El gobernante Miguel Díaz-Canel anunció que su gobierno aplicará la misma estrategia utilizada durante la pandemia para combatir la actual epidemia de Síndrome Febril Inespecífico (SFI) y arbovirosis. La medida se anuncia en medio de un rebrote de dengue y chikunguña, con deficiencias estructurales en el control vectorial y una notoria opacidad en los datos epidemiológicos oficiales que impiden dimensionar la real gravedad de la crisis sanitaria en la isla.
En una reunión celebrada en el Palacio de la Revolución con expertos y científicos del sector salud, el mandatario afirmó que se trabajará esta epidemia «como mismo se trabajó la COVID-19». La declaración del ejecutivo cubano genera profunda incertidumbre entre la población, dado que la gestión de la pandemia anterior se caracterizó no solo por el despliegue de medidas de aislamiento, sino también por la escasez de recursos médicos, la persecución a voces críticas y la falta de transparencia en la reportación de fallecidos.
El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) presentó un balance donde asegura que la semana recién concluida mostró una disminución de casos de SFI en ocho provincias: La Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Sin embargo, el propio informe oficial se contradice al reconocer un aumento de pacientes febriles en 68 municipios del país, evidenciando que el brote no está controlado y mantiene en vilo a amplios sectores de la población.
Avance de arbovirosis y deficiencias en el control vectorial
Sobre la transmisión de arbovirosis, las autoridades de la isla confirmaron la presencia de dengue en 38 municipios, con una incidencia alarmante en la capital, donde se reportaron casos en todos los municipios habaneros. En cuanto al chikunguña, el reporte oficial arroja un acumulado de 21.681 casos, de los cuales más de 20.000 son sospechosos clínicamente y solo 692 confirmados por laboratorio. Esta enfermedad se ha dispersado por 14 provincias, 93 municipios y 151 áreas de salud, concentrando Matanzas, La Habana, Camagüey, Cienfuegos, Artemisa y Villa Clara el 98,5 % de los contagios.
El manejo de la epidemia choca con la incapacidad operativa del sistema sanitario para ejecutar campañas de fumigación efectivas. La doctora Madelaine Rivera Sánchez, directora nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial del MINSAP, reconoció públicamente las limitaciones de cobertura, admitiendo que «no se ha podido llegar a todos los lugares» como ocurría en brotes anteriores. Esta confesión refleja la profunda crisis del Estado, imposibilitado de sostener una infraestructura básica de prevención debido a la falta de combustible, recursos y personal especializado.
Para el seguimiento de los pacientes, el régimen de La Habana ha recurrido a la misma estrategia de la pandemia: la movilización de estudiantes de Medicina de quinto año para reforzar los equipos de vigilancia. La doctora Yagen Pomares Pérez, directora general de Atención Primaria del MINSAP, detalló que la prioridad es el ingreso de todos los pacientes con SFI, ya sea a nivel domiciliario o institucional. Los protocolos obligan la hospitalización de menores de dos años, gestantes y adultos mayores con comorbilidades, así como adultos que presenten signos de alarma como fiebre prolongada o pérdida de conciencia.
Opacidad informativa y dependencia del criterio clínico
A pesar de la presentación de cifras detalladas por territorios, el informe del gobierno cubano omite información crucial para evaluar el impacto real de la emergencia sanitaria. No se ofrecieron datos sobre tasas de hospitalización, ocupación de camas, gravedad de los casos, letalidad, mortalidad ni la capacidad diagnóstica real del sistema. La enorme brecha entre casos sospechosos y confirmados de chikunguña subraya una peligrosa dependencia del criterio clínico frente a la confirmación de laboratorio, sin que se explique la disponibilidad de pruebas o el tiempo de espera para los resultados.
Tampoco se precisaron los niveles de infestación vectorial, como los índices del mosquito Aedes, ni la frecuencia real de los ciclos de fumigación por territorio. Esta falta de transparencia es una constante en la comunicación institucional de la isla, donde los datos suelen maquillarse para evitar el pánico social o para diluir la responsabilidad del Estado en el colapso de los servicios públicos.
Antecedentes y el fantasma de la gestión pandémica
Para entender la alarma que genera la declaración de Díaz-Canel, es necesario remitirse a los antecedentes de la gestión de la COVID-19 en Cuba. Durante esos años, el gobierno cubano implementó un sistema de aislamiento en centros estatales que fue criticado por diversas organizaciones internacionales por su carácter coercitivo. Muchos ciudadanos fueron trasladados a centros de aislamiento sin el consentimiento adecuado, separados de sus familias y expuestos a condiciones de hacinamiento y desnutrición. La falta de medicamentos y la saturación hospitalaria llevaron a un número indeterminado de muertes que las cifras oficiales nunca lograron reflejar con exactitud.
Además, fue precisamente en el contexto de la pandemia cuando estallaron las protestas históricas del 11 de julio de 2021. La frustración acumulada por los apagones, la escasez de alimentos y la ineficacia en el manejo sanitario derivó en un estallido social que fue sofocado con violencia estatal. La dictadura cubana utilizó el pretexto del control sanitario para perseguir, enjuiciar y encarcelar a cientos de manifestantes. Anunciar hoy el regreso a ese mismo esquema sugiere que el régimen podría estar preparando el terreno para nuevas restricciones a la movilidad ciudadana bajo el paraguas de una emergencia epidemiológica.
Contexto: El colapso sanitario en la crisis estructural cubana
La actual crisis epidemiológica no es un evento aislado, sino la consecuencia directa del deterioro sistémico que sufre Cuba. El sistema de salud, otrora exhibido por el gobierno cubano como su principal logro de legitimidad internacional, se encuentra en estado de postración. La falta de medicamentos básicos, la infraestructura hospitalaria en ruinas y la deficiencia en el suministro de agua potable configuran un escenario propicio para la propagación de enfermedades.
El colapso del sistema de acueductos y alcantarillado obliga a millones de cubanos a almacenar agua en todo tipo de recipientes durante días, ante la irregularidad del suministro. Esta realidad, sumada a la falta de recolección de basura, crea el caldo de cultivo ideal para el mosquito Aedes aegypti. Las fumigaciones, que antes se realizaban con cierta periodicidad, hoy son prácticamente nulas en muchas zonas debido a la falta de insecticidas y combustible para los vehículos de control vectorial.
Además, el masivo éxodo migratorio de los últimos años ha diezmado al personal médico y de enfermería. Muchos profesionales de la salud han abandonado el país huyendo de los bajos salarios y las precarias condiciones de vida, dejando un vacío que el Estado intenta tapar con estudiantes universitarios que asumen responsabilidades más allá de su experiencia. La inflación galopante y la incapacidad del ejecutivo cubano para garantizar la seguridad alimentaria agravan la vulnerabilidad inmunológica de la población, especialmente de los niños y los ancianos.
Implicaciones y panorama a futuro
La decisión de las autoridades de la isla de recurrir a un manual de gestión ya cuestionado por su ineficacia y autoritarismo augura meses de profunda zozobra para la ciudadanía. Sin una intervención real en el control vectorial, sin insumos médicos y sin transparencia informativa, las arbovirosis seguirán cobrando víctimas en silencio. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán mantener una vigilancia estrecha sobre la actuación del régimen, exigiendo que las medidas sanitarias no se conviertan en una nueva herramienta de represión y censura contra un pueblo que ya soporta el peso de una crisis económica, social y política sin precedentes.
