El conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas (GAESA) ha transferido los activos de la Terminal de Contenedores del Mariel a una empresa civil estatal, en medio del endurecimiento de las sanciones estadounidenses. Mientras el régimen de La Habana intenta maquillar su control sobre el comercio exterior para evitar el aislamiento, el Gobierno de España adjudica contratos millonarios al Grupo Palco, otra entidad ligada a la cúpula militar cubana.
Mediante una comunicación interna fechada el 16 de junio, la empresa Terminal de Contenedores Mariel S.A. notificó a sus clientes la venta de sus activos a Coral Marítima S.A., entidad administrada por el Ministerio de Transporte. Esta maniobra institucional separa en el papel la gestión del principal puerto comercial de la isla del aparato empresarial militar, buscando evitar que las navieras internacionales interrumpan sus operaciones por temor a represalias de Washington.
Reestructuración corporativa bajo presión internacional
El traslado de propiedad ocurre tras la suspensión de envíos por parte de gigantes marítimos como CMA CGM y Hapag-Lloyd, quienes detuvieron incluso cargas de ayuda humanitaria para no vincularse con GAESA. Esta no es una medida aislada; el conglomerado militar también se ha desvinculado recientemente del Centro de Negocios Miramar, cuya gestión total pasó a manos de la firma de inversiones CEIBA Investments Ltd. Estos movimientos evidencian cómo el gobierno cubano se ve forzado a reacomodar su estructura económica para mitigar el impacto del cerco financiero internacional.
Contratos españoles sostienen el aparato militar
En contraste con la cautela de las navieras europeas, el Gobierno de España continúa inyectando fondos en el entramado militar. El ejecutivo de Pedro Sánchez ha adjudicado contratos por más de 1,6 millones de euros al Grupo Palco, controlado por GAESA. Estos acuerdos, vigentes hasta finales de 2028, contemplan el arrendamiento de oficinas y la contratación de 107 trabajadores cubanos para reforzar el Consulado General en La Habana, principalmente para atender la elevada demanda derivada de la Ley de Memoria Democrática.
La dependencia de entidades extranjeras hacia empresas controladas por la dictadura cubana refleja la profunda crisis estructural y la falta de transparencia en el sector empresarial de la isla. Aunque el Estado teóricamente descentraliza la administración portuaria o consular, el poder real sobre los recursos y la fuerza laboral sigue concentrado en la élite militar. Asociaciones de emigrados denuncian que, a pesar de la inyección de capital y personal, los retrasos en la tramitación de expedientes persisten, beneficiando únicamente a las arcas del régimen.
El futuro del comercio exterior cubano y las relaciones diplomáticas se perfilan en un escenario de incertidumbre. Mientras las autoridades de la isla juegan a las mudanzas corporativas para evadir el escrutinio internacional, la comunidad democrática enfrenta el reto de cerrar los resquicios que permiten el financiamiento de la represión interna. La continuidad de acuerdos como los del Gobierno español con Grupo Palco plantea serias dudas sobre la coherencia de la política exterior europea frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Cuba.
