La principal inmobiliaria estatal de Cuba, Cubija, controlada por el sector militar, ha notificado a sus arrendatarios extranjeros que a partir del 1 de julio deberán abonar sus contratos exclusivamente en dólares estadounidenses al tipo de cambio oficial. La disposición, que multiplica por 15 el costo real de los alquileres si se contrasta con el mercado informal, representa un nuevo capítulo en la política de dolarización forzada impulsada por las autoridades de la isla para hacer frente a la profunda crisis fiscal y de liquidez que atraviesa el país.
La medida fue comunicada mediante cartas oficiales a las que tuvo acceso la agencia EFE, donde se especifica de manera categórica que «el precio mensual del inmueble arrendado será en (dólares estadounidenses) USD». Esta exigencia se aplica al tipo de cambio oficial vigente para personas jurídicas, fijado en 1 USD por 24 pesos cubanos (CUP), una cifra que dista abismalmente de la realidad económica del país. Hasta ahora, las empresas y particulares no cubanos podían cumplir con sus obligaciones de arrendamiento utilizando la moneda nacional, incluso cuando sus ingresos provenían del propio Estado cubano.
Cubija opera bajo el paraguas del grupo empresarial PALCO S.A., un holding que responde directamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) a través de la corporación GAESA. Este detalle institucional es crucial para entender la naturaleza de la exigencia: el ejecutivo cubano está utilizando su aparato militar-empresarial para captar divisas frescas de manera coercitiva, trasladando el peso de su ineficiencia económica a los actores internacionales que aún mantienen operaciones en el territorio nacional. GAESA controla gran parte del sector turístico, comercial y inmobiliario, operando con una lógica de monopolio que ahoga cualquier intento de competencia real.
El anuncio ha desatado un rechazo generalizado entre los arrendatarios afectados. Según confirmaron fuentes a EFE, numerosos inquilinos han respondido por escrito rechazando de manera total o parcial la imposición, e incluso negándose a adoptarla. La resistencia se ha manifestado tanto de forma individual como colectiva, evidenciando el descontento de la comunidad de negocios y residentes extranjeros ante las decisiones arbitrarias del poder, que se toman sin control democrático ni consulta a los sectores involucrados. La modificación unilateral de contratos vigentes plantea serias dudas sobre la seguridad jurídica en la isla.
El impacto económico de esta resolución es devastador para los bolsillos de los inquilinos y para la viabilidad de los negocios extranjeros. Al obligar el pago en dólares al cambio oficial de 24 CUP, el costo del arrendamiento se multiplica hasta 15 veces si se compara con el tipo de cambio del mercado informal, que actualmente fluctúa alrededor de los 375 CUP por dólar. Esta brecha cambiaria demuestra la desconexión total entre las cifras manejadas por la burocracia estatal y la realidad monetaria que sufre la población, así como la voluntad del Estado de subsidiar su crisis a costa de la sobreexplotación de sus clientes.
Para justificar esta política, la inmobiliaria esgrimió la Resolución No. 20/2025 del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), fechada el 31 de marzo. Este documento aprobó el denominado «esquema de financiamiento en divisas», un mecanismo que permite a las empresas estatales disponer de un porcentaje de las divisas que generan. En un entorno de severa restricción monetaria interna, donde el Estado no logra centralizar suficientes recursos, el gobierno cubano busca aferrarse a cualquier flujo de caja en moneda dura para sostener su estructura y evitar el colapso total de sus importaciones básicas.
Un sistema bancario en colapso y «corralito» financiero
La imposición del pago en dólares se produce en medio de un colapso sistémico del sistema bancario cubano. Las condiciones financieras actuales son precarias, caracterizadas por una escasez crítica de efectivo en pesos y la virtual imposibilidad de extraer divisas de las cuentas. Esta situación ha configurado una especie de «corralito» financiero no declarado, donde el dinero existe en los libros contables pero no en la práctica. Los bancos imponen límites estrictos de retiro, y las transferencias digitales se han vuelto la norma, aunque sin el respaldo de liquidez suficiente para garantizar el funcionamiento de la economía real.
