La hija del exviceprimer ministro Alejandro Gil denunció el inicio del juicio oral contra su padre, señalado por el régimen de La Habana bajo cargos de espionaje y otros delitos económicos. El Tribunal Supremo Popular ordenó que el proceso se celebre a puerta cerrada invocando razones de seguridad nacional, lo que refuerza el hermetismo del sistema judicial cubano.
En un audio difundido a través de redes sociales, Laura María Gil González aseguró que su padre no es espía y rechazó la falta de publicidad del proceso. La joven adelantó que intentará acceder a la sala junto a su hermano para seguir de primera mano un juicio que la Fiscalía General de la República ha cargado con múltiples imputaciones, incluyendo malversación, cohecho, lavado de activos y evasión fiscal, además del señalado delito de espionaje. La familia ha mantenido una postura de inocencia, asegurando que el exfuncionario no reconocerá los cargos bajo ninguna circunstancia.
Las autoridades de la isla, a través del Tribunal Supremo Popular, emitieron una nota oficial argumentando que el juicio oral será restringido conforme a la legislación penal cubana. Al amparo del \»debido proceso\», el ejecutivo cubano limitó la presencia exclusivamente a las partes y personas autorizadas, excluyendo de facto a la prensa independiente y al público general. Esta maniobra de censura judicial fue cuestionada por la hija del acusado, quien exige un proceso televisado y de libre acceso para los medios internacionales para garantizar la imparcialidad de la vista.
Hermetismo, purgas internas y censura
El hermetismo del caso ha generado suspicacias sobre las verdaderas motivaciones del procesamiento. María Victoria Gil Fernández, hermana del acusado, sugirió en declaraciones a medios internacionales que su hermano posee información comprometedora para altas figuras del gobierno, cuestionando si realmente actuó de forma aislada. A esto se suma la denuncia de Laura María sobre supuestas interferencias en sus comunicaciones, reportando restricciones en su cuenta de WhatsApp y fallos en la conectividad, prácticas habituales de la dictadura cubana para acorralar a quienes desafían la narrativa oficial o intentan hacer pública información sensible.
El procesamiento de Gil, otrora figura clave de la élite económica, expone las profundas grietas internas del régimen de La Habana. La caída del exministro de Economía ocurre en medio del colapso productivo, la hiperinflación y el desabastecimiento generalizado que sufre la isla. La purga dentro de la cúpula dirigente refleja un intento de desviar la responsabilidad sobre la catástrofe económica y el masivo éxodo migratorio, utilizando a funcionarios como chivos expiatorios mientras se mantiene intacto el control absoluto del poder.
El desarrollo de este juicio a puerta cerrada marcará un precedente sobre el manejo de la información y la depuración interna dentro de la cúpula gubernamental. Mientras la dictadura cubana mantiene el silencio sobre los detalles del caso, la ciudadanía y la comunidad internacional observan cómo la falta de transparencia institucional sigue siendo la constante en un país donde la separación de poderes es inexistente y la justicia responde a los dictados del poder político.
