La decisión del monopolio estatal de telecomunicaciones en Cuba de limitar a 360 pesos cubanos (CUP) la recarga mensual en moneda nacional ha generado una profunda ola de indignación dentro y fuera de la Isla. La medida, que restringe severamente el acceso a internet y obliga a la ciudadanía a pagar en divisas para mantener la conectividad, ha sido calificada como un «apartheid digital» y ha provocado el inusual rechazo de figuras históricamente afines al régimen de La Habana, evidenciando el agotamiento de la población ante el avance de la dolarización forzada.
La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), único proveedor de servicios de telefonía e internet en el país, implementó un nuevo esquema tarifario que limita a una sola recarga mensual de hasta 360 CUP para acceder a planes básicos de datos, llamadas y mensajes. Esta cifra, insuficiente para el consumo regular de un usuario promedio, restringe el acceso a unos 6 gigabytes (GB) de datos al mes, obligando a quienes deseen navegar más tiempo o contratar planes adicionales a hacerlo en dólares estadounidenses, a través de la billetera digital Monedero MiTransfer o mediante recargas enviadas desde el extranjero.
La medida, vigente desde este 30 de mayo, fue recibida con una catarata de críticas en redes sociales, calificando la acción del gobierno cubano como un «robo a mano armada». Sin embargo, lo que ha llamado la atención de analistas y observadores es que el descontento ha trascendido la tradicional oposición y ha permeado las filas del propio oficialismo. Una de las voces más resonantes ha sido la de María del Carmen Hernández Carús, académica y profesora de la Universidad Central «Marta Abreu» de Villa Clara, quien además es reconocida por ser la madre de Leticia Martínez Hernández, jefa de Comunicación del dictador Miguel Díaz-Canel.
A través de su perfil en Facebook, Hernández Carús expresó su frustración al constatar que el límite de 6 GB es insuficiente incluso para las tareas de propaganda política encomendadas a los simpatizantes del régimen. «¿De verdad que con 6GB alcanzan para el combate en las redes sociales?», cuestionó la profesora, refiriéndose a la tarea encomendada a los llamados «cibercombatientes» para defender la gestión gubernamental frente a las críticas internacionales y nacionales. La académica admitió su incapacidad para acceder a las nuevas tarifas en divisas: «Entiendo la necesidad de divisas que tiene ETECSA para mejorar sus servicios, pero lamentablemente yo no puedo aportarles ni un dolarito», escribió, despidiéndose temporalmente de sus seguidores ante la imposibilidad de mantenerse conectada.
Repudio transversal y llamado a la desobediencia digital
El descontento no se ha limitado a las esferas institucionales. La activista cubana Saily González Velázquez, exiliada en Estados Unidos, denunció lo que consideró un esquema de extorsión institucional por parte de las autoridades de la isla. En sus declaraciones públicas, González comparó la estrategia del ejecutivo cubano con la de un secuestrador que exige rescate: «El Gobierno cubano está muy mal acostumbrado a tratarnos como el padre millonario de la hija rehén. Nos extorsionan y nos hacen pagar rescates a modo de combos para que los nuestros coman». La activista instó a la emigración cubana a cortar temporalmente el flujo de recargas como mecanismo de presión para revertir la medida.
Por su parte, el escritor y académico cubano Pedro de Jesús López Acosta criticó duramente la decisión desde una perspectiva profesional y de derechos ciudadanos. «6 GB al mes es una cantidad irrisoria de datos, y ponerla como tope limita descaradamente los derechos digitales de los ciudadanos cubanos», señaló el intelectual, quien cuestionó el discurso oficial sobre el acceso a la información. López Acosta subrayó que la medida deja a investigadores, editores, profesores y escritores «totalmente desamparados, a merced de la pedigüeñería internacional», poniendo en duda la viabilidad de la tan promocionada «sociedad del conocimiento» si el acceso a la misma está condicionado al envío de dólares desde el extranjero.
La indignación también inundó los espacios oficiales. En las publicaciones realizadas por comunicadores afines al régimen, como el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, decenas de ciudadanos utilizaron los comentarios para expresar su rechazo a la medida. Frases como «El plan extra supera el salario mínimo», «El que no tenga familia en el extranjero, ¿qué hace?» y «Cada día la vida del cubano es más imposible», reflejan la brecha insalvable entre los salarios pagados en la devaluada moneda nacional y los precios fijados en divisas.
Contexto: La dolarización forzada y el colapso estructural
La decisión de ETECSA no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La economía cubana sufre una inflación galopante, una caída estrepitosa en la producción nacional y una devaluación constante del peso cubano frente al dólar. Ante la incapacidad del régimen de La Habana para generar divisas mediante la exportación de bienes o servicios, el Estado ha implementado una agresiva política de dolarización de la economía interna, transfiriendo la carga financiera a la ciudadanía y a la diáspora.
En este contexto, las remesas y las recargas desde el exterior se han convertido en una de las principales fuentes de oxígeno financiera para el gobierno cubano. ETECSA, operando como un monopolio estatal, actúa no solo como una empresa de telecomunicaciones, sino como un eficiente recaudador de divisas. Al limitar el acceso en CUP, el ejecutivo cubano fuerza a la población a depender de familiares en el extranjero, profundizando la desigualdad social entre quienes tienen acceso a dólares y quienes sobreviven únicamente con sus salarios en moneda nacional, los cuales rara vez superan el equivalente a 15 o 20 dólares mensuales en el mercado informal.
Asimismo, la dictadura cubana ha mantenido un control estricto sobre el acceso a internet desde su implementación en el país. La red ha sido utilizada históricamente como una herramienta de vigilancia y represión, pero también se ha transformado en el principal refugio para el descontento social y la organización ciudadana, como se evidenció durante las protestas del 11 de julio de 2021. Restringir el acceso a datos móviles no solo responde a una urgencia económica, sino que representa un mecanismo de censura estructural que limita la capacidad de la sociedad civil para comunicarse, informarse y denunciar los abusos del poder.
Antecedentes y consecuencias a futuro
Desde la llegada de la conectividad móvil a Cuba en 2008, ETECSA ha mantenido una política de precios prohibitivos. Sin embargo, las tarifas en moneda nacional habían experimentado una relativa estandarización en los últimos años, permitiendo un acceso masivo que facilitó el surgimiento de emprendimientos privados y la circulación de información a través de las redes sociales. El giro actual representa un retroceso significativo en estos derechos digitales, estableciendo un sistema de castas basado en el acceso a divisas extranjeras.
El llamado a un «parón total de recargas» como acto de protesta ciudadana plantea un escenario de tensión inédito. Si la diáspora acata esta medida, el régimen de La Habana podría enfrentar un bache significativo en sus ingresos inmediatos en moneda dura, lo que podría agravar la ya precaria situación de la balanza de pagos del país. No obstante, el costo social de esta huelga recaería directamente sobre la población residente en la isla, que se vería abruptamente desconectada de sus familiares y de los flujos de información independientes.
Las implicaciones políticas de esta medida son profundas. Al afectar incluso a los cuadros ideológicos y a las bases de apoyo del sistema, el gobierno cubano arriesga fracturar la ya mermada lealtad de sus simpatizantes. La imposibilidad de sostener el aparato propagandístico en redes sociales, sumada a la incapacidad de la ciudadanía para acceder a servicios básicos, configura un escenario de alta volatilidad social. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán prestar atención a este nuevo capítulo de exclusión digital, mientras la población cubana busca alternativas para resistir el avance de un modelo que mercantiliza hasta el derecho a la comunicación.
