El Departamento de Comercio de Estados Unidos retiró las licencias que autorizaban el envío de vehículos y maquinaria a la isla tras detectar que las empresas superaron ampliamente las cuotas permitidas. Las medidas afectan a los negocios del empresario Hugo Cancio y a la compañía Maravana Cargo, evidenciando un nuevo obstáculo para el comercio bajo el control del régimen de La Habana.
El Buró de Industria y Seguridad (BIS) notificó la revocación de la licencia a Katapulk Marketplace, LLC, propiedad de Hugo Cancio, tras una inspección de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Según los documentos oficiales revelados recientemente por autoridades del condado de Miami-Dade, la empresa exportó 224 vehículos, pese a que el permiso únicamente autorizaba el envío de 100 unidades híbridas y de gasolina. Cancio, quien también dirige Fuego Enterprises Inc. y controla plataformas como la revista OnCuba, tenía autorización para comercializar motocicletas, camiones, autobuses y equipos agrícolas y de construcción en el país caribeño.
En un caso similar, el BIS comunicó la anulación del permiso a Maravana Cargo, Inc., vinculada a Alejandro Martínez Pardo. La decisión se tomó al constatar que la compañía excedió \»drásticamente\» las cantidades aprobadas, enviando aproximadamente 140 vehículos de gasolina e híbridos, además de 337 motocicletas, por encima del límite legal. El organismo ordenó que cualquier carga en tránsito bajo estas licencias sea devuelta a territorio estadounidense o retenida, en estricto cumplimiento con las Regulaciones de Administración de Exportaciones.
Impacto en el contexto económico cubano
El endurecimiento de estos controles comerciales llega en un momento de aguda crisis estructural para el gobierno cubano. La isla atraviesa un profundo desabastecimiento de transporte y maquinaria, elementos vitales para un sector agrícola y logístico en franco colapso. Aunque las autoridades de la isla han intentado dinamizar ciertas importaciones a través de figuras del sector privado y empresas intermediarias, la falta de transparencia y el incumplimiento de las normativas internacionales evidencian la fragilidad de estos mecanismos para aliviar la profunda recesión económica que sufre la población.
Las empresas afectadas tienen un plazo de 45 días para presentar apelaciones ante el BIS, aunque los expertos consideran difícil revertir las sanciones dada la gravedad de los incumplimientos documentados. Esta medida representa un duro golpe a las redes de abastecimiento que el ejecutivo cubano utiliza para paliar la escasez interna, y envía un mensaje claro sobre la vigilancia estricta de las transacciones comerciales con la isla. Para la ciudadanía, la revocación de estos permisos se traduce en un nuevo freno a la llegada de bienes que, aunque insuficientes, intentaban suplir las deficiencias del ineficiente aparato estatal.
