Durante una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, aseguró categóricamente que «en Cuba no hay mendigos», atribuyendo la visible indigencia en las calles a personas «disfrazadas» que han optado por «un modo de vida fácil». Las declaraciones de la titular ocurren en medio de una profunda crisis económica que ha disparado la pobreza, y coinciden con la implementación de nuevas medidas punitivas para «limpiar» las calles, especialmente en zonas turísticas.
En su intervención ante el Parlamento, Feitó Cabrera presentó el Acuerdo 10.068, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, el cual pretende «perfeccionar» la política de gestión de personas en situación de calle, a quienes el ejecutivo cubano denomina eufemísticamente como «deambulantes». La ministra desestimó de plano que las personas que limpian parabrisas en los semáforos o rebuscan en la basura lo hagan por necesidad extrema o hambre. Según su narrativa, estas conductas no son producto del colapso económico, sino elecciones individuales que violan el fisco al operar como «ilegales del trabajo por cuenta propia en la recuperación de materias primas».
La lógica expuesta por la titular del Ministerio de Trabajo ignora la realidad visible en cada esquina del país. Asegurar que quienes rebuscan en la basura lo hacen para «recuperar materias primas» y evadir impuestos, en lugar de buscar alimento, constituye una manipulación del lenguaje para maquillar el fracaso estatal. Esta retórica busca despojar a la pobreza de su rostro más crudo, transformando la urgencia vital en una supuesta infracción legal. Al hacerlo, el gobierno cubano justifica la persecución de los más desfavorecidos, presentándolos no como víctimas del sistema, sino como transgresores de la ley.
El discurso oficial fue más allá al criminalizar la empatía ciudadana. Feitó Cabrera rechazó cualquier gesto de solidaridad hacia estas personas, señalando que entregar dinero en la calle «está deformando» a la sociedad. «Hay que combatirlo, no podemos permitir estas conductas», enfatizó la funcionaria, instando a la población a ignorar la precariedad visible y a tratar la mendicidad como una desviación conductual que debe ser erradicada antes que asistida.
Control social y «limpieza» de calles: la estrategia de Matanzas
Las declaraciones de la ministra no son un hecho aislado, sino que forman parte de una estrategia coordinada por el régimen de La Habana para ocultar la miseria ante el turismo y la opinión pública. En abril pasado, la gobernadora de Matanzas, Marieta Poey Zamora, emitió una directiva oficial ordenando la creación de «grupos multisectoriales» con el objetivo de localizar, controlar y trasladar a las personas sin hogar hacia centros especiales. La medida incluye la eliminación de quienes «asedian al turismo» y penalizaciones severas, omitiendo por completo las causas estructurales que empujan a los ciudadanos a la marginalidad.
Este plan, orquestado desde el Consejo de Ministros, ordena a los gobiernos municipales identificar y forzar el traslado de indigentes a centros de aislamiento bajo criterios que han sido ampliamente cuestionados por organizaciones defensoras de los derechos humanos. La dictadura cubana, a través de estas políticas punitivas, opta por la reclusión y el ocultamiento de la pobreza en lugar de ofrecer soluciones reales, revelando un enfoque autoritario que criminaliza la miseria mientras se lava las manos de su responsabilidad en el desastre económico.
La negación de la crisis: antecedentes y manipulación del lenguaje
La negación sistemática de la pobreza por parte de las autoridades de la isla tiene antecedentes recientes. En junio de 2024, la propia Feitó Cabrera definió la «conducta deambulante» como un «trastorno del comportamiento humano multicausal», atribuyéndole características de «inestabilidad, carencia de autocuidado y de proyecto de vida favorable». En su diagnóstico, la ministra omitió deliberadamente factores determinantes como el desempleo masivo, el colapso del sistema de salud mental, la inflación galopante y las pensiones de miseria que empujan a miles de cubanos a abandonar sus hogares.
Pese a la retórica oficial, las cifras proporcionadas por el propio gobierno evidencian la magnitud del problema. Actualmente, la isla cuenta con apenas nueve «Centros de Protección Social», que atienden a más de 3.700 personas. El perfil de esta población destruye la teoría de la «vida fácil»: el 87% son hombres, el 50% tiene edades comprendidas entre los 41 y los 59 años, y un alarmante 24% presenta algún tipo de trastorno psiquiátrico. Además, el 38% de estos ciudadanos no tiene un domicilio al cual regresar, lo que confirma el arraigo del fenómeno de la falta de vivienda en el país.
Contexto: El fracaso del modelo económico y la crisis estructural
La insistencia del gobierno cubano en negar la mendicidad contrasta de forma abrupta con la realidad que sufren los ciudadanos a diario. La nación atraviesa su peor crisis económica desde el colapso del bloque soviético, agravada por el fracaso del llamado Ordenamiento Monetario y la incapacidad estatal para impulsar la producción nacional. La inflación incontrolable ha licuado los salarios, mientras que el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas obliga a las familias a destinar la mayor parte de su tiempo a la supervivencia básica. En este contexto, el salario promedio estatal resulta insuficiente para cubrir ni siquiera una cuarta parte de la canasta básica familiar.
Esta fractura social ha sido el principal motor del éxodo migratorio sin precedentes que ha vaciado a Cuba de su fuerza joven y productiva. Sin embargo, para quienes no tienen los recursos para emigrar o cuyas familias en el exterior no pueden enviar remesas en divisas, la única opción es la marginalidad. La mendicidad, el trueque de pertenencias personales y la búsqueda de alimentos en vertederos no son elecciones de «vida fácil», sino consecuencias directas de la desesperación. El Estado se niega a admitir que su modelo económico centralizado e ineficiente ha fracasado, prefiriendo culpar al individuo antes que asumir su responsabilidad institucional.
A la crisis material se suma el deterioro del sistema de salud pública y la inexistencia de redes de asistencia social eficaces. El colapso hospitalario, la escasez de medicamentos para tratar enfermedades mentales y el abandono institucional han dejado a una franja importante de la población vulnerable a su suerte en las calles. Muchos de los calificados por el Ministerio de Trabajo como personas sin «proyecto de vida» son, en realidad, pacientes psiquiátricos desamparados o ancianos cuyas pensiones no les permiten subsistir. Reducir este drama a una mera «conducta negativa» representa una violación flagrante de los derechos sociales más básicos.
Implicaciones futuras y el aislamiento de la realidad
La criminalización de la pobreza y la implementación de planes de «limpieza» social auguran un panorama aún más sombrío para los sectores más vulnerables de la sociedad cubana. Al etiquetar a los indigentes como delincuentes fiscales o sujetos con trastornos de conducta, el régimen justifica el uso de la fuerza y el confinamiento en lugar de la asistencia. Esta política de maquillaje social busca proteger la imagen de un destino turístico en declive, pero profundiza la deshumanización de una ciudadanía que ya soporta el peso de un sistema en ruinas.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán mantener la vigilancia sobre la implementación del Acuerdo 10.068, ya que el traslado forzoso de personas sin hogar constituye una práctica que atenta contra la libertad y la dignidad humana. Mientras la cúpula del poder en Cuba continúe negando la evidencia y culpando a las víctimas de su propia desgracia, la brecha entre la narrativa oficial y el sufrimiento real en las calles se hará cada vez más insostenible, dejando al descubierto el fracaso moral y material del sistema.
