El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que más del 80% de los ciudadanos mayores de 17 años respaldó la reciente campaña de firmas impulsada por el Estado, en un ejercicio que organizaciones independientes califican de imposición política. Durante su intervención en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, el mandatario también aseguró que más de cinco millones de personas participaron en las movilizaciones del Primero de Mayo.
Ante cientos de delegados extranjeros reunidos en el Palacio de las Convenciones, el ejecutivo cubano defendió el alcance de la iniciativa denominada \»Mi firma por la Patria\», presentada como un rechazo al embargo estadounidense y a supuestas amenazas externas. Díaz-Canel celebró lo que calificó como \»dos victorias para estos tiempos\», refiriéndose tanto a la recolección de firmas como a los desfiles del día internacional de los trabajadores. Las autoridades de la isla cifraron en 6.230.973 las adhesiones obtenidas, argumentando que el respaldo provino de diversos sectores sociales, incluyendo estudiantes, campesinos y trabajadores.
Sin embargo, la narrativa oficial contrasta con las denuncias de organismos de la sociedad civil. El Observatorio de Libertad Académica ha documentado un \»patrón coercitivo en los espacios académicos\» vinculado a la recolección de firmas. La organización sostiene que la participación en estos actos no responde a una decisión voluntaria, sino que constituye una extensión del deber cívico impuesto por el Estado, lo que representa una extralimitación de las facultades políticas y una violación directa de los derechos fundamentales en la isla.
Control social en medio de la crisis estructural
Estas movilizaciones y campañas de firmas se producen en un contexto de profunda crisis económica y social que atraviesa Cuba. El régimen de La Habana ha recurrido históricamente a la demostración de fuerza en las calles como mecanismo para proyectar una imagen de unidad interna, frente a la inflación galopante, el colapso de los servicios públicos y el masivo éxodo migratorio que ha mermado a la población. La presión institucional para garantizar asistencia a actos públicos y la recolección de respaldos es una táctica recurrente de la dictadura cubana para silenciar el descontento social y simular un consenso inexistente.
Las afirmaciones del gobierno cubano llegan en un momento de creciente escrutinio internacional sobre la situación de los derechos humanos en el país. Las acusaciones de coacción evidencian la falta de libertades civiles y políticas que impide cualquier ejercicio democrático genuino. Mientras el Estado continúe utilizando sus aparatos institucionales para forzar el respaldo ciudadano, la legitimidad de estas cifras oficiales seguirá siendo cuestionada tanto dentro como fuera de la isla, profundizando el aislamiento político y la desconfianza hacia las instituciones.
