La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) ha desatado una profunda indignación dentro y fuera de la isla tras anunciar un nuevo tope de 360 pesos cubanos (CUP) para las recargas nacionales mensuales. Superado este límite, los usuarios quedan obligados a adquirir datos móviles en dólares estadounidenses (USD) a través de recargas internacionales, una decisión que evidencia la mercantilización del acceso a la red y profundiza la brecha digital en el país.
La medida fue presentada durante el programa oficialista Mesa Redonda, donde directivos de la empresa estatal detallaron lo que denominaron «adecuaciones comerciales». El régimen de La Habana recurrió a su habitual estrategia comunicacional del mal menor: anunciar primero una restricción severamente impopular para luego ofrecer una versión intermedia que, aunque continúa siendo lesiva para la economía familiar, se presenta como una concesión ante el descontento ciudadano.
Como parte de esta supuesta flexibilidad, las autoridades de la isla anunciaron un paquete adicional dirigido a estudiantes universitarios, consistente en 6 GB por 360 CUP, lo que eleva el tope a 12 GB mensuales por 720 CUP para este sector. Aunque el ejecutivo cubano lo ha promocionado como un gesto de sensibilidad hacia la juventud, analistas y ciudadanos coinciden en que se trata de una maniobra de contención política diseñada para neutralizar las protestas del sector estudiantil sin alterar el modelo general de exclusión digital.
Lejos de representar una mejora estructural, esta oferta deja en el ostracismo a miles de jóvenes que no están vinculados a instituciones oficiales, además de ser económicamente inaccesible para la mayoría de las familias cubanas. La medida confirma que en Cuba el acceso a internet no se garantiza por derecho o necesidad, sino por utilidad política y poder adquisitivo en moneda extranjera. La dictadura cubana selecciona quién obtiene mayor conectividad, condicionando el acceso a la afiliación institucional y a la capacidad de pago en divisas.
La dependencia económica en divisas y el discurso oficial
La administradora de ETECSA, Tania Velázquez, reconoció de manera explícita el trasfondo económico de la restricción al admitir que «las recargas internacionales llegaron a ser el 80% del total de ingresos que recibía la empresa». La funcionaria justificó la práctica argumentando que «es una práctica que existe en todo el mundo, que personas de otros países le paguen a un usuario estos servicios». Sin embargo, lo que en otras latitudes funciona como una opción voluntaria, en el contexto cubano se ha consolidado como una condición estructural impuesta por el colapso del modelo económico.
En la misma línea, la vicepresidenta comercial de la empresa, Lidia Esther Hidalgo Rodríguez, normalizó la dependencia del exterior al señalar que «las recargas internacionales no están limitadas y se pueden recibir varias durante el día». Esta afirmación ignora la realidad de la mayoría de la población —trabajadores, jubilados, madres solteras y estudiantes no universitarios— que no cuenta con redes de apoyo en el extranjero y que, por tanto, queda desconectada y silenciada ante la imposibilidad de financiar la conectividad.
Reacción ciudadana y repudio social
La respuesta de la sociedad civil no se ha hecho esperar. La activista Lara Crofs calificó las denominadas «adecuaciones» como una «nueva limosna digital» y denunció el carácter político de la empresa telefónica. En sus declaraciones públicas, Crofs apuntó directamente a la subordinación de la entidad al poder: «ETECSA no es una empresa. Es una extensión del Partido Comunista, y cada medida que anuncian viene con la bendición del buró político».
La opositora rechazó que se presenten como avances gestos simbólicos como el segundo paquete de 6 GB para universitarios, afirmando que «no es un avance, no es justicia digital, no es apertura. Es otra migaja maquillada previamente convenida». Ante este escenario, movimientos cívicos y miembros del exilio han impulsado la campaña #ParónTotalDeRecargasACuba, una iniciativa que cobra fuerza como expresión de resistencia frente a una política que mercantiliza un servicio básico.
Contexto: La conectividad en medio de la crisis estructural
Las medidas de ETECSA no ocurren en el vacío, sino que se insertan en la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La economía cubana sufre una hiperinflación galopante, una brutal devaluación del peso cubano frente al dólar y un desabastecimiento crónico de productos básicos. En este entorno, exigir el pago en divisas para servicios esenciales supone un muro infranqueable para quienes sobreviven con salarios estatales que no alcanzan para cubrir la canasta básica familiar, agravado por el fracaso del Ordenamiento Monetario implementado en 2021.
El acceso a internet en Cuba ha sido históricamente controlado por el gobierno cubano como un mecanismo de censura y vigilancia. Aunque en 2018 se inauguró la navegación mediante datos móviles, el desarrollo de la infraestructura ha estado subordinado a los intereses recaudatorios del Estado. La actual limitación en pesos obliga a la población a depender de las remesas, consolidando un modelo de apartheid financiero. Los antecedentes de corte de señal durante las protestas del 11 de julio de 2021 demostraron que la dictadura utiliza el apagón digital como herramienta de represión para impedir la organización ciudadana y la circulación de información sobre violaciones de derechos humanos.
Además, la restricción al acceso a la red coincide con un aumento sostenido de la persecución política contra activistas, periodistas independientes y ciudadanos que utilizan las redes sociales para denunciar la realidad nacional. El régimen comprende el potencial subversivo de la información libre y utiliza a ETECSA no solo como un negocio rentable, sino como un instrumento de control ideológico que limita la capacidad de denuncia de la población, mientras el éxodo migratorio masivo vacía las ciudades y profundiza el envejecimiento poblacional.
Implicaciones y panorama a futuro
El endurecimiento de las políticas de ETECSA amenaza con agravar el aislamiento informativo de los cubanos y profundizar las desigualdades sociales en un país ya fracturado por la crisis. La exigencia de pago en dólares para un servicio tan vital como las telecomunicaciones recae sobre una ciudadanía exhausta, afectando también el incipiente sector de los trabajadores por cuenta propia y el periodismo independiente, cuyas actividades dependen estrictamente de la conectividad permanente.
De cara al futuro, la continuidad de estas políticas comerciales podría intensificar el rechazo social y la presión de la diáspora, que ya evalúa mecanismos de boicot económico. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos mantienen la mirada puesta en la isla, donde la batalla por el acceso a internet se ha convertido en un nuevo frente de resistencia cívica contra un sistema que privilegia la recaudación en divisas y el control político sobre las necesidades más elementales de su pueblo.
