Una ciudadana cubana de 42 años, identificada como Alelí Pérez Alfonso, permanece desaparecida desde el viernes tras salir de su hogar en Melena del Sur rumbo al centro penitenciario Jóvenes de Occidente, en Mayabeque. Sus allegados, ante la ausencia de respuestas oficiales, han denunciado el caso en redes sociales para solicitar ayuda ciudadana y localizar su paradero.
La alerta comenzó a circular este martes a través de un mensaje publicado en Facebook por su hermana, Arizay Pérez, quien solicitó la colaboración pública para rastrear a la mujer. Según los datos proporcionados por la familia, Pérez Alfonso salió de su residencia con destino a la prisión mencionada, aunque se desconoce el motivo exacto de su gestión o visita. Desde ese momento, los familiares aseguran no haber tenido ningún tipo de comunicación con ella, lo que ha disparado las alarmas en su entorno cercano.
Ante la falta de información, los allegados han solicitado que cualquier persona con datos sobre su ubicación se comunique a los números telefónicos 51315348 y 47501234. Este caso refleja una realidad cada vez más frecuente en la isla, donde los ciudadanos se ven obligados a recurrir a campañas virales en plataformas digitales para localizar a sus seres queridos. Esta tendencia responde directamente a la inexistencia de sistemas públicos de alerta temprana y a la opacidad informativa que caracteriza a las autoridades de la isla.
Opacidad institucional y ausencia de protocolos
La situación de Alelí Pérez Alfonso expone una vulnerabilidad estructural que afecta a la ciudadanía. Activistas y organizaciones de derechos humanos han señalado de manera reiterada la falta de protocolos transparentes y efectivos por parte del régimen de La Habana para atender los reportes de personas desaparecidas. La dificultad para acceder a información institucional obliga a las familias a sortear la burocracia estatal y depender de la solidaridad digital en medio de una profunda crisis social.
El incremento de estas denuncias informales subraya el desinterés del gobierno cubano por garantizar mecanismos de protección civil eficientes y de rendición de cuentas. Mientras la dictadura cubana prioriza el control político y la represión sobre la seguridad ciudadana, casos como el de Pérez Alfonso quedan a la deriva, exponiendo a la población a un constante estado de indefensión y forzando a los observadores de derechos humanos a mantener el foco sobre las graves carencias institucionales en el país.
