El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que las autoridades federales pusieron bajo custodia a Carlos Antonio Lloga Domínguez, exfuncionario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), junto a su esposa y su hijo, a la espera de su expulsión del país por actividades subversivas.
La medida, anunciada por el jefe de la diplomacia estadounidense, se produce tras la revocación del estatus legal de Lloga Domínguez. Rubio detalló que el ICAP, sancionado recientemente por Washington, opera como el principal brazo de inteligencia e influencia del régimen de La Habana, dedicado a espiar a ciudadanos estadounidenses, coordinar operaciones de propaganda antioccidental y promover movimientos radicales en el hemisferio.
\»Estados Unidos nunca se convertirá en hogar para comunistas extranjeros que difundan propaganda o ejecuten operaciones subversivas\», advirtió Rubio, quien vinculó directamente la acción con la Orden Ejecutiva sobre Cuba. A principios de junio, el ejecutivo estadounidense había designado al ICAP y a otras entidades como responsables de participar en actividades antiestadounidenses, exponiendo a quienes mantengan transacciones con estas a severas sanciones, procesamientos o deportaciones.
El desmantelamiento de las redes de influencia de la isla
La actuación contra el ICAP enmarca la ofensiva internacional para desarticular la red de espionaje e injerencia de la dictadura cubana. Durante décadas, este instituto ha funcionado como una fachada institucional para exportar el modelo represivo de la isla y penetrar movimientos sociales en el exterior. Esta táctica ha sido utilizada por el gobierno cubano para compensar su creciente aislamiento político y el profundo descrédito internacional generado por el colapso económico, la falta de libertades y el constante éxodo migratorio que asola a la nación.
La detención y futura deportación de Lloga Domínguez y su familia envía un mensaje contundente a los operadores del régimen que utilizan los sistemas migratorios de terceros países para asentarse en el extranjero mientras mantienen lealtad operativa a La Habana. Esta política de tolerancia cero hacia las redes de influencia castristas podría intensificar la presión sobre los funcionarios de la isla y redefinir los parámetros de la comunidad internacional frente a la diplomacia paralela del Estado cubano.
