Lázaro Guerra Hernández, director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, sufrió un ataque de ansiedad y agotamiento físico en plena transmisión televisiva mientras ofrecía el parte diario sobre la crisis energética, exponiendo ante millones de cubanos la magnitud del descalabro que atraviesa el sistema electroenergético nacional y la insostenible presión bajo la que operan los funcionarios encargados de administrar el colapso.
El episodio ocurrió mientras el ingeniero se dirigía a la población para informar sobre la situación del Sistema Eléctrico Nacional, una rutina que se ha vuelto cotidiana en la televisión cubana y que, en los últimos meses, ha perdido cualquier vestigio de credibilidad o utilidad informativa. Guerra Hernández tuvo que interrumpir su intervención visiblemente afectado, con la mano en el pecho y signos claros de hiperventilación, mientras la cámara giraba hacia el también funcionario Bernardo Espinosa, quien intentó continuar el informe sin mayor éxito. La escena, que rápidamente se viralizó en redes sociales, ofrece una de las imágenes más elocuentes del estado de things en la isla: un aparato estatal colapsado, gestionado por hombres al borde del quiebre físico y mental.
El director de Electricidad no es un funcionario cualquiera en el actual escenario cubano. Es el rostro encargado de explicar diariamente por qué el país amanece sin luz, por qué las provincias permanecen a oscuras durante 18 o 20 horas seguidas, y por qué la capital —donde el régimen de La Habana ha priorizado el suministro para evitar estallidos sociales— recibe un trato preferencial que profundiza el resentimiento entre los cubanos del interior. Su tarea consiste en administrar verbalmente un déficit de generación que se mantiene pegado a los 2.000 megawatts, una cifra que representa más de la mitad de la demanda máxima del país y que ninguna improvisación comunicativa puede maquillar.
El desgaste de narrar el colapso
La función que cumple Lázaro Guerra en la televisión nacional ha dejado de ser informativa para convertirse en un ejercicio de contención social. Cada noche, el funcionario debe presentarse ante las cámaras para explicar que no hay termoeléctricas operativas, que no hay combustible para las plantas de generación móvil, y que las opciones se reducen a distribuir equitativamente la oscuridad. El guion que lee en el teleprompter rara vez coincide con la realidad que encuentra al levantar la vista: una central que sale del sistema, una flotante que se desconecta, un puerto que no recibe el barco esperado. Todo debe ajustarse sobre la marcha, sin tiempo para verificar, sin margen para la precisión técnica que alguna vez caracterizó a estos informes.
El agotamiento del funcionario refleja una dinámica más profunda que el mero cansancio individual. La dirección de Electricidad se ha convertido en un cargo trampa dentro del esquema burocrático del gobierno cubano. Quien lo ocupa sabe que no hay solución técnica a corto plazo, que el sistema heredado de décadas de falta de mantenimiento y subinversión está al borde del colapso total, y que su única función real es servir de amortiguador entre la ira popular y la cúpula del poder. Renunciar implica perder los privilegios que el cargo conlleva: vehículo asignado con tarjeta de combustible, módulos de alimentos, acceso a recursos que la mayoría de los cubanos no puede obtener ni en sus sueños. Permanecer significa exponerse a la humillación pública diaria y al deterioro físico que conlleva tratar de explicar lo inexplicable.
El fracaso de las soluciones improvisadas
El régimen cubano ha intentado múltiples estrategias para paliar la crisis energética, todas marcadas por la improvisación y la falta de planificación a largo plazo. La instalación masiva de paneles solares fue presentada como una solución revolucionaria, pero los especialistas señalan que el mantenimiento de estos parques —incluyendo el reemplazo periódico de baterías— supone una inversión de recursos monetarios y técnicos con los que el país no cuenta. Lejos de resolver el problema, los parques solares mal mantenidos podrían generar energía intermitente que provocaría fluctuaciones agresivas de voltaje y daños irreparables a los equipos electrodomésticos de la población, agravando aún más la situación de los hogares cubanos.
Las patanas turcas, alquiladas como solución temporal para incrementar la capacidad de generación, corren el mismo destino. Las autoridades de la isla saben que el impago crónico provocará la retirada de estas unidades en un plazo que difícilmente podrá extenderse más allá de unos meses. Cuando eso ocurra, el déficit de generación se incrementará de manera abrupta, y los apagones se extenderán incluso a los circuitos soterrados de La Habana que hasta ahora han gozado de cierta estabilidad relativa. No hay plan B, no hay contrato alternativo, no hay proveedor dispuesto a enviar combustible a crédito a un país que ha demostrado reiteradamente su incapacidad para honrar sus compromisos comerciales.