Empresas extranjeras asentadas en el país han denunciado que se encuentran imposibilitadas de repatriar divisas desde sus cuentas en bancos cubanos, acumulando saldos millonarios sin acceso real a los fondos. Esta parálisis afecta su capacidad para importar insumos, pagar a proveedores internacionales o distribuir dividendos a sus matrices. Ante esta crisis de liquidez, las autoridades de la isla ofrecieron en algunos casos abrir cuentas nuevas en moneda extranjera con fondos provenientes del exterior, asegurando que habría disponibilidad de respaldo. Sin embargo, los afectados confirman que esta promesa no se ha cumplido de manera efectiva, dejando a los inversores en un limbo jurídico y financiero que fomenta la desinversión.
Contexto de una crisis estructural
Esta nueva exigencia no es un hecho aislado, sino una pieza más en el rompecabezas de la crisis estructural que asola a Cuba. La inflación galopante, la depreciación incontrolable del peso cubano y el fracaso del llamado «Ordenamiento Monetario» implementado en 2021 han destruido la capacidad adquisitiva de la moneda nacional. Ante la incapacidad de generar riqueza real mediante la producción agroindustrial o el comercio competitivo, el régimen de La Habana ha optado por la extracción directa de divisas donde sea posible, sin importar el daño a la ya mermada confianza de los inversores y de la ciudadanía.
La dolarización asimétrica impuesta por el Estado forma parte de una batería de medidas implementadas con carácter de urgencia para captar moneda dura. Entre estas destacan la apertura y mantenimiento de tiendas en moneda libremente convertible (MLC) y el reciente «tarifazo» de la empresa de telecomunicaciones ETECSA, que obligó a los ciudadanos a pagar servicios adicionales en dólares ante la imposibilidad de hacerlo en pesos. Estas políticas evidencian una discriminación económica que penaliza a quienes dependen del peso cubano y privilegia a la cúpula militar que administra las divisas, profundizando la desigualdad social y la fragmentación del mercado interno.
Antecedentes de la dolarización y el control militar
Históricamente, la economía cubana ha dependido del flujo de divisas proveniente del turismo y las remesas, sectores que también atraviesan por una profunda depresión estructural. La herencia del sistema de doble moneda, supuestamente eliminado en 2021, ha resurgido con mayor virulencia, creando un caos monetario donde el dólar es el único refugio de valor frente a un peso que no cumple las funciones básicas del dinero. La corporación GAESA, que controla a Cubija a través de PALCO, es la principal beneficiada de este esquema, consolidando su hegemonía sobre los sectores estratégicos de la economía nacional en detrimento del desarrollo productivo y de la pequeña y mediana empresa.
La Ley de Inversiones Extranjeras, promulgada para atraer capital internacional, se ha convertido en letra muerta ante la constante vulneración de sus preceptos por parte del Estado. La imposibilidad de repatriar ganancias y la modificación unilateral de las condiciones de arrendamiento son prácticas que contradicen los supuestos incentivos ofrecidos a los inversores foráneos. La historia reciente de Cuba demuestra que, cuando la crisis de caja aprieta, el gobierno cubano no duda en congelar fondos de empresas mixtas o imponer nuevas tasas tributarias retroactivas, socavando cualquier atisbo de seguridad jurídica.
En conclusión, la exigencia de pago en dólares a inquilinos extranjeros no resuelve los problemas de fondo de la economía cubana, sino que actúa como un parche temporal para una maquinaria estatal al borde de la asfixia financiera. Las consecuencias a futuro apuntan a un mayor aislamiento económico, la probable salida de empresas y residentes foráneos ante la inviabilidad financiera de sus operaciones, y el ahondamiento de la represión económica contra cualquier actor que no se pliegue a las exigencias del poder. La dictadura cubana exporta su crisis fiscal a la comunidad internacional, demostrando una vez más que la falta de libertades públicas se corresponde con la inseguridad de los derechos patrimoniales y económicos.
