El exdiplomático estadounidense Ricardo Zúñiga señaló que una acción militar de Washington contra el régimen de La Habana podría materializarse si se agotan las vías de presión, aunque advirtió que esta medida no propiciaría por sí sola una transición política en la isla. Las declaraciones se producen en medio de un nuevo endurecimiento de las sanciones económicas por parte del gobierno de Donald Trump.
En una entrevista reciente, Zúñiga —quien participó en el acercamiento diplomático entre ambos países en 2015— evaluó que el ejecutivo estadounidense ya posee los instrumentos suficientes para incidir en el comportamiento del gobierno cubano sin necesidad de imponer nuevas restricciones. El exasesor consideró que seguir sumando sanciones sobre una economía ya deteriorada tiene un rendimiento decreciente y enfatizó la necesidad de utilizar la palanca de presión acumulada para forzar negociaciones, antes de que la frustración diplomática derive en un conflicto bélico de carácter aéreo.
El miedo de la cúpula a perder el control autoritario
Según el análisis del exfuncionario, la principal preocupación de la dictadura cubana no radica en la profunda crisis económica que sufre la población, sino en las consecuencias políticas y penales que enfrentaría si pierde el poder absoluto. Zúñiga describió la estructura de mando en la isla como un consorcio integrado por las Fuerzas Armadas, el Partido Comunista y el conglomerado empresarial GAESA, donde las decisiones no recaen en una sola figura, sino en un grupo que prioriza su propia supervivencia por encima de la apertura democrática.
Para este bloque de poder, la percepción es que ceder el control autoritario equivale a enfrentar procesos judiciales en Estados Unidos o poner en riesgo sus propias vidas. En este sentido, el exasesor planteó que cualquier transformación significativa en Cuba solo será posible cuando estos grupos concluyan que mantener el modelo actual resulta más costoso que una transición política, algo que hasta ahora el aparato represivo de la isla ha logrado evitar mediante el control férreo de la sociedad.
Las declaraciones de Zúñiga coinciden con la aplicación de una nueva ronda de coerciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, dirigida a figuras y empresas vinculadas al aparato militar, incluyendo a familiares del general Raúl Castro. Este escenario se desarrolla en un contexto de colapso sistémico en la isla, marcado por la hiperinflación, el desabastecimiento crítico de servicios básicos y un éxodo migratorio sin precedentes. Mientras las autoridades de la isla mantienen la represión social para evitar el estallido, la tensión geopolítica amenaza con escalar, dejando a la ciudadanía cubana atrapada entre la intransigencia del régimen y la incertidumbre de las medidas internacionales.
