El vicecanciller de la dictadura cubana, Carlos Fernández de Cossío, aseguró en Nueva York que en la Isla no hay \»ni siquiera uno\» preso político, desmintiendo los informes de Amnistía Internacional. Esta declaración contrasta de forma abrupta con el reciente reporte de la ONG Prisoners Defenders, que documenta un nuevo récord de 1.185 personas encarceladas por razones políticas hasta agosto de 2025.
En el marco de las recientes sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el funcionario del régimen de La Habana enfrentó el escrutinio del periodista Mehdi Hasan, de la plataforma Zeteo. Durante la entrevista, Fernández de Cossío desestimó las acusaciones de Amnistía Internacional sobre la represión a manifestantes, activistas y periodistas independientes, alegando que la organización carece de evidencia y acusándola de estar empecinada y \»financiada\» por sectores antisocialistas. El diplomático llegó al punto de afirmar que los críticos y protestantes no son arrestados de manera arbitraria en el país, manteniendo la línea oficial del Partido Comunista frente a la prensa internacional.
Las declaraciones del ejecutivo cubano chocan frontalmente con la documentación de organizaciones de derechos humanos. El más reciente informe de la ONG con sede en Madrid, Prisoners Defenders, reveló que al cierre de agosto de 2025 Cuba alcanzó un nuevo récord de 1.185 presos políticos. El registro detalla que, solo en ese mes, 13 nuevos casos ingresaron a la lista, evidenciando un patrón sistemático de persecución política, fabricación de cargos y aplicación de condenas desproporcionadas para silenciar cualquier forma de disidencia.
Represión sistemática y vulnerabilidad de los presos
El reporte de Prisoners Defenders profundiza en las precarias condiciones de los encarcelados, destacando que 472 de ellos padecen patologías médicas graves, mientras que 41 sufren trastornos de salud mental severos sin acceso a tratamiento médico o psiquiátrico adecuado. La dictadura cubana también mantiene entre rejas a sectores en situación de especial vulnerabilidad: 33 menores de edad enfrentan condenas o procesos sin tutela judicial, y 122 mujeres permanecen privadas de libertad por motivos políticos. Desde el estallido social del 11 de julio de 2021, las autoridades de la isla han totalizado 1.882 personas encarceladas por razones políticas.
La negación de la crisis carcelaria y represiva por parte de las autoridades de la isla no solo evidencia el desprecio gubernamental por el escrutinio internacional, sino que también busca desvirtuar la realidad de un país sumido en el colapso económico, el desabastecimiento y la falta de libertades fundamentales. Mientras el régimen de La Habana intente lavar su imagen en foros multilaterales, la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen la presión documental sobre un sistema que subsiste a través del encarcelamiento y el amedrentamiento de su propia ciudadanía.
