La tragedia en las vías cubanas se ha profundizado durante los primeros tres meses de 2025, cuando las muertes por accidentes de tránsito experimentaron un aumento del 18 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta alarmante cifra, revelada por el propio Ministerio de Transporte, contrasta de manera dramática con la reducción del total de siniestros registrados en la isla, evidenciando que los accidentes, aunque menos frecuentes, se han vuelto significativamente más letales para la ciudadanía.
El titular de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, ofreció los datos a través de su cuenta oficial de Facebook, confirmando un balance que consterna a la población. Entre los meses de enero y marzo de este año, las autoridades contabilizaron 173 personas fallecidas en las carreteras del país, lo que representa 27 víctimas mortales más que las 146 registradas en igual lapso de 2024. Este repunte en la pérdida de vidas humanas se produce en un contexto donde, paradójicamente, el número total de accidentes disminuyó de 1.882 a 1.738, es decir, 144 siniestros menos.
La estadística revela una tendencia preocupante que el ejecutivo cubano ha reconocido de manera implícita: la gravedad de los choques ha aumentado. Junto a la disminución de los accidentes, también se reportó un descenso en la cifra de lesionados, pasando de 1.601 a 1.514 personas heridas, 87 menos que en el primer trimestre del año precedente. Sin embargo, el ministro enfatizó que el mes de marzo fue particularmente crítico, registrando el repunte más acentuado en cuanto a víctimas mortales, un indicador que refleja el deterioro de las condiciones de seguridad en la movilidad nacional.
El análisis territorial arroja disparidades significativas que evidencian el abandono de las provincias frente a la capital. Mientras que en la región occidental del país los indicadores de accidentalidad, heridos y fallecidos mostraron una disminución, en las provincias del centro y el oriente cubano la situación se agravó considerablemente. Territorios como Villa Clara, Cienfuegos, Granma, Sancti Spíritus y Las Tunas encabezaron el mayor crecimiento en la accidentalidad, seguidos por incrementos en Ciego de Ávila y Camagüey. No obstante, al contabilizar únicamente a los fallecidos, La Habana, Ciego de Ávila y Camagüey resultaron ser las provincias más castigadas, encabezando la lúgubre lista de territorios con mayor número de muertes.
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La narrativa oficial frente al colapso infraestructural
A pesar de la gravedad de los números, la respuesta del gobierno cubano continúa anclada en una narrativa que evade la responsabilidad estatal. El régimen de La Habana ha reconocido de manera retórica el mal estado de las carreteras, pero su discurso oficial persiste en atribuir la inmensa mayoría de los accidentes al llamado «factor humano». Esta explicación resulta insuficiente y convenientemente parcial, ya que evita profundizar en las causas estructurales que han convertido el tránsito en la isla en una lotería mortal.
Las autoridades de la isla omiten en sus balances públicos el deterioro vial acelerado, la práctica nula señalización horizontal y vertical, y la ausencia de alumbrado público en vías de alta circulación. Las carreteras cubanas, otrora consideradas entre las mejores de América Latina, presentan hoy inmensos cráteres, tramos intransitables y puentes en riesgo inminente de colapso. Conducir de noche o bajo lluvia se ha convertido en una actividad de alto riesgo debido a la invisibilidad de los obstáculos y la falta de mantenimiento por parte de las empresas estatales responsables.
Asimismo, la crisis del transporte público, una responsabilidad directa del Estado, es un factor determinante en esta tragedia silenciosa. El colapso del sistema estatal de ómnibus y trenes ha obligado a la ciudadanía a buscar alternativas de movilidad altamente inseguras. La proliferación de vehículos de tracción animal, motocicletas sobrecargadas y «almendrones» con más de seis décadas de uso, muchos de ellos modificados de forma artesanal, incrementa exponencialmente la vulnerabilidad de los pasajeros ante cualquier impacto.
El contexto de la crisis estructural y el abandono ciudadano
El drama de los accidentes de tránsito no puede desvincularse de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. La hiperinflación, la escasez crónica de piezas de repuesto, la falta de neumáticos en buen estado y la imposibilidad de acceder a frenos de calidad obligan a los conductores a mantener en circulación vehículos que no reúnen las condiciones técnicas mínimas. La improvisación, conocida popularmente como el uso de «frutas», es la única vía para mantener activa la precaria economía informal del transporte, pero paga su tributo en vidas humanas.
Este escenario de inseguridad vial es una consecuencia directa de la falta de inversión y de la ineficiencia del modelo económico impuesto por la dictadura cubana. Durante décadas, los recursos han sido desviados hacia sectores prioritarios para el régimen, como el turismo o el aparato represivo, en detrimento de la infraestructura básica y los servicios esenciales para la población. La ausencia de un control democrático y de rendición de cuentas permite que los responsables de la transportación y la vía pública permanezcan impunes ante el deterioro que cuesta decenas de vidas cada año.
Los antecedentes confirman que la tragedia no es coyuntural. En el año 2024, la Comisión Nacional de Seguridad Vial informó un total de 7.507 accidentes de tránsito en todo el territorio nacional, lo que representó una disminución del 12 % respecto a 2023. Sin embargo, aquel balance cerró con la alarmante cifra de 634 muertes. La reducción en el número de choques no se debe a una mejora en la seguridad vial, sino a la drástica disminución de la circulación de vehículos provocada por la escasez de combustible y el encarecimiento de la vida, que ha inmovilizado a gran parte de la población.
De cara al futuro, las perspectivas no ofrecen alivio para los cubanos. Mientras el gobierno cubano mantenga su política de endosar la culpa a los conductores sin asumir la inversión urgente que requiere la red vial nacional, la letalidad de los accidentes continuará en ascenso. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben visibilizar este deterioro de las condiciones de vida, donde el simple acto de trasladarse de un municipio a otro se ha convertido en una expresión más de la vulnerabilidad y el desamparo en que el régimen tiene sumida a la sociedad civil cubana.
