Las autoridades guatemaltecas han comenzado el retorno de los profesionales de la salud cubanos a la isla, cumpliendo con la notificación diplomática que pone fin al acuerdo de cooperación bilateral. Un primer grupo de colaboradores ha emprendido el viaje de regreso, mientras se prepara la salida de casi un centenar de médicos en los próximos meses, en medio de un contexto de presiones internacionales por el uso de trabajo forzado por parte del régimen.
El gobierno de Guatemala activó el fin progresivo del convenio de salud con el régimen de La Habana tras enviar una nota diplomática a la embajada cubana el pasado 8 de febrero. Aunque el acuerdo suscrito en 2024 mantiene formalmente vigencia hasta 2027, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala asumió el control de los plazos de salida. Según informaciones locales, 93 médicos cubanos están programados para abandonar el país centroamericano en abril, seguidos por otro grupo en agosto.
La versión oficial del MSPAS sostiene que la medida responde a un análisis de los ciclos de la misión y está orientada a fortalecer la sostenibilidad del recurso humano nacional. Actualmente, la Brigada Médica Cubana en Guatemala estaba compuesta por 412 colaboradores, incluyendo 333 médicos, distribuidos en la red pública de salud. El Estado guatemalteco cubría un estipendio mensual de 7.000 quetzales por cada miembro, además de financiar los gastos de transporte aéreo de regreso a la isla.
Presiones internacionales y denuncias de trabajo forzado
El retiro de la cooperación médica no ocurre en un vacío geopolítico. Recientemente, el gobierno de Estados Unidos anunció restricciones de visados para funcionarios centroamericanos que respalden las brigadas médicas cubanas, al considerar que estos programas encubren prácticas de trabajo forzado y reportan ingresos directos a la dictadura cubana. La explotación de profesionales de la salud en el extranjero ha sido históricamente una de las principales fuentes de ingresos para las autoridades de la isla, las cuales retienen la mayor parte de los pagos realizados por los países receptores, mientras los colaboradores reciben una fracción mínima del salario.
El ministro de Salud guatemalteco, Joaquín Barnoya, aseguró que la transición escalonada no generará una crisis en el sistema sanitario nacional, argumentando que las capacidades locales se han fortalecido desde la llegada de los cubanos tras el huracán Mitch en 1998. El funcionario enfatizó que se implementará un plan de sustitución con personal nacional para cubrir las plazas que dejen vacantes los brigadistas.
Para la ciudadanía cubana, el retorno de estos profesionales se suma a la compleja realidad de un sistema de salud interno profundamente deteriorado por la falta de recursos, el desabastecimiento y la precariedad salarial. Asimismo, la pérdida de estos convenios internacionales representa un duro golpe a las finanzas del ejecutivo cubano, que ve mermada una de sus principales fuentes de captación de divisas en medio de una prolongada crisis económica y un masivo éxodo migratorio.
