parecen más un parche improvisado que una solución real, dejando a la ciudadanía dependiente de un sistema de transporte que colapsa bajo el peso de la ineficiencia burocrática y la crisis económica.
