Yoendris Tornes Núñez, un joven de 20 años recluido en el campamento penitenciario La Lima, en La Habana, fue hallado ahorcado en instalaciones de la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología de Boyeros, tras ser reportado como fugado. Su madre, residente en Brasil, denuncia irregularidades en el caso, falta de acceso al informe de autopsia e intimidaciones por parte de las autoridades de la isla.
El joven cumplía una sanción de cinco meses de trabajo correccional con internamiento, impuesta tras una detención policial el año anterior por presunto consumo de drogas. Según relató su madre, Yadiris Núñez, a medios independientes, su hijo mantenía una buena conducta y trabajaba diariamente en brigadas de Comunales. La mañana del 21 de octubre, su tía le llevó el almuerzo y notó un comportamiento extraño y de evidente tristeza en él. Tras pedir permiso para ir al baño, el joven desapareció. Horas más tarde, las autoridades penitenciarias lo reportaron como fugado sin dar mayores explicaciones.
Al día siguiente, el cuerpo de Tornes Núñez fue localizado en las instalaciones de Higiene y Epidemiología de Boyeros, ahorcado con un cable de metro y medio y cuatro nudos. La familia ha cuestionado la versión oficial, señalando que el campamento tiene una única entrada y salida, lo que hace inexplicable que no se le localizara antes o que no se alertara de inmediato sobre su presunta fuga. Además, el joven fue sepultado el 23 de octubre sin que a sus familiares se les permitiera acceder al informe de necropsia, vulnerando protocolos básicos de transparencia y derecho a la información.
Denuncias de corrupción y represalia institucional
La madre del fallecido ha señalado que el centro penitenciario La Lima está plagado de corrupción, donde supuestamente se trafica con drogas y se permite el abuso de los reclusos de mayor antigüedad sobre los recién llegados. Ante la exigencia de respuestas claras sobre la muerte de su hijo, Núñez ha utilizado redes sociales para visibilizar el caso. Como represalia, un oficial con rango de capitán en La Lima le advirtió que le sería impedido el ingreso a Cuba si continuaba con sus denuncias públicas, una práctica habitual de la dictadura cubana para silenciar y amedrentar a los familiares de víctimas que demandan justicia.
El caso de Tornes Núñez no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la crisis estructural y la profunda opacidad del sistema penitenciario controlado por el régimen de La Habana. Según el segundo informe anual del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), al menos 60 personas privadas de libertad murieron bajo custodia estatal entre marzo de 2024 y marzo de 2025. De estos decesos, 47 se vinculan a problemas de salud y falta de atención médica, y siete a violencia física directa. La organización subraya que, en múltiples casos, los familiares no pudieron acceder a los cuerpos ni a los informes forenses, lo que constituye una grave violación de los derechos humanos.
La exigencia de verdad por parte de Yadiris Núñez evidencia la impunidad con la que operan las instituciones de seguridad del Estado cubano. Ante la falta de mecanismos legales efectivos dentro de la isla, la presión de la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos resulta imperativa para exigir investigaciones independientes sobre las muertes bajo custodia. Mientras tanto, el gobierno cubano continúa enfrentando el rechazo social y el creciente éxodo migratorio, demostrando una y otra vez su incapacidad para garantizar la integridad física y la vida de los ciudadanos que caen bajo su control.
