El gobierno cubano continúa la entrega del donativo enviado por México a través de la red de bodegas y la libreta de abastecimientos, priorizando a grupos vulnerables. Sin embargo, las autoridades de la isla mantienen un hermetismo total sobre el balance real de los productos distribuidos, lo que aviva las dudas ciudadanas sobre el destino final de los más de 4.500 toneladas de alimentos y medicinas llegadas en los últimos meses.
Según un parte oficial del Ministerio del Comercio Interior (MINCIN), los consumidores dispondrán de un plazo de 30 días para retirar los productos una vez que estos arriben a los establecimientos minoristas. El reparto, que ha avanzado con lentitud debido a la aguda crisis de combustible que atraviesa el país, ha comenzado a trasladarse desde almacenes mayoristas en la capital hacia municipios como Arroyo Naranjo y Marianao, así como hacia las provincias de Mayabeque, Cienfuegos y Pinar del Río. En este último territorio, se ha reportado la asignación de un kilogramo de leche en polvo descremada por cada niño entre uno y seis años.
La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, ha asegurado que la distribución responde a un análisis de las cantidades disponibles y a la voluntad de los donantes, priorizando a embarazadas, adultos mayores de 65 años y menores con deficiencias nutricionales. Esta logística se aplica a los cuatro embarques procedentes de México, que suman más de 4.500 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo frijol, leche en polvo, insumos médicos y medicamentos. Los buques Papaloapan y Huasteco fueron los encargados de transportar gran parte de estos víveres, destinados supuestamente a mitigar la profunda escasez que sufre la población.
Opacidad y falta de rendición de cuentas
A pesar de los reportes fragmentados que detallan la entrega de arroz, aceite, sardinas y artículos de aseo en zonas específicas de La Habana y el oriente de la isla, el ejecutivo cubano no ha presentado un balance nacional unificado. No existe claridad pública sobre qué porcentaje de la ayuda ya ha sido entregado, qué cantidades permanecen pendientes y cómo se ha distribuido exactamente por provincias. Esta falta de transparencia es una constante en la gestión de la dictadura cubana, que administra la asistencia internacional a través de los mismos mecanismos de control estatal que han profundizado el colapso estructural del sistema económico.
La dilución de la ayuda humanitaria en la burocracia estatal refleja la incapacidad del régimen para garantizar el bienestar básico de sus ciudadanos, obligándolos a depender de la cartilla de racionamiento para acceder a donativos extranjeros. Mientras la población continúa enfrentando altos índices de inflación, desabastecimiento y un éxodo migratorio sin precedentes, la opacidad en la entrega de estos alimentos deja en evidencia cómo el aparato estatal prioriza el control social sobre la eficacia y la rendición de cuentas ante una sociedad que reclama soluciones urgentes a la crisis.
