La Asamblea Nacional del Poder Popular publicó un proyecto de ley que reduce la Administración Central del Estado a 20 carteras, en medio de la profunda crisis económica y productiva que atraviesa la isla. La propuesta, que será sometida a votación en julio, busca concentrar funciones clave en áreas como la agroalimentación y las finanzas bajo el argumento de lograr una mayor eficacia administrativa.
El ejecutivo cubano pretende reordenar su estructura burocrática, pasando de los actuales 27 organismos (22 ministerios, cuatro institutos nacionales y el Banco Central) a 20 ministerios. El texto de 72 páginas justifica esta remodelación —una de las más amplias en décadas— como una necesidad para \»reordenar, redimensionar y perfeccionar\» la gestión pública. Sin embargo, la iniciativa llega en un momento donde la ineficacia del modelo centralizado ha provocado el colapso de sectores estratégicos y una alarmante escasez de recursos básicos para la población.
Entre las modificaciones más destacadas figura la creación del Ministerio de Agroalimentación, que absorberá las competencias de las carteras de Agricultura e Industria Alimentaria, incluyendo la producción cañera y azucarera, sectores históricamente en declive. Asimismo, las autoridades de la isla proponen unificar el comercio interior y exterior bajo el Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera, un ente que controlaría desde el comercio en todas sus modalidades hasta la captación de financiamiento internacional, en un intento desesperado por atraer capital que evite el colapso total de la economía.
Concentración de poder en medio del colapso productivo
Otra fusión de gran calado daría origen al Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación, consolidando el control sobre la política presupuestaria, tributaria y de precios. En el ámbito educativo y científico, el gobierno cubano fusionará Educación Superior con Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Estas medidas, lejos de significar una apertura o descentralización, responden a una mayor concentración del poder de decisión en manos del Estado, manteniendo intacto el modelo económico que ha llevado a la ruina al país.
Esta reestructuración burocrática ocurre en un contexto de crisis sistémica agudizada por la hiperinflación, el desabastecimiento crónico y un éxodo migratorio sin precedentes. La dictadura cubana opta por reformas cosméticas en su organigrama estatal mientras evita implementar cambios estructurales reales que permitan la libre empresa, la propiedad privada plena y la democratización política. La concentración de funciones en menos ministerios no garantiza por sí misma una mejora en la provisión de servicios públicos, sino que podría profundizar la rigidez del aparato estatal frente a las demandas ciudadanas.
A futuro, la aprobación de este proyecto en la sesión parlamentaria de julio no representará un alivio para la precaria situación de los cubanos. La comunidad internacional y los observadores económicos coinciden en que, mientras el régimen de La Habana mantenga su monopolio sobre la economía y rechace cualquier rendición de cuentas democrática, las fusiones administrativas serán únicamente un maquillaje institucional incapaz de revertir el fracaso del modelo estatista que asfixia a la nación.
