La Habana. – La crisis estructural que atraviesa Cuba ha derivado en un abandono sistemático de la población por parte del Estado. Ante la incapacidad del gobierno cubano para garantizar servicios básicos, los ciudadanos se ven obligados a asumir responsabilidades que corresponden a las instituciones, desde la reparación de viviendas hasta la provisión de insumos médicos y la seguridad ciudadana, evidenciando un desmantelamiento de las funciones estatales que agrava la precariedad social.
Desde la crisis de los años noventa, y de manera más aguda en la última década, el régimen de La Habana ha perdido capacidad para sostener el contrato social que históricamente justificó su control. Los salarios estatales, que engloban a la inmensa mayoría de la fuerza laboral de la isla, resultan insuficientes para la subsistencia, empujando a los ciudadanos a buscar alternativas económicas por cuenta propia. Esta desconexión entre los ingresos y el costo de la vida ha sido el primer indicador de un aparato burocrático que, en la práctica, ha delegado sus obligaciones económicas en la población.
La inacción gubernamental se extiende a la infraestructura y la seguridad. Los propietarios de viviendas en mal estado son conscientes de que deben asumir las reparaciones con sus propios recursos, pues las autoridades de la isla raramente intervienen antes de que ocurra un derrumbe fatal. En materia de seguridad ciudadana, la ausencia policial es evidente; cuando los agentes del orden aparecen, su función suele limitarse a proteger a los delincuentes de la indignación popular, en lugar de garantizar la protección de los ciudadanos afectados por la creciente inseguridad.
El desabastecimiento de servicios públicos obliga a la ciudadanía a improvisar soluciones de supervivencia. Frente a los apagones constantes, quienes reciben remesas del exterior han optado por la instalación de paneles solares, mientras que el acceso al agua potable depende cada vez más de la compra ilegal de camiones cisterna o de conexiones clandestinas al acueducto. En el sector de la salud, otrora baluarte del sistema, los pacientes deben acudir a los hospitales portando desde material estéril y jeringuillas hasta bisturíes e insumos para anestesia, asumiendo de facto el financiamiento de la atención médica que el ejecutivo cubano no logra proveer.
La indolencia institucional frente a las necesidades ciudadanas
La falta de respuesta estatal alcanza también a las telecomunicaciones, un sector controlado por el monopolio estatal ETECSA. En barrios como Lawton, en la capital, los usuarios llevan semanas sin cobertura móvil debido a averías en las torres de transmisión. Ante las quejas de los afectados, la respuesta de la empresa estatal ha sido de una indolencia absoluta, sugiriendo a los usuarios que \»prescindan del móvil\». Este nivel de cinismo institucional refleja cómo el gobierno cubano utiliza su control monopólico no para garantizar derechos, sino para someter a la población a un estado de indefensión permanente.
Este abandono no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de la crisis sistémica que atraviesa la isla, marcada por una hiperinflación galopante, un éxodo migratorio sin precedentes y el colapso productivo. La dictadura cubana mantiene intacto su aparato represivo y de censura, pero ha desmantelado las estructuras de bienestar social, dejando a los ciudadanos en un estado de supervivencia absoluta. Ante este panorama, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben comprender que la crisis cubana no es solo económica, sino un grave caso de negligencia estatal intencional, donde el poder retiene el control político mientras evita toda responsabilidad sobre la vida y la dignidad de su pueblo.
