El segundo proceso judicial contra el exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, comenzó en La Habana rodeado de un estricto dispositivo de secretismo y sin comunicación oficial previa a la población. La sala de actos tuvo que ser reorganizada para albergar a más de una decena de acusados, en un juicio que refleja la opacidad con la que el régimen de La Habana gestiona los escándalos de corrupción en sus altas esferas.
Según fuentes con conocimiento directo del caso, el proceso se desarrolla sin que se haya divulgado si la vista es pública o privada, mientras el abogado defensor de Gil Fernández, Abel Solá, mantiene un absoluto silencio. Un jurista consultado desde Villa Clara advirtió que la falta de transparencia vulnera principios esenciales como el control ciudadano sobre los jueces, el derecho a conocer los argumentos de la defensa y la presunción de inocencia. El letrado alertó de que, de consolidarse esta metodología, la judicatura corre el riesgo de convertirse en un mero instrumento formal de represión de libertades y derechos fundamentales sin precedentes.
Los delitos imputados al exministro —malversación, lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias— están vinculados a su etapa al frente de la empresa de seguros marítimos Caudal en el Reino Unido, período en el que disfrutó de privilegios propios de altos ejecutivos. La hermana de Gil Fernández, la abogada María Victoria Gil, señaló que la familia considera que la separación de los procesos no es casual, sino una estrategia del gobierno cubano para administrar la información y mitigar el impacto político de un expediente que involucra a figuras clave del poder y podría destapar el funcionamiento de las estructuras estatales para gestionar capitales en el exterior.
Un patrón de censura y control institucional
Este nuevo juicio sigue la misma línea del primer proceso celebrado a mediados de noviembre en Marianao, el cual se desarrolló a puerta cerrada en una sala militar, con un despliegue de seguridad que incluyó el cierre de calles y la vigilancia perimetral. Esta dinámica de hermetismo judicial no es un hecho aislado, sino que responde a la lógica sistémica de la dictadura cubana, que busca ocultar la profunda podredumbre institucional mientras la ciudadanía enfrenta el colapso económico, la hiperinflación y el desabastecimiento generalizado. La represión y la censura informativa se imponen como mecanismos para evitar que la opinión pública conozca las redes de enriquecimiento ilícito que operan desde las cúpulas del poder.
El avance de este proceso bajo total opacidad deja en evidencia la ausencia de un Estado de derecho en la isla y la subordinación del sistema judicial a los intereses políticos de la dirigencia. A medida que se desarrollen las audiencias, la falta de peticiones fiscales claras y de identidades públicas de los acusados impedirá a la sociedad civil dimensionar la magnitud real de la corrupción estatal. Ante este escenario, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen la mirada puesta en cómo las autoridades de la isla instrumentalizan la justicia para purgar disidencias internas y maquillar responsabilidades frente a una crisis que parece no tener solución dentro de los márgenes del actual modelo autoritario.
