El régimen de La Habana designó a Jorge Legañoa Alonso como nuevo presidente de la Agencia de Información Prensa Latina, consolidando el control de la maquinaria propagandística estatal. Su nombramiento llega apenas días después de su participación en un espacio televisivo para desacreditar al opositor José Daniel Ferrer García, reafirmando la línea oficial de criminalización a la disidencia.
Durante su trayectoria como vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS), Legañoa Alonso ha sido una figura clave en la ofensiva gubernamental contra la libertad de expresión. Bajo su gestión, se ha promovido el despliegue de estructuras digitales de ataque y difamación contra ciudadanos críticos en redes sociales, alineadas con la doctrina estatal que restringe el acceso al ciberespacio y otros espacios públicos únicamente para quienes responden a la línea oficial.
La Ley de Comunicación Social y el control del relato
El nuevo titular de Prensa Latina es señalado como uno de los principales impulsores de la Ley 162/2023 de Comunicación Social. Esta normativa ha sido criticada por organismos internacionales y la sociedad civil por establecer un marco restrictivo que penaliza la libre expresión y subordina los procesos comunicativos del país a la ideología del Estado. Su ascenso institucional refleja la confianza de las autoridades de la isla en figuras que garantizan el silenciamiento de voces alternativas.
La designación de Legañoa Alonso en un medio de alcance internacional como Prensa Latina no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de la dictadura cubana para blindar su narrativa frente a la profunda crisis estructural que atraviesa el país. Ante el colapso económico, la inflación galopante y el masivo éxodo migratorio, el gobierno cubano ha endurecido la represión y la censura, utilizando a funcionarios de su confianza para monopolizar la información y ocultar el deterioro social.
El refuerzo de los filtros informativos tanto dentro como fuera de la isla augura un endurecimiento en la línea editorial de los medios estatales. Ante el cierre de espacios para el periodismo independiente, la ciudadanía se enfrenta a un escenario donde la manipulación oficial buscará imponerse sobre la realidad, mientras la comunidad internacional mantiene su escrutinio sobre las violaciones a los derechos humanos y la falta de libertades fundamentales en Cuba.
