La congresista estadounidense María Elvira Salazar respaldó este martes la nueva ronda de medidas coercitivas impuestas por la administración de Donald Trump contra altos funcionarios y entidades estatales de la isla. La ofensiva diplomática, encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, busca asfixiar financieramente al régimen de La Habana y responsabilizar a su cúpula por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
La representante federal por Florida celebró las sanciones emitidas bajo la Orden Ejecutiva 14404, las cuales designan a 11 figuras clave del aparato político y represivo, entre ellos Roberto Morales Ojeda, Esteban Lazo Hernández, Mayra Arevich Marín y Raúl Villar Kessell. Asimismo, las medidas recaen sobre la Dirección de Inteligencia (DGI/G2), el Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria, instituciones centrales en el aparato de vigilancia y control social que mantiene sometida a la población civil.
Esta acción se suma a la ofensiva iniciada el pasado 7 de mayo contra GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas que monopoliza gran parte de la economía formal del país. El Departamento de Estado incluyó en su lista negra a su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera, y a la empresa Moa Nickel S.A. El ejecutivo cubano depende estructuralmente de estos ingresos para sostener su maquinaria política y paliar la profunda crisis económica que enfrenta la nación, marcada por una hiperinflación galopante y el colapso de los servicios básicos.
Un cerco que apunta al núcleo financiero y represivo
Salazar, una de las voces más críticas en el Congreso estadounidense, calificó al sistema de gobierno como una \»dictadura mafiosa\» que ha convertido a la isla en una prisión y exporta represión a otras naciones de América Latina. \»El cerco se está cerrando sobre la dictadura. Y por primera vez en mucho tiempo, el régimen se ve nervioso\», afirmó la legisladora, advirtiendo que Washington no retrocederá en su política de máxima presión. Esta estrategia busca cortar el flujo de divisas que, según diversas investigaciones internacionales, termina financiando a los cuerpos de seguridad responsables de la persecución política y la censura en la isla.
El secretario de Estado adelantó que las medidas se ampliarán en los próximos días, fijando además el 5 de junio de 2026 como fecha límite para que empresas extranjeras cesen sus vínculos con GAESA o se expongan a sanciones secundarias. Esta advertencia representa un duro golpe a las aspiraciones de inversión extranjera del gobierno cubano y envía una señal inequívoca a la comunidad internacional: la tolerancia hacia la impunidad de las autoridades de la isla ha llegado a su fin. Para la ciudadanía, el impacto de estas medidas se desenvuelve en un escenario de incertidumbre, donde la falta de libertades y el deterioro material continúan siendo el principal obstáculo para la supervivencia y el desarrollo del país.
