Clientes del Banco Popular de Ahorro (BPA) en Sancti Spíritus han reportado recientes faltantes de dinero en sus cuentas vinculadas a la aplicación Transfermóvil, víctimas de un esquema fraudulento asociado a la recepción de paquetería desde el exterior, un fenómeno que se extiende en medio de la profunda crisis económica que atraviesa la isla.
Según funcionarios de la entidad bancaria, los delincuentes suplantan a representantes de agencias de envíos y contactan a los usuarios asegurando que un pago debe ser \»rectificado\». Bajo esta excusa, inducen a las víctimas a realizar una operación en Transfermóvil que, en realidad, resulta en una transferencia de fondos a cuentas ajenas. Los estafadores emplean tácticas como el uso de ceros a la izquierda en el monto, engañando al sistema para que procese la extracción de capital sin que el usuario se percate de inmediato. Los afectados sospechan que los criminales obtienen la información personal a partir de los datos visibles en los bultos enviados desde el extranjero, los cuales pasan por múltiples manos sin que el gobierno cubano garantice la seguridad de la logística aduanera y postal.
A esta modalidad se suma una alerta emitida por el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) en Matanzas, donde se reporta un incremento de fraudes a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. En estos casos, los atacantes suplantan identidades de contactos cercanos para solicitar códigos de verificación y secuestrar las cuentas, comprometiendo tanto la seguridad digital como los escasos recursos financieros de los usuarios.
Bancarización forzosa y desprotección ciudadana
El auge de estas estafas no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa del deterioro estructural que sufre Cuba. La falta de un marco legal eficaz, la corrupción generalizada y el colapso de los servicios públicos generan un caldo de cultivo ideal para la delincuencia. El régimen de La Habana ha impulsado la bancarización forzosa como una medida para controlar la inflación y la circulación de divisas, pero ha implementado plataformas tecnológicas inseguras y sin soporte adecuado, dejando a la población desprotegida frente a ciberdelincuentes mientras intenta resolver su subsistencia diaria.
Las autoridades de la isla se limitan a recomendar a los ciudadanos no compartir información sensible y presentar denuncias ante la Policía Nacional Revolucionaria, un cuerpo más enfocado en la represión política que en la protección al ciudadano común. Mientras la dictadura cubana mantiene su control sobre los recursos financieros de la población, los ciudadanos continúan enfrentando el desabastecimiento y la inseguridad, viendo cómo sus ingresos, muchas veces provenientes de remesas familiares, desaparecen ante la impunidad de estos fraudes digitales.
