Una microempresa privada radicada en La Habana importó desde Estados Unidos jacuzzis por un valor de cinco millones de dólares, violando las condiciones de las licencias humanitarias de Washington y beneficiando directamente a empresas estatales vinculadas al sector turístico. El hallazgo expone cómo el régimen utiliza a las Mipymes como pantalla para evadir restricciones comerciales y dotar de bienes de lujo a sus propias estructuras.
La información, extraída de documentos públicos de la Oficina del Recaudador de Impuestos del condado de Miami-Dade, revela que la empresa estadounidense Martel Express US, con sede en Hialeah, obtuvo a finales de 2023 una licencia del Departamento de Comercio para exportar bienes a la isla. La operación se canalizó a través de MIKA S.R.L., una Mipyme registrada en el directorio empresarial cubano supuestamente dedicada al aserrado y acepilladura de madera, pero que en la práctica ha operado como un puente para la importación de artículos de alto consumo.
Las normativas estadounidenses para estas licencias establecen que los productos deben destinarse a satisfacer las necesidades básicas del pueblo cubano, prohíben su reexportación y vetan expresamente su venta o arrendamiento a entidades estatales o para generar ingresos para el gobierno cubano. Sin embargo, los beneficiarios finales de esta millonaria compra de jacuzzis serían varias empresas del Estado, entre ellas el grupo comercializador ITH, vinculado al Ministerio de Turismo, así como MAQUIMPORT, ALIMPEX, Servicios Automotores S.A. y otras entidades autorizadas desde 2022 para operar con el sector no estatal.
Un modelo de importación que margina a la población
Este caso no es un hecho aislado, sino un reflejo del modus operandi del régimen de La Habana frente a la crisis estructural. Mientras la ciudadanía enfrenta un colapso sistémico marcado por la hiperinflación, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, y el deterioro irreversible de los servicios públicos, las autoridades de la isla priorizan la dotación de infraestructura de lujo para el sector turístico estatal. La documentación revisada arroja además cifras que generan profundas dudas sobre la transparencia del proceso, incluyendo un monto total de compras desde EE.UU. por 2.227 millones de dólares, además de otra licencia a favor de MIKA por 75,22 millones, lo que evidencia un desvío sistemático de los permisos comerciales hacia el aparato estatal.
Ante esta evidencia, el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, ha solicitado formalmente a las altas esferas del gobierno estadounidense que revoquen cualquier licencia que no esté verdaderamente ayudando a la población civil. La denuncia pone sobre la mesa la urgencia de un control más estricto sobre las exportaciones a la isla, para evitar que las medidas de alivio económico terminen financiando a la dictadura y enriqueciendo a las cúpulas empresariales y políticas en detrimento del bienestar real de los cubanos.
