El artista visual Hamlet Lavastida y la activista Laura Vargas lograron identificar a tres oficiales de la Seguridad del Estado cubana durante la transmisión oficial del funeral de los 32 militares que perdieron la vida en Venezuela al servicio del régimen de Nicolás Maduro. Los exiliados reconocieron a sus represores directos en las imágenes emitidas por la televisión estatal, exponiendo públicamente el rostro de agentes responsables de detenciones arbitrarias, amenazas y hostigamiento en la isla.
A través de un video difundido desde el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), Lavastida reconoció al agente que se hace llamar \»Darío\», identificado como miembro de los Órganos de Instrucción del Departamento de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior (MININT). Según relató el artista, este oficial, con rango de capitán en 2021, fue el encargado de ejecutar su arresto el 26 de junio de ese año, dirigir sus interrogatorios en Villa Marista y trasladarlo a una casa operativa en Guanabo, antes de conducirlo a la Embajada de Polonia para forzar su destierro junto a la escritora Katherine Bisquet.
La denuncia de Lavastida señala que la labor represiva de \»Darío\» no se limitó a su caso. El agente ha visitado en repetidas ocasiones a la madre del artista para amenazarla sobre las consecuencias de un eventual regreso a Cuba, y se le responsabiliza por el acoso sistemático contra figuras de la sociedad civil como Carolina Barrero, Camila Lobón, Tania Bruguera, Alfredo Martínez y Luis Manuel Otero Alcántara. Esta revelación se suma a los señalamientos previos del creador, quien en 2025 identificó al \»coronel Samuel\» y, en 2021, al teniente coronel Francisco Miguel Estrada Portales como otros de sus principales verdugos durante su reclusión.
El aparato represivo al descubierto
En las mismas imágenes del acto fúnebre, la activista feminista Laura Vargas —también forzada al exilio— reconoció a otros dos oficiales de la dictadura cubana: \»Juan Carlos\» y \»Guillermo\». Vargas detalló que sufrió el acoso de estos agentes durante tres años, lo que culminó con la apertura de una causa penal por mercenarismo y un interrogatorio de nueve horas en Villa Marista. La activista relató cómo, tiempo después, vio a \»Juan Carlos\» asistiendo con sus hijos al estreno de una película en el cine Yara de La Habana, evidenciando la normalización de la represión en la vida cotidiana de la isla.
La aparición de estos oficiales en un evento de Estado subraya la profunda interconexión entre el régimen de La Habana y el gobierno de Nicolás Maduro, así como la militarización de la política exterior cubana. Mientras las autoridades de la isla rinden honores a ciudadanos enviados a conflictos externos, la maquinaria interna de represión continúa operando sin rendir cuentas. Este episodio refleja la crisis estructural de derechos humanos en Cuba, donde la persecución política, el exilio forzado y la criminalización de la disidencia son tácticas institucionales sostenidas en el tiempo para silenciar el descontento social.
Las identificaciones públicas realizadas por Lavastida y Vargas representan un golpe simbólico a la impunidad que protege a los represores del régimen. Estos señalamientos no solo documentan las violaciones a los derechos humanos para futuras acciones legales internacionales, sino que envían un mensaje claro a la comunidad disidente sobre la importancia de la memoria histórica. La exposición de estos agentes plantea un desafío para la comunidad internacional, que deberá evaluar cómo abordar las responsabilidades criminales de un aparato estatal que sigue operando bajo el amparo del control totalitario.
