LA HABANA. Residentes del reparto Hermanos Cruz, en la ciudad de Pinar del Río, salieron a las calles en las últimas noches para protestar por los prolongados cortes de electricidad que superan las 20 horas continuas, recibiendo como única respuesta por parte de la dirigencia comunista la afirmación de que la crisis se resolverá «cuando el país tenga petróleo». La manifestación, que evidencia la creciente desesperación de la población ante el colapso de los servicios básicos, fue confrontada directamente por Yamilé Ramos Cordero, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia, cuyas declaraciones revelan la absoluta falta de soluciones estructurales por parte del Estado.
La protesta y el posterior intento de apaciguamiento fueron documentados por el periodista independiente José Raúl Gallego, quien difundió un audio en sus redes sociales donde se escucha a la funcionaria intentando calmar los ánimos de los vecinos. Fuentes independientes en la isla confirmaron la veracidad de los hechos, que se enmarcan en una ola de indignación ciudadana que se extiende por todo el territorio nacional debido a la inoperancia del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).
En la grabación, la máxima autoridad del PCC en la provincia occidental intenta minimizar la gravedad de la situación argumentando que Pinar del Río no es la única ni la peor afectada, y que este «galardón» rota entre los distintos territorios del país. «Pinar del Río hoy puede ser la más afectada. Mañana es Granma, pasado es Holguín, después es Sancti Spíritus. Es como es», se escucha decir a Ramos Cordero, en un reflejo de la ineficacia gubernamental para gestionar la crisis y su tendencia a normalizar el sufrimiento de la población.
Ante la exigencia directa de una vecina sobre cuál sería la solución para los residentes de Hermanos Cruz, donde se han registrado cortes de hasta 36 horas, la funcionaria respondió de manera categórica: «Ahora mismo a que el país tenga petróleo». La respuesta, que admite tácitamente la incapacidad del gobierno cubano para garantizar la soberanía energética, fue rechazada de inmediato por los presentes, quienes constataron que la dirigencia política no ofrece alternativas reales ni planes de contingencia viables.
El análisis de expertos y periodistas independientes señala que la excusa del déficit de combustible es solo una parte del problema. Aun cuando el régimen de La Habana recibe suministros de aliados como Venezuela o Rusia, e incluso ha sido acusado de revender parte de estos recursos en el mercado internacional, la infraestructura energética nacional está en ruinas. Las termoeléctricas de fabricación soviética, que componen el corazón del sistema, han superado su vida útil y sufren averías constantes debido a la falta de mantenimiento y de inversiones a largo plazo.
Un colapso eléctrico que asfixia a la nación
La situación en Pinar del Río es un espejo de la realidad nacional. Según los informes más recientes emitidos por la Unión Eléctrica (UNE), los apagones han llegado a abarcar simultáneamente el 48% del territorio nacional. Mientras que en las provincias del interior las interrupciones del servicio superan o rozan las 20 horas diarias, en La Habana los cortes programados se mantienen entre cuatro y seis horas, un privilegio relativo que genera resentimiento entre los habitantes de otras regiones y evidencia la distribución desigual de los ya mermados recursos.
Para dimensionar la gravedad de la crisis, es necesario remontarse a los antecedentes recientes. Antes de la desconexión total del SEN ocurrida en octubre de 2024, la mayoría de las provincias cubanas solo disponían de tres horas de servicio eléctrico al día. Aunque tras aquel colapso se experimentó una leve mejoría, las afectaciones volvieron a repuntar, afectando en algunos momentos hasta casi el 60% del país. Cálculos independientes estiman que la isla necesitaría una inversión de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar su sistema eléctrico, una cifra inalcanzable para una economía sumida en la bancarrota.
Contexto: La crisis estructural y el detonante social
El colapso energético no es un fenómeno aislado, sino el síntoma más visible de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. La falta de electricidad paraliza la ya mermada actividad económica, destruye la cadena de frío y agrava el desabastecimiento de alimentos, lo que a su vez dispara la inflación en los mercados informales. Además, la imposibilidad de almacenar alimentos o mantener condiciones sanitarias adecuadas ha empujado a cientos de miles de cubanos a abandonar el país, alimentando un éxodo migratorio sin precedentes en la historia reciente de la nación.
Las autoridades de la isla han mantenido su discurso tradicional, atribuyendo la crisis a las sanciones estadounidenses. Sin embargo, la ciudadanía percibe cada vez con mayor claridad que la raíz del problema reside en el modelo económico centralizado y la falta de libertades que asfixian la productividad. La inexistencia de un libre mercado que incentive la generación de energías alternativas o la iniciativa privada en el sector se impone sobre cualquier excusa geopolítica.
Historicamente, los apagones han sido el detonante de los estallidos sociales más significativos contra la dictadura cubana. Las protestas masivas del 11 de julio de 2021, las más grandes en décadas, surgieron en gran medida como respuesta a los cortes de luz y la falta de esperanza. Más recientemente, en marzo de 2024, Santiago de Cuba y otras localidades del oriente del país volvieron a tomar las calles bajo el mismo clamor, demostrando que la oscuridad física se convierte rápidamente en indignación política.
Implicaciones y panorama futuro
La admisión de una alta dirigente del PCC de que no existen soluciones a corto plazo augura un verano extremadamente tenso en la isla. La combinación de altas temperaturas, escasez de agua y ausencia de electricidad crea un caldo de cultivo propicio para nuevas protestas. La respuesta del ejecutivo cubano ante este escenario previsible será, con toda probabilidad, el aumento de la represión y el despliegue de fuerzas de seguridad para intimidar a la población, priorizando el control político sobre el bienestar ciudadano.
El desgaste del régimen es evidente. Cuando los máximos representantes del poder territorial deben salir a las calles a reconocer su propia inoperancia frente a ciudadanos desesperados, el contrato social impuesto por la fuerza se rompe. La comunidad internacional observa con preocupación cómo la crisis cubana se profundiza, mientras la dirigencia en La Habana se aferra a un modelo caduco. La luz en Cuba no dependerá exclusivamente del petróleo que el régimen logre importar, sino de un cambio profundo en la gestión del país que permita a los cubanos construir su propio futuro lejos del autoritarismo.
