La Fiscalía Provincial de Villa Clara solicitó una condena de seis años de privación de libertad para Lázaro Manuel Hernández Reyes, un joven de 33 años residente en Ranchuelo, acusado de \»propaganda contra el orden constitucional\» y \»desacato\» tras publicar mensajes críticos en la red social Facebook. La petición fiscal, a la que tuvo acceso la prensa independiente, evidencia una vez más la criminalización de la libertad de expresión y la represión social en la isla.
Según el expediente, los hechos imputados ocurrieron en distintos momentos del año 2024. Las autoridades de la isla señalan que Hernández Reyes creó un perfil en la mencionada red social para instar a sus vecinos a tomar las vías públicas en protesta contra el sistema político nacional. Además, la acusación incluye sus reclamos dirigidos al gobierno municipal frente a los prolongados y sistemáticos apagones que afectan a la localidad, una problemática que profundiza la crisis estructural del país y el descontento popular.
La dictadura cubana ha fundamentado su petición penal en dos publicaciones específicas. En una de ellas, el procesado compartió una imagen editada del gobernante Miguel Díaz-Canel acompañada de un texto que rezaba \»La solución\». En la otra, convocaba a la ciudadanía a concentrarse frente a la sede del Partido Comunista en Ranchuelo para exigir sus derechos fundamentales. Desde septiembre de 2025, Hernández Reyes permanece recluido en prisión provisional, donde su estado de salud se ha deteriorado visiblemente.
Condiciones carcelarias y deterioro de la salud
El primo del acusado, Ernest Cañellas, ha denunciado públicamente las precarias condiciones en las que se encuentra su familiar. Según el testimonio, Hernández Reyes ha sufrido una considerable pérdida de peso debido a la mala calidad de la alimentación penitenciaria, la cual se encuentra en estado de descomposición y plagada de insectos. A esta situación se suma el aplazamiento de una intervención quirúrgica en una de sus piernas, la cual no pudo realizarse a tiempo debido a su detención.
Este caso no es un hecho aislado, sino que se inscribe en el patrón represivo sistemático del régimen de La Habana para silenciar la disidencia digital. La criminalización de las redes sociales se ha consolidado como una herramienta de control social. Recientemente, otros activistas como Alexander Verdecia Rodríguez, de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y Alexander Mario Fábregas, exprisionero del 11J, han sido condenados a siete años de cárcel bajo cargos similares por el simple ejercicio de expresar sus opiniones políticas en internet.
La solicitud de seis años de cárcel contra Hernández Reyes refleja la intolerancia del ejecutivo cubano hacia cualquier forma de exigencia ciudadana, especialmente en un contexto de colapso energético y crisis económica generalizada. Esta política de hostigamiento judicial no solo busca amedrentar a la población y evitar un nuevo estallido social, sino que también expone la urgente necesidad de que la comunidad internacional monitoree y condene las constantes violaciones de los derechos humanos que se cometen a diario dentro de la isla.