Un sistema al borde del colapso total
La crisis energética que Cuba atraviesa no es un fenómeno coyuntural ni el resultado de un evento externo puntual, aunque el gobierno cubano se empeñe en atribuirla al embargo de Estados Unidos, al impacto de huracanes o a la coyuntura geopolítica internacional. Se trata del colapso de un sistema electroenergético que ha sido desmantelado progresivamente durante décadas, con termoeléctricas que superan los 30 años de vida útil sin haber recibido las inversiones necesarias para su mantenimiento capital, redes de transmisión que se deterioran sin reposición, y una capacidad de generación que se ha reducido a una fracción de lo que el país necesita para funcionar mínimamente.
El contexto en el que se produce este colapso es aún más alarmante. La economía cubana se encuentra en una espiral inflacionaria sin precedentes, con una moneda nacional que ha perdido prácticamente todo su valor adquisitivo y un mercado informal que rige los precios de bienes y servicios básicos. El desabastecimiento crónico de alimentos, medicamentos y combustible ha empujado a más de un millón de cubanos a abandonar el país en los últimos tres años, configurando uno de los éxodos migratorios más masivos de la historia reciente de la isla. La combinación de apagones prolongados, escasez extrema y ausencia de expectativas ha generado un caldo de cultivo para el descontento social que las autoridades intentan contener con una mezcla de represión policial y discursos televisivos que ya nadie cree.
Las protestas que han estallado en diversos puntos del país —desde cacerolazos en barrios habaneros hasta manifestaciones espontáneas en provincias orientales— responden directamente a la indignación que genera ver a los funcionarios aparecer en televisión para prometer soluciones que nunca llegan, mientras la población soporta temperaturas de 35 grados sin ventilación, sin agua potable por la paralización de los sistemas de bombeo, y sin alimentos que conservar en neveras que llevan días sin funcionar. La dictadura cubana ha respondido a estas protestas con la habitual combinación de amenazas, detenciones arbitrarias y despliegue de fuerzas represivas, pero la presión social continúa acumulándose en un territorio donde ya no hay nada que perder para amplios sectores de la población.
El costo humano de administrar el fracaso
Lázaro Manuel Alonso, otro funcionario del régimen que habitualmente comparece en espacios informativos, confirmó posteriormente que Guerra Hernández se encuentra bien y que regresará a sus funciones. La confirmación revela una verdad incómoda: no habrá renuncia, no habrá asunción de responsabilidad política, no habrá reconocimiento de que el problema excede con creces la capacidad de cualquier técnico por competente que sea. El director de Electricidad volverá a sentarse frente a las cámaras para repetir el mismo guion, para anunciar los mismos déficits, para prometer las mismas mejoras que no llegarán, y para exponer nuevamente su salud física y mental en un ejercicio que ya no aporta nada a la población pero que el régimen necesita para mantener la apariencia de control.
El funcionario que sufrió el colapso en televisión es, a su manera, otra víctima de un sistema que consume a quienes lo sirven tanto como a quienes lo padecen. La maquinaria burocrática del régimen de La Habana ha perfeccionado un mecanismo de rotación de cuadros medios y altos que permite presentar como novedad lo que es simplemente continuidad: nuevos rostros que asumen cargos insolubles, que aguantan hasta que el cuerpo o la dignidad ceden, y que son reemplazados por otros dispuestos a repetir el ciclo. Lo que cambia son los nombres y los rostros; lo que permanece intacto es la estructura de poder que ha conducido al país al desastre y que se niega sistemáticamente a reconocer su responsabilidad en el colapso generalizado de la nación.
El futuro inmediato no ofrece motivos para el optimismo que el gobierno cubano intenta transmitir en sus informes diarios. El déficit de generación continuará en niveles cercanos a los 2.000 megawatts, las termoeléctricas seguirán fuera de servicio por falta de repuestos y mantenimiento, las soluciones alternativas se agotarán una tras otra, y los apagones se intensificarán en frecuencia y duración. La población cubana seguirá pagando el costo de décadas de mala gestión, de subinversión crónica y de un modelo económico que ha demostrado su fracaso rotundo. Y Lázaro Guerra, o quien eventualmente lo reemplace, seguirá apareciendo en televisión con la mano en el pecho, tratando de explicar lo inexplicable, mientras la oscuridad se extiende por toda la isla como la metáfora más precisa de lo que el régimen ha hecho con Cuba.
