El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) ha reconocido la muerte de 33 personas a causa de arbovirosis, de las cuales 21 eran menores de 18 años, en medio de una crisis sanitaria que se extiende por todo el territorio nacional. La viceministra del sector, Carilda Peña García, confirmó que el país se encuentra en \»zona de epidemia\», evidenciando el colapso del sistema de vigilancia y control vectorial frente a la propagación del dengue y el chikunguña.
Durante una intervención televisiva, la funcionaria detalló que 12 decesos se atribuyen al dengue y 21 al chikunguña. Aunque las autoridades de la isla aseguraron que la curva de casos muestra una ligera disminución a nivel general, admitieron que el corredor endémico se mantiene en niveles epidémicos en casi todo el país, con excepción de Matanzas y el municipio especial Isla de la Juventud. La enfermedad mantiene una circulación activa en las 14 provincias, 43 municipios y 51 áreas de salud, lo que demuestra la incapacidad del Estado para contener el brote.
El reporte oficial registró 5.717 nuevos casos de chikunguña en la última semana analizada, elevando el acumulado a casi 39.000 sospechosos clínicos, de los cuales apenas 1.260 han sido confirmados por PCR. El gobierno cubano justificó la falta de pruebas de laboratorio masivas alegando que, ante un escenario epidémico, los casos sospechosos se tratan como positivos para el manejo sanitario. Asimismo, el índice de infestación por mosquitos escaló a 0,89, con Camagüey, Pinar del Río, Santiago de Cuba, Sancti Spíritus y La Habana como las provincias más afectadas por la presencia del vector.
El colapso estructural detrás de la crisis sanitaria
El propio MINSAP atribuyó el aumento de la infestación a condiciones ambientales y estructurales crónicas que sufre la isla: la acumulación de agua debido a las dificultades en el abasto, las severas deficiencias en la recogida de desechos sólidos y la falta de recursos materiales para sostener campañas sistemáticas de fumigación. Esta realidad es un reflejo directo de la profunda crisis económica y de servicios públicos que enfrenta el régimen de La Habana, incapaz de garantizar condiciones mínimas de salubridad para la población. La opacidad con la que la dictadura gestiona la información sanitaria también resulta evidente, ya que los reportes oficiales omiten datos cruciales como la distribución territorial de los fallecidos, las fechas exactas de los decesos o las comorbilidades de los pacientes.
Este dramático saldo de 33 muertes, con una alarmante incidencia infantil, contrasta con afirmaciones previas de la misma viceministra, quien a mediados de octubre había reconocido apenas tres fallecidos por dengue en lo que va de año. La magnitud de la actual crisis de arbovirosis refleja no solo el deterioro del sistema de salud, sino también la vulnerabilidad de una ciudadanía desprovista de recursos básicos para protegerse. Ante la falta de medicamentos, la ineficacia del ejecutivo cubano en el saneamiento ambiental y el ocultamiento de información oportuna, la población se enfrenta a un escenario de desamparo que amenaza con agravarse en los próximos meses, profundizando el descontento social y la presión migratoria.
