La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular en Las Tunas condenó a 28 años de privación de libertad a un hombre que asesinó a su expareja en junio de 2024, un caso que refleja la grave crisis de violencia de género e inseguridad ciudadana que atraviesa la isla. El fallo, aunque ejemplar en su severidad, llega en medio de un año catastrófico donde 55 mujeres perdieron la vida por motivos de género, dejando a 62 menores en situación de orfandad.
Según la información difundida por el medio estatal Periódico 26, el agresor terminó con la vida de la mujer, quien era su expareja y madre de sus dos hijos, durante la madrugada del 5 de junio de 2024. El crimen se ejecutó mediante el uso de un arma blanca, en un episodio de extrema violencia que truncó la vida de la víctima. El reporte oficial también destaca un detalle alarmante: el comisor del delito ya había sido sancionado con anterioridad por otros hechos, lo que plantea serias interrogantes sobre la eficacia del sistema penal y de reinserción social en la isla.
Además de la pena principal de casi tres décadas de cárcel, las autoridades de la isla impusieron sanciones accesorias al condenado. Este perderá sus derechos públicos y tiene prohibido solicitar pasaporte o salir del territorio nacional durante el cumplimiento de su condena. Asimismo, el tribunal ordenó que el agresor debe indemnizar a sus dos hijos menores de edad por concepto de pensión alimentaria, una medida que se mantendrá hasta que arriben a la mayoría de edad o culminen sus estudios, aunque en la práctica resulte casi imposible de ejecutar dada la situación económica de los reclusos en el país.
El caso judicial que recién se cierra en la corte tunera es solo una muestra de una epidemia mucho mayor. Las cifras de feminicidios en Cuba han alcanzado niveles insostenibles. Solo en 2024, 55 mujeres fueron asesinadas por motivos de género, dejando como consecuencia a 62 niños y niñas huérfanos de madre. Estas víctimas colaterales quedan ahora expuestas a la vulnerabilidad de un sistema que no garantiza su bienestar material ni psicológico, marcados por la ausencia y el profundo abandono institucional.
Ante un panorama tan desolador, la exigencia de justicia y la implementación de medidas de prevención efectivas no deberían ser una excepción, sino una prioridad del Estado. Sin embargo, la dictadura cubana ha demostrado una y otra vez su incapacidad para ofrecer acompañamiento real a las víctimas de violencia machista. La ausencia de refugios para mujeres maltratadas, la ineficacia policial ante las denuncias previas y la falta de campañas educativas profundas son factores que permiten que estos crímenes continúen consumándose con una alarmante frecuencia.
Escalada de la criminalidad y colapso de la seguridad pública
El feminicidio en Las Tunas trasciende en un contexto marcado por un incremento notable y generalizado de la violencia en el país. El más reciente Informe de Inseguridad Pública 2024, elaborado por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), revela un aumento del 50,72% en la criminalidad con respecto al año anterior. El documento logró contabilizar un total de 1.317 delitos documentados, una cifra escalofriante si se compara con los 668 registrados en 2023, lo que demuestra un deterioro acelerado de la seguridad ciudadana.
El desglose de las estadísticas del OCAC es aún más revelador sobre el estado de la sociedad cubana. Entre los delitos con mayor crecimiento destacan los robos, con un incremento del 232%; las agresiones, con un alza del 97,1%; y otros delitos diversos, que experimentaron un incremento del 273,3%. La frecuencia de estos actos también se ha disparado: según el informe, en el segundo semestre del año pasado se llegaron a reportar casi cinco delitos diarios (4,83), en comparación con los casi dos por día registrados en el año anterior.
El perfil de los agresores y las víctimas dibuja un mapa del terror cotidiano. El informe señala que el 96% de los agresores son hombres, y el 58% de los delitos fueron cometidos por individuos que actuaron en solitario. En cuanto a las víctimas directas, se contabilizaron 527 personas, entre ellas 191 mujeres, 54 menores de edad y 29 ancianos. Estos últimos grupos demográficos son los más vulnerables frente al colapso del tejido social y la impunidad que impera en muchas comunidades.
Raíces estructurales de la violencia en la isla
El aumento de la criminalidad y los feminicidios no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa de la crisis estructural que sufre la isla. La hiperinflación, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, los apagones prolongados y el hacinamiento habitacional crean un caldo de cultivo perfecto para la frustración social y la violencia intrafamiliar. El régimen de La Habana, al fracasar en su modelo económico, ha orquestado un entorno donde la supervivencia diaria se ha vuelto un acto de tensión extrema, desplazando a muchas familias hacia la desesperación y la agresividad.
La respuesta del ejecutivo cubano ha sido la inacción en términos de políticas sociales preventivas y el endurecimiento punitivo cuando los crímenes ya se han consumado. La dictadura prioriza el control político y la represión contra la disidencia por encima de la seguridad ciudadana. Mientras los recursos del Estado se destinan a vigilar, perseguir y encarcelar a opositores políticos, las comisarías carecen de recursos para investigar delitos comunes, y los tribunales se ven desbordados por casos que podrían haberse evitado con un mínimo de atención institucional a las víctimas de violencia de género antes de que fueran asesinadas.
Antecedentes y consecuencias a futuro
Históricamente, el gobierno cubano se jactó de mantener bajos los índices de criminalidad en comparación con otros países de la región. Sin embargo, esa fachada se ha desmoronado en los últimos años. La profunda crisis económica iniciada en la última década, exacerbada por la pandemia y por las ineficaces medidas económicas del régimen, ha destruido la ilusión de seguridad. La propia policía, mal pagada y desmotivada, ha visto cómo muchos de sus efectivos se involucran en la corrupción o abandonan el cuerpo para migrar o buscar alternativas de subsistencia, dejando a la población a merced de la delincuencia.
El cierre de este caso en Las Tunas, con una sentencia de 28 años, no debe ser leído como un triunfo del sistema judicial, sino como la constatación de un fracaso sistemático. Veintiocho años de cárcel no devolverán a sus hijos a la madre asesinada, ni borrarán el trauma de una familia fracturada por la violencia machista. La impunidad previa que disfrutaba el agresor es un reflejo de la inoperancia del Estado.
De cara al futuro, la ciudadanía cubana se enfrenta a un panorama sombrío. Sin un cambio estructural que incluya no solo el castigo a los criminales, sino también la creación de un sistema real de protección a las mujeres, el fomento de la denuncia sin represalias y la recuperación mínima de las condiciones materiales de vida, los índices de violencia seguirán en ascenso. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben mantener la presión sobre la dictadura cubana para que asuma su responsabilidad en la protección de la vida y la integridad de sus ciudadanos, exigiendo rendición de cuentas por cada vida perdida en medio de este colapso generalizado.
