La organización Prisoners Defenders (PD) presentó un exhaustivo informe que documenta la imposición sistemática de trabajo forzoso en el sistema penitenciario cubano con fines económicos y punitivos. Según la entidad, al menos 60.000 personas, entre los 90.300 internos y los 37.458 sancionados en régimen sin internamiento, son obligadas a trabajar en condiciones inhóspitas y explotadoras, generando millonarios ingresos para el régimen de La Habana a través de cadenas de exportación hacia Europa y otras regiones.
El estudio, fundamentado en fuentes oficiales y en una rigurosa recolección de datos propia, estima un promedio de 61.920 penados sometidos a esta práctica. La organización logró recopilar 53 declaraciones individuales de personas privadas de libertad que realizaron el denominado «trabajo correccional» durante su condena. Los cuestionarios, compuestos por 61 preguntas y aplicados entre los meses de abril y agosto, revelan una realidad que dista profundamente de la legislación internacional y de las mínimas garantías laborales exigidas por los tratados de derechos humanos.
Coacción estructural y condiciones de esclavitud contemporánea
Las autoridades de la isla han institucionalizado la coacción como mecanismo de control y producción dentro de los penales. El informe de PD detalla que el 100% de los declarantes reportó haber sufrido amenazas personales o contra su familia, represalias penales e incluso violencia física para forzarlos a continuar trabajando. Esta política de terror ensures que la mano de obra sea ininterrumpida y sumisa, configurando lo que la organización califica como «formas contemporáneas de esclavitud» impulsadas por la dictadura cubana.
Las condiciones físicas en las que se desarrollan estas labores son profundamente degradantes. El 94,34% de los entrevistados afirmó haber sido obligado a trabajar padeciendo enfermedades o lesiones incompatibles con el esfuerzo físico exigido. A esto se suma que el 98,11% reportó la total ausencia de medicamentos, tratamientos o seguimiento médico adecuado. La carga laboral es abrumadora: se alcanza un promedio de 63,06 horas semanales, distribuidas en jornadas extenuantes de 6 a 7 días, con una media de 10 horas diarias de labor intensiva.
Los testimonios recogidos describen escenarios dantescos en labores de elaboración de carbón vegetal, agricultura, siembra de tabaco y corte de caña. Un declarante relató la exigencia de «cortar el marabú, realizar el fuego para generar el carbón, y empaquetar 50 sacos de carbón vegetal al día». Otro testimonio estremece al detallar que «para producir el carbón, dormimos en el campo, sin camas, sin techo… Sólo podemos beber el agua sucia de un abrevadero». Como consecuencia de estas penurias, 43 de los 53 casos analizados presentan secuelas físicas y psicológicas severas, desde lesiones y problemas crónicos de columna hasta trastornos de ansiedad e insomnio.
El negocio exportador del gobierno cubano
La explotación penitenciaria no es un fenómeno aislado ni meramente punitivo; responde a una lógica económica que nutre directamente las arcas del Estado. El informe sostiene que estos trabajos forzados abastecen cadenas de exportación, en particular la del carbón vegetal de marabú (código HS 4402). Utilizando datos del OEC y WITS, Prisoners Defenders señala que el gobierno cubano exportó 61,8 millones de dólares en este rubro en el año 2023, ubicándose como el noveno exportador mundial.
Los principales destinos de este carbón de origen esclavo son naciones europeas, destacando España, Portugal, Grecia, Italia y Turquía. La organización alerta además que parte del carbón que España reexporta a otros mercados del continente europeo podría estar incluyendo partidas de origen cubano adquiridas a un costo artificialmente bajo, gracias a la nula remuneración de los trabajadores forzosos. Esta dinámica convierte a empresas e importadores europeos en cómplices involuntarios —o negligentes— de la vulneración de derechos humanos en la isla.
El régimen de La Habana también ha encontrado en el sector tabacalero una veta de explotación lucrativa. El documento documenta el caso de la cárcel de Quivicán, donde opera una fábrica de puros de la empresa estatal Tabacuba. En este recinto trabajan 40 presos y apenas 2 civiles. La disparidad es alarmante: los civiles cumplen jornada de lunes a viernes y perciben un salario aproximado de 40.000 CUP (unos 97 USD mensuales), mientras que los reclusos son obligados a trabajar de 06:30 a 21:00 o 22:00 casi todos los días, recibiendo apenas 3.000 CUP (alrededor de 7,32 USD mensuales).
En la fábrica de Quivicán, los presos son sometidos a objetivos de producción de 50 a 130 puros diarios,面临 a descuentos arbitrarios si no los cumplen. PD calcula que, asumiendo una producción conservadora de 75 puros al día, la retribución media por puro para el preso sería de 0,00325 USD. Esta miseria contrasta escandalosamente con el precio medio de importación a la Unión Europea, que ronda los 3,05 USD por unidad, y un precio de venta al público estimado en 21 USD. El margen de ganancia del ejecutivo cubano se sustenta directamente en la expropiación total del valor del trabajo humano.
Violaciones del derecho internacional y exigencias a la UE
En el plano jurídico, el informe de Prisoners Defenders alega violaciones flagrantes a los Convenios 29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), a las Reglas Nelson Mandela y a normativa europea de reciente aprobación, como la EU Forced Labour Regulation y la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). La dictadura cubana ignora sistemáticamente estos compromisos internacionales, utilizando el sistema penal como una maquinaria de recaudación y represión sin control democrático alguno.
Contexto sistemico: crisis, exodo y represión
Para comprender la magnitud de esta explotación, es indispensable enmarcar el fenómeno dentro de la crisis estructural que atraviesa la isla. La economía cubana se encuentra inmersa en una espiral de hiperinflación, desabastecimiento crónico de combustible y colapso de las infraestructuras básicas. Ante la incapacidad del modelo estatal para generar riqueza y la masiva salida de fuerza laboral mediante el exodo migratorio —que ha visto partir a cientos de miles de ciudadanos en los últimos años—, el régimen ha recurrido a la población carcelaria como mano de obra de reemplazo para sostener sus exportaciones y obtener divisas frescas.
Históricamente, el gobierno cubano ha utilizado el trabajo no remunerado o mal remunerado como pilar de su economía, desde las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) en los años 60, hasta el envío de brigadas estudiantiles a cortar caña o la construcción de viviendas mediante «microbrigadas». Sin embargo, la actual crisis ha profundizado esta práctica, llevándola a extremos de explotación dentro de los penales que recuerdan a los peores momentos de la historia penitenciaria del continente. La represión social y el endurecimiento de las leyes penales aseguran un flujo constante de reclusos que abastecen este sistema de trabajo forzoso.
Implicaciones y exigencias internacionales
La revelación de estas prácticas impone una responsabilidad ineludible a la comunidad internacional, particularmente a la Unión Europea, uno de los principales mercados de destino de estos productos manchados por el trabajo esclavo. Organizaciones de la sociedad civil exigen a las autoridades y empresas europeas investigar de inmediato sus cadenas de suministro, ejercer la debida diligencia y prohibir la comercialización de bienes asociados al trabajo forzoso en Cuba.
El cierre de estos mercados a productos de origen penitenciario no solo representaría un golpe económico al régimen de La Habana, sino también un mensaje claro de que la explotación humana no será tolerada bajo ninguna circunstancia. Mientras tanto, para los más de 60.000 reclusos atrapados en este sistema, la presión internacional y el escrutinio de sus condiciones de vida representan la única esperanza de que la dictadura cubana se vea forzada a desmantelar esta maquinaria de esclavitud contemporánea y a respetar la dignidad humana de las personas privadas de libertad en la isla.
