La minera canadiense Sherritt International revirtió su decisión de disolver sus empresas mixtas con el régimen de La Habana y abandonar la isla, optando por explorar nuevas alternativas legales para evitar las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump.
En un comunicado oficial, la compañía informó que, tras consultas con asesores y autoridades gubernamentales, detuvo el proceso de ruptura con General Nickel Company S.A. (GNC), empresa estatal cubana. Esta decisión contradice el anuncio de la semana pasada, cuando la firma aseguró que la orden ejecutiva estadounidense había alterado materialmente su capacidad de operación y que la única vía viable era romper vínculos con el ejecutivo cubano \»sin demora\». La empresa también confirmó que no continuará con la solicitud presentada ante el Tribunal del Rey de Alberta para acelerar la separación.
Las medidas coercitivas de Washington establecen el 5 de junio como fecha límite para que compañías extranjeras vinculadas al conglomerado militar GAESA liquiden sus negocios. La primera entidad sancionada bajo este esquema fue Moa Nickel S.A., la empresa mixta entre Sherritt y las autoridades de la isla, señalada por operar en el estratégico sector de la minería. Ante este escenario, la minera canadiense había planeado inicialmente dividir sus activos, conservando la refinería en Alberta y cediendo el control total de las operaciones en Holguín a la parte cubana.
Incertidumbre operativa y posibles acuerdos bajo la Ley Helms-Burton
Aunque ha frenado la disolución, Sherritt mantiene suspendida su participación directa en las actividades de la isla y reconoce que enfrenta severas dificultades operativas, financieras y legales. La empresa aseguró que evalúa una \»posible oportunidad\» para preservar el valor del negocio, aunque sin garantizar su viabilidad o los plazos. Especulaciones del Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba sugieren que la compañía podría estar explorando un acuerdo bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, un mecanismo que permite reclamaciones por propiedades confiscadas, similar al precedente establecido en 1997 entre ITT Corporation y empresas italianas vinculadas a ETECSA.
La dependencia de empresas extranjeras en conglomerados estatales controlados por la cúpula militar refleja la naturaleza centralizada y opaca de la economía en la dictadura cubana. Mientras el régimen de La Habana busca socios internacionales para sostener su frágil aparato productivo, la población sufre las consecuencias directas del colapso estructural: hiperinflación, desabastecimiento crónico y un éxodo migratorio sin precedentes. Las sanciones externas y la ineficiencia del modelo económico impuesto por el gobierno cubano ahondan la precariedad de sectores estratégicos como la minería, cuyos ingresos rara vez se traducen en mejoras para la ciudadanía.
La incertidumbre sobre el futuro de Sherritt en Cuba pone de relieve la creciente presión internacional sobre los flujos financieros que sostienen al aparato estatal. Si la empresa logra sortear las sanciones mediante figuras legales, abriría un nuevo capítulo en la forma en que las corporaciones extranjeras interactúan con la dictadura cubana. De lo contrario, la salida definitiva de la minera representaría un duro golpe a las ya mermadas exportaciones de la isla, agravando la profunda crisis económica que atraviesa el país y dejando a su población en una situación de mayor vulnerabilidad.
