La proliferación de delitos graves en Cuba evidencia una crisis de seguridad ciudadana que expertos y población atribuyen a la inacción de las autoridades. Mientras el aparato estatal despliega sus recursos para perseguir y silenciar a la disidencia política, el delincuente común actúa con impunidad en comunidades de toda la isla, ante la pasividad de un sistema policial que ha abandonado la prevención del delito.
En localidades como Puerto Padre y a lo largo de todo el territorio nacional, la percepción ciudadana es unánime: la inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes. Asesinatos, robos con fuerza, tráfico de drogas y violaciones del orden público se han convertido en una cotidianidad que las fuerzas del orden parecen incapaces de contener. Esta \»situación operativa adversa\», como la definen los especialistas en criminología, es el resultado directo de la nula vigilancia y control preventivo sobre individuos con conductas antisociales manifiestas, quienes actúan sin el escrutinio de las instituciones encargadas de garantizar la paz pública.
La paradoja radica en el uso selectivo de los recursos del Estado. La dictadura cubana ha demostrado una eficiencia implacable cuando se trata de la persecución política, la censura y el hostigamiento a opositores o activistas. Sin embargo, ese mismo aparato coercitivo se muestra inoperante frente a la criminalidad común. La policía política dedica su accionar a neutralizar a la disidencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos de a pie frente a individuos peligrosos que delinquen abiertamente en sus propios barrios.
Responsabilidad institucional y colapso de la prevención
La responsabilidad de este deterioro social recae directamente en las máximas instancias del poder, desde la jefatura del Partido Comunista y el Ministerio del Interior hasta la Fiscalía General. El régimen de La Habana ha omitido las acciones políticas, sociales y jurídicas necesarias para el saneamiento de la nación, incurriendo en una omisión institucional que permite que los potenciales delincuentes se formen y actúen libremente durante años antes de ser, en el mejor de los casos, detenidos. La falta de profilaxis social es un fallo sistémico que afecta gravemente a la ciudadanía pacífica.
Este fenómeno de inseguridad no puede desvincularse de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. Aunque la pobreza extrema no es una justificación directa para la delincuencia —como demuestran los períodos históricos de carencias materiales donde prevaleció la honestidad cívica—, el actual desabastecimiento, la inflación galopante y el colapso de los servicios públicos crean un caldo de cultivo donde la impunidad y la falta de expectativas erosionan el tejido social. El gobierno cubano ha perdido el control de las calles, enfocando su atención en mantener el poder político antes que en proteger a la población.
Las implicaciones de esta crisis de seguridad son profundas para el futuro de la sociedad cubana. La desprotección ciudadana se suma al ya agobiante panorama de escasez y represión, incrementando el deseo de exilio y profundizando el descontento social. Mientras las autoridades de la isla persistan en priorizar el control ideológico sobre la seguridad real de los cubanos, la criminalidad seguirá minando la ya frágil estabilidad de la nación, exigiendo una respuesta de la comunidad internacional que cuestione no solo las violaciones de derechos humanos, sino también el abandono al que el ejecutivo cubano somete a su propia población en materia de seguridad ciudadana.
